Vista panorámica del atracadero de yates existente en Puerto Jiménez de Golfito. (Foto: Sitio web Crocodile Bay Resort, Costa Rica)
Luego de que la Sala Constitucional (IV) acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad que pretende dejar sin efecto la aplicación del Plan Regulador parcial de Puerto Jiménez de Golfito −en la provincia de Puntarenas−, la eventual construcción de una marina en ese lugar queda “en veremos”.
Dicha acción fue presentada semanas atrás por vecinos de la zona, organizaciones ambientales y abogados que los representan. La Sala IV la acogió para estudio el pasado 25 de marzo.
Los recurrentes alegan que el mencionado plan regulador no fue sometido a discusión en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y por lo tanto no recibió de ese órgano la viabilidad ambiental.
A pesar de haberse omitido dicho requerimiento, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y la Municipalidad de Golfito aprobaron el plan.
Es por eso que los accionantes también piden que se establezca que dichas instituciones “violaron la normativa legal establecida”, al avalar un documento que no fue sometido a estudio de la Setena y que careció de audiencia pública en la cual la población de la zona pudiera conocer los planteamientos de la herramienta de ordenamiento territorial.
El abogado ambientalista Álvaro Sagot asegura que incluso desde el año 2002 resoluciones de la misma Sala Constitucional establecieron la obligatoriedad de contar con permisos ambientales, para la aprobación de planes de ordenamiento territorial.
“Este Plan Regulador es del año 2004 y no contó con el procedimiento en la Setena, por lo que ya encontramos un vicio que es respaldado por sentencias de la misma Sala”, afirmó Sagot.
Los impugnantes solicitan también que la Procuraduría General de la República anule todas las concesiones otorgadas con base en el Plan Regulador en Puerto Jiménez; “si los proyectos hubieran adquirido un permiso ambiental de la Setena, no quiere decir que tengan un respaldo que impida la anulación de la concesión”, aclaró Sagot.
PROYECTO CUESTIONADO
En Puerto Jiménez se impulsa la construcción del Proyecto Marina Los Cocodrilos, que  pretende ampliar el atracadero de yates que desde 1999 funciona en la zona; este plan es impulsado por la empresa Bahía Cocodrilo. Por ahora los inversionistas están a la espera de recibir los permisos de construcción por parte de la Municipalidad de Golfito.
El plan regulador vigente en Puerto Jiménez es denunciado como una herramienta que promueve el desarrollo del mismo proyecto de marina.  Laura Robleto, vecina de Puerto Jiménez e integrante del Frente por el Golfo Dulce, cree que hay vacíos legales que favorecen a los inversionistas.
“El plan regulador se hizo como pensando en el proyecto: el desarrollador dice qué se va a proteger y dónde se va a construir. No es un proyecto pequeño, ellos plantean construir el doble de las  habitaciones que hay en la Península, por lo que se cambiaría el panorama existente al día de hoy”, advirtió.
La acción de inconstitucionalidad es tan solo el primer paso en una serie de acciones que se pretenden desarrollar, dicen los vecinos.
El presidente de la Fundación Neotrópica, Bernardo Aguilar, califica esta gestión legal como una “llamada de atención”, para que la defensa de la península de Osa sea vista como un tema nacional.
“El golfo Dulce es una de las maravillas naturales más importantes del país, esencial para el bienestar de las comunidades de la península de Osa, y en general para el resto del territorio”, indicó Aguilar.
La acción de inconstitucionalidad la acompañarán de procesos administrativos a lo interno de la Municipalidad de Golfito, con el fin de determinar la evolución de la aprobación del plan regulador, y no descartan recurrir al Tribunal Contencioso, donde se buscará además revisar la legalidad de los permisos que ha adquirido el desarrollador de la marina Los Cocodrilos.
El abogado Sagot criticó que dentro de la Municipalidad de Golfito ha faltado transparencia, a la hora de brindar la información requerida.
La referida acción legal entró a estudio en la Sala IV, por lo que ahora corresponderá a los magistrados determinar si dicha herramienta de ordenamiento territorial cumplió con el debido proceso establecido en la ley, o si por el contrario debe ser declarada nula, y dejar sin efecto su aplicación.