La Contralora Martha Acosta aseguró este martes que la Contraloría General de la República (CGR) se tomó el tiempo necesario para refrendar la cesión del contrato de concesión del proyecto San José San Ramón, ante cuestionamientos de que fue omisa en el examen de la negociación, pues se limitó a decir que había estudios que la respaldan sin revisarlos.
La Contralora respondió a cuestionamientos ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que investiga la concesión –rechazada por diversas comunidades y sectores-, donde estuvo acompañada del ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, y algunos integrantes de la directiva del Consejo Nacional de Concesiones, entre ellos el ministro de Planificación Roberto Gallardo.
Acosta indicó que el análisis que hace la CGR es de legalidad, no de oportunidad, ni conveniencia -que le corresponde a la administración activa- por lo que no implica un análisis integral del contrato.
Varios diputados cuestionaron que se hubiera validado el contrato sin reparar en violaciones de principios de contratación administrativa durante la negociación e incumplimientos de la anterior concesionaria, Autopistas del Valle, que durante más de siete años que tuvo la concesión no empezó las obras.
“Quiero decirles que la CGR se tomó el tiempo necesario para revisar el contrato, esto no fue una revisión de una semana, destinamos a diez profesionales a estudiar el contrato y quiero ser vehemente, que gente seria, responsable y honesta fue la que revisó el contrato”, dijo Acosta.
Manrique Oviedo, diputado del Partido Acción Ciudadana, criticó que no se verificara los montos de peajes y las condiciones en que se acordaron, algunos de los aspectos que motivan las protestas de los opositores a la concesión.
“No es a la CGR a la que le corresponde fijar tarifas ni el tipo de obras, tampoco tenemos la potestad de decir no queremos concesión, queremos otra cosa; eso está fuera de nuestro alcance”, argumentó Acosta.
Patricia Pérez, presidenta de la Comisión, le preguntó si renunciaría si se comprueba que hay ilegalidades en el trámite del contrato.
“Yo no voy a poner mi carta de renuncia, yo tendría que ver cuáles son los problemas de legalidad (…) si hubo algo ilegal, tendremos que dar la cara, pero hay que tener cuidado con las interpretaciones”, respondió Acosta.