El criterio con el cual se actualizó el monto de la concesión de la carretera San José-San Ramón  no está claro para varias instituciones y expertos. (Foto: Katya Alvarado)
El criterio con el cual el Consejo Nacional de Concesiones (CNC)  y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) “actualizaron” el monto de la concesión en la carretera San José-San Ramón, es todo un misterio para ciudadanos, instituciones y expertos en la materia.
Originalmente, la concesión de esta carretera en el contrato del 2004 se planteó con un costo de $197 millones, pero para el documento firmado este año el monto se actualizó en $523 millones.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, ha dicho en diferentes intervenciones que la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) realizó un estudio de actualización del monto de la concesión.
Castro también ha dicho que los $523 millones corresponden a convertir el monto original a un valor del presente, considerando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o la inflación de los últimos 9 años.
Sin embargo, la CCC niega que lo que hicieron para el MOPT sea una actualización del monto del contrato; mientras, en otras entidades nadie ha visto los diseños, planos o estudios que permitan verificar que el nuevo costo de la concesión es el correcto.
Mientras el monto de la concesión, ahora cedida a la empresa brasileña OAS, creció más del 100 %, el nuevo contrato tiene menos cantidad de obras que el anterior, tarifas de peaje más altas y cinco años más de vigencia con respecto al acuerdo original, pasando de 25 a 30 años.
“NO CONOCEMOS LOS DISEÑOS”
Como parte de su presentación la semana pasada ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el ministro Castro mencionó que la actualización del monto de la concesión había sido realizada y avalada por la Cámara Costarricense de la Construcción.
Consultado por UNIVERSIDAD, el director ejecutivo de la CCC, Rándall Murillo, negó que lo hecho por la cámara sea la actualización del monto de la concesión, sino una actualización de los costos unitarios de los materiales de construcción contemplados en el contrato.
“Rechazo rotundamente que la Cámara haya revisado el precio de la concesión. Eso es algo que ya le hemos dicho al ministro. Hace unos meses el Consejo Nacional de Concesiones nos pidió revisar los costos unitarios”, recordó Murillo.
Estos costos unitarios corresponden al valor de cada tipo de material de construcción (arena, piedra, cemento, varilla, aditivos, etc.) que se utilizarían en la construcción de una carretera, y cuyos parámetros era necesario actualizar de su valor del 2004 a su costo presente.
La CCC realizó esta actualización con base en los valores que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), pero según aclaró Murillo, esto no es el monto de actualización total de la obra.
“No sé si ese costo unitario va a ser utilizado en un metro cúbico o en 100 millones de metros,  y no sé si está técnicamente justificado o no. No lo sé porque no nos dieron ni diseños, ni planos, ni detalles técnicos de ninguna naturaleza”, declaró.
La CCC insiste en que para tener alguna claridad sobre el monto real de la concesión, es necesario hacer una valoración con los planos o diseños de las obras que se van a ejecutar, y tener otras consideraciones, como el costo del financiamiento que tendrá el concesionario.
Murillo dijo que tampoco la Cámara sabe si los montos que se colocaron en el contrato original del 2004 eran los correctos, si eran altos, bajos o estaban técnicamente justificados, pues lo único que hizo la cámara fue traerlos a valor presente.
“Nosotros no podemos avalar el precio hoy, porque no hemos visto especificaciones, diseños, detalles técnicos. Hemos sido abanderados reclamando al Gobierno que nos diga cuáles son las características técnicas, para saber si el precio que vamos a pagar es razonable”, dijo Murillo.
¿ALGUIEN SABE?
Si la Cámara de la Construcción no actualizó el monto de la concesión, ¿alguien sabe qué criterio se usó para cobrar $523 millones?
UNIVERSIDAD consultó al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), entidad por la que deben pasar los planos de las obras.
Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA, aseguró que ese ente tampoco sabe cuál fue el criterio de actualización de la concesión, ni ha visto los diseños o planos para determinar si se hizo correctamente.
“Hasta donde tenemos entendido, lo que hicieron fue traer el contrato a valor presente, mediante metodologías de cálculo económico. Pero, sin hacer una valoración detallada de si la carretera es la misma que se necesita en este momento. Si la información está, no ha sido entregada ni difundida de manera adecuada”, agregó.
Para Vargas, es preocupante que simplemente se traiga un contrato del 2004 a valor presente, pero no se actualicen las obras que la carretera necesita para funcionar ahora, 9 años después de que se planteó la concesión original.
“La información no está clara; parece importante que el MOPT sea transparente ante la comunidad técnica y social del país, para analizar la verdadera necesidad de este proceso de concesión”, indicó.
Al consultar a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) sobre si han recibido alguna referencia de la actualización del costo de la concesión para la fijación de tarifas de peajes,  también dijeron desconocer al respecto.
La vocera de Aresep, María Angélica Carvajal, explicó que la Aresep solo diseña un modelo de tarifas que se entrega al Consejo Nacional de Concesiones, y este es el responsable de aplicarlo, por lo que la entidad nunca recibe detalle de los costos de la obra.
“LA ADMINISTRACIÓN ES RESPONSABLE”
Cabe mencionar que la Contraloría General de la República dio el refrendo a este nuevo contrato de concesión en el pasado mes de marzo, pero la entidad asegura que allí tampoco  entraron a valorar los costos de la obra o los montos de actualización de esta.
En el refrendo, la Contraloría valoró aspectos de legalidad, como la cesión del contrato de Autopistas del Valle a la empresa OAS, o el cumplimiento de requisitos de esta nueva empresa para hacerse con la concesión.
“Sobre este tema, tal y como fue comentado en el apartado anterior en punto a los alcances del refrendo, debe dejar claro este órgano contralor, que tanto la metodología de cálculo utilizada para la actualización de los costos de oferta, como las variables aplicadas en la ponderación, resultan un aspecto que no son objeto de validación durante este trámite”, dice el refrendo.
El documento añade que “los elementos tomados en consideración por la Administración recaen bajo su absoluta esfera de responsabilidad” y no son objeto de revisión por parte del ente contralor, “por superar los alcances de verificación del refrendo conforme lo establecido en el artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”.
La Contraloría añadió en respuesta a la consulta planteada por este Semanario, que se asume que los informes de valoración técnica efectuados por la administración “han sido realizados bajo la suficiente rigurosidad técnica”.
¿SE ACTUALIZÓ POR INFLACIÓN?
En diversas intervenciones en la prensa y en público, tanto el ministro Castro como el secretario técnico del CNC, Edwin Rodríguez, han dicho que para actualizar los montos de la concesión se han utilizado los índices de inflación y de construcción del INEC.
Así lo dijo Rodríguez a Diario Extra el 8 de noviembre del año anterior; y lo afirmó también el ministro Castro en el programa Visión 9 de Canal 9 hace pocas semanas.
Esa misma versión fue la que le dieron al economista del Foro de Occidente, Alexander Rodríguez, cuando le preguntó al secretario del CNC sobre los estudios de actualización de la concesión.
UNIVERSIDAD consultó al coordinador de la Unidad de Índices de Precios del INEC, Milton Castillo, quien tras realizar los cálculos con los ajustes correspondientes (pues la metodología del IPC cambió en 2006), indicó que la inflación acumulada entre el 2004 y el 2012 fue de un 114.9%.
Si se aplica este porcentaje, se tiene que el costo de la concesión se eleva a los $421.58 millones,  cifra que se acerca a los $479 millones que según el MOPT cuestan las obras de esta concesión, con sus variaciones entre contratos y sin tomar en cuenta las variaciones en el tipo de cambio.
Castillo puntualizó que usualmente algunas instituciones tienden a utilizar el IPC general (que considera los precios de 292 bienes y servicios que conforman la canasta básica), en ausencia de un indicador más preciso.
El INEC realiza mes a mes la actualización de los costos unitarios de las materias primas para la construcción en carreteras y puentes, pero Castillo aclaró que existen dificultades técnicas que impiden hacer un índice con estas cifras.
La dificultad radica en que entidades como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), nunca han podido definir con claridad las características de este tipo de obras, por lo que no ha sido posible definir una “carretera o puente representativo”, para tomarlo como base de un índice.
Al no tener un índice para este rubro específico, el cálculo de una obra como la carretera San José-San Ramón, requeriría del detalle de los diseños y las cantidades de cada material que se va a utilizar, para tener el costo real.
Para el economista del Foro de Occidente, no es correcto que se aplique la inflación general al costo de la concesión en un rubro tan específico como la construcción de obras, pues el comportamiento de los precios es distinto, lo que genera dudas de la precisión en la actualización.
 

 
Allanamiento en Concesiones limita entrega de información

UNIVERSIDAD solicitó al Consejo Nacional de Concesiones el detalle de los estudios técnicos con los cuales se realizó la actualización en el monto de la concesión de la carretera San José-San Ramón.
Sin embargo, al cierre de esta edición (lunes 15 de abril), el CNC indicó que la información no podía ser suministrada por el allanamiento que realizó el Ministerio Público de sus oficinas, en atención de una denuncia.

Este lunes en horas de la tarde, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, allanó las oficinas del CNC en el Oficentro del Este en Montes de Oca, al dar curso a una denuncia presentada por un abogado de apellidos Rodríguez Baldí.

El Ministerio Público investiga al menos cinco supuestos delitos cometidos en el proceso de la concesión de la carretera San José-San Ramón, entre los que se cuentan incumplimiento de deberes.

El abogado Rodríguez Baldí también presentó una acción ante la Sala Constitucional, en la que argumenta, entre otras cosas, que la Carretera Interamericana no puede darse en concesión,  porque fue declarada de “Interés Público”, y ante la concesión de la ruta 27, varias comunidades no cuentan con una vía alterna.
 

Más plata, más tiempo, menos obras

La actualización del contrato de concesión de la ruta San José-San Ramón no solo se multiplicó en costos con el paso de los años, sino que también subió en la cantidad de tiempo concesionado, aunque se redujo en la cantidad de obras por realizar.
Al revisar el contrato del 2004 que debía ejecutar Autopistas del Valle, el punto 7.1.2.1 titulado “Obras de Rehabilitación y Mejoramiento” habla de un plazo de concesión de 25 años, que el contrato recién firmado se aumentó a 30 años.

Según las explicaciones del ministro Pedro Casto a la Asamblea Legislativa, la ampliación en este rubro se realizó para evitar un aumento aún mayor en la actualización de las tarifas de peaje.

El contrato original dice que entre las obras de mejoramiento se incluyen “la ampliación de la calzada a seis carriles, tres por sentido, en todo el tramo de la Autopista General Cañas, y en algunas secciones de la carretera Bernardo Soto, la ampliación de la calzada a cuatro carriles, dos por sentido”.

En el nuevo contrato, lo referido a la General Cañas se mantiene igual, pero en la Bernardo Soto se menciona el trabajo de ampliación que realiza en este momento el Conavi del sector Aeropuerto-El Coyol, donde la concesionaria solo deberá ajustar los anchos de carril.

Respecto al tramo restante (Manolos-San Ramón) se establece la ampliación a dos carriles solo en algunos sectores.

Asimismo, el contrato original dice que “se rehabilitarán y reestructurarán todos los puentes existentes”, mientras que el nuevo contrato saca de la concesión “el reforzamiento y rehabilitación de la subestructura y superestructura del puente sobre el río Virilla (de “la platina”).

Pero el cambio más grande entre un contrato y otro, es la reducción a la mitad de la radial que inicialmente se debió construir entre San Antonio y Santa Ana, que tenía una longitud de 5.2 kilómetros e iba desde la Cruz Roja de Santa Ana, hasta la Panasonic.

Ahí se conecta con la radial Río Segundo-San Antonio, que sí se mantiene del contrato anterior, con una longitud de 2.7 kilómetros y una salida en el sector de la Panasonic, donde se instalará el respectivo peaje.

Según los datos del ministro Castro, por la exclusión del puente del Virilla y la radial Santa Ana, se descontaron del contrato $25.5 millones, pero se añadieron otros $32 millones por concepto de “deslizamientos, derrumbes y deterioro del pavimento” de la actual carretera.

El ingeniero del Instituto Tecnológico Alejandro Medina lamentó que en este contrato se excluyera la radial a Santa Ana, pues el sector de Lindora, que actualmente está colapsado, no será mejorado y queda atrapado entre dos concesiones.
 

 
Concesión recaudará $ 4931 millones en 30 años

La empresa brasileña OAS recaudará en 5 años por cobro de peajes, los $ 523 millones que invertirá en las obras de la carretera entre San José y San Ramón, pero, al final de los 30 años de concesión, recaudará un total de $ 4.931 millones, según los datos del Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

Lo anterior significaría que con los datos del CNC,  en esos 30 años se recaudaría un monto que es 8.3 veces la inversión inicial. Este monto resulta de hacer el cálculo con una tasa de crecimiento anual de la flota vehicular promedio de 3.67 %, durante esos 30 años.

Si este promedio crece a un 5 % (considerando que el promedio real de crecimiento anual de la flota vehicular en los últimos tres años ha sido de 6.3%) los ingresos por concepto de peajes llegarían a los $ 5577 millones.