Aunque el Acuerdo no obliga supeditar la agenda comercial del país al resto de Centroamérica, sí obligará a que los Estados deban ponerse de acuerdo para negociar en bloque ante la UE.
El proyecto legislativo que establece la aprobación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (Aacue) avanza en las discusiones del plenario sorteando una serie de cuestionamientos de algunos diputados, quienes demandan al Gobierno aclarar “dudas”, sobre la creación de nuevos impuestos, concesión de puestos fronterizos e integración económica y política de la región, entre otros aspectos.
Actualmente, el proyecto tiene al menos 94 mociones de fondo de parte de los legisladores, en las que cuestionan numerosos aspectos de este, y exigen una pausa para su análisis, en tanto el Gobierno y sectores exportadores urgen su aprobación.
El Acuerdo de Asociación consta de varios componentes, entre ellos: diálogo político, cooperación y el acuerdo comercial. Pero además, como parte de la negociación política, la UE exigió que junto con el Acuerdo de Asociación, se incluyera la obligación de los Estados centroamericanos de aprobar la Enmienda del Artículo XXI de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites por sus siglas en inglés).
Dicha enmienda abre la posibilidad de que organizaciones  de integración económica regional constituidas por estados soberanos se adhieran a la Convención, y les otorga la potestad de ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones atribuidas a los Estados, pero  al hacerlo “los Estados miembros de esas organizaciones no podrán ejercer tales derechos”, según lo establece la citada enmienda.
Según los legisladores, el documento -que consta de 1.800 folios- está redactado en un lenguaje complejo que dificulta su comprensión.  “Muchos de los defensores ni siquiera se lo han leído”, advirtió el diputado socialcristiano Luis Fishman.
El proyecto  fue analizado  por los diputados miembros de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales donde tuvo un dictamen afirmativo unánime en diciembre del 2012, luego de lo cual,  pasó al plenario para debate del resto de los legisladores y su respectiva aprobación.
Sin embargo, las mociones vía 137 de los legisladores han restado velocidad al “apuro” que el Gobierno le impuso a su aprobación antes del 15 de mayo.
Una de las dudas expresadas por el diputado Fishman advierte sobre las implicaciones del acuerdo en relación con la integración centroamericana.
En este sentido, insistió en obtener una explicación de la ministra de Comercio Exterior,  Anabel González, sobre el estado y avances en la implementación de las obligaciones previstas en el título nueve, de la parte IV del texto  “Integración económica regional”.
“Cómo vamos a implementar una serie de medidas cuando no nos sentamos con Nicaragua, cuando tenemos relaciones rotas con nuestro vecino más cercano”, cuestionó Fishman.
El tema de la integración tanto económica como política, de Costa Rica con el resto de Centroamérica, preocupa a algunos sectores y a los diputados Fishman y José María Villalta, por las asimetrías entre los países de la región, en temas tales como controles sanitarios y fitosanitarios, tránsito de mercancías y apertura de fronteras, entre otros.
Los compromisos asumidos, en cuanto a medidas sanitarias y fitosanitarias, establecen como obligación dispensar el trato a los productos europeos, de “facilitación de tránsito regional”, de una resolución de los propios órganos de la integración centroamericana, o sea, equipara en ese tránsito regional, los productos europeos con los centroamericanos, pero no excluye la potestad de cada país de realizar sus propias inspecciones y procedimientos de verificación, si bien con alguna regulación.
COMPROMISO REGIONAL
Renzo Céspedes, consultor en comercio exterior, considera  que aunque el  Aacue no obliga a supeditar la agenda comercial de Costa Rica al resto de Centroamérica, sí demanda una mayor formalización de las instituciones del sistema de integración y  un fortalecimiento de estas.
En su criterio, la unión aduanera centroamericana deberá concretarse en el marco de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), órgano técnico del Sistema de Integración regional.
“En ningún momento el acuerdo obliga a que nuestro país tenga que ratificar el Parlamento Centroamericano o tenga que ratificar elementos que vayan más allá de lo que el país como tal tiene”, aseveró Céspedes.
El informe sobre el expediente del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa establece que el título IX de la Parte IV del Tratado sí impone compromisos concretos y específicos para desarrollar por parte de Centroamérica, y dentro de plazos muy determinados. Las obligaciones asumidas no aplican individualmente sino para la región en conjunto.
La diputada del PAC y presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, Jeannette Ruiz, aseguró su apoyo rotundo al Aacue, considerando que este le ayuda al país a diversificar sus mercados, sobre todo con el segundo socio comercial más importante de Costa Rica.
“Hubo un referéndum, el país votó por la apertura comercial; en ese momento el PAC no estuvo de acuerdo porque creíamos que el país no estaba preparado, pero ya se dio. Europa es un país (socio) diferente al resto con el que hayamos negociado, es el segundo  socio comercial, tenemos una balanza favorable, es una de las regiones más democráticas del mundo”, agregó Ruiz.
NUEVOS IMPUESTOS
Otro de los aspectos que activaron la alerta de los diputados Fishman y Villalta tiene que ver con la creación de nuevos impuestos.
La aprobación de la enmienda de la Cites incluye una norma de ejecución que establece la creación del Consejo de Puestos Fronterizos Terrestres y, de manera complementaria, dos impuestos: uno de US $ 5,00 por salida, a cada persona física que salga del territorio nacional por un puesto terrestre y otro de US $ 25,00 por cada declaración aduanera de exportación que se tramite por un puesto terrestre de salida del territorio nacional.
“Estamos hablando de un tratado mucho más complejo que el TLC con Estados Unidos. Lo están usando como caballo de Troya para meter otros temas que nada tienen que ver como la creación de un impuesto para financiar la privatización de los puestos fronterizos, incluso interferir con la soberanía del país. ¿Por qué van a meter eso en la ley si ya hay una ley de concesiones?”, cuestionó el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.
La ministra de Comercio Exterior justificó ante los diputados de la Comisión estos nuevos  tributos  al considerarlos estratégicos en materia de facilitación del comercio e integración económica regional.
“… El mejoramiento y la modernización de los puestos fronterizos del país, es una de las prioridades más importantes de esta administración, en materia de mejoramiento de la competitividad”, explicó la Ministra al Congreso.
Según González, estos tributos se pagarían en contraprestación por los servicios suministrados por el Estado en la frontera, y tienen un destino único, el 96% de lo recaudado se utilizaría para sufragar los gastos relacionados con la operación, conservación y ampliación de los puestos fronterizos, mientras que el 4% restante se girará a las municipalidades en cuya jurisdicción se ubiquen los pasos fronterizos terrestres.
Sobre el tema, el diputado Luis Fishman argumenta que estos artículos incorporados al Tratado lo que pretenden es “crear más burocracia para administrar los puestos fronterizos”.
Otros temas sobre los cuales los legisladores piden explicaciones son las regulaciones desiguales en materia fitosanitaria con el mercado europeo, las cuotas de exportación entre los diferentes países de la región, las asimetrías a lo interno de ambos bloques y la crisis financiera que azota a Europa en la actualidad.
“Me parece que la comisión de Asuntos Internacionales se decidió únicamente por el asunto comercial, llamaron a los sectores que se pueden beneficiar con el tratado pero no se entró a hacer las consideraciones políticas que se debieron haber hecho”, lamentó Fishman.

Comercio en cifras


La Unión Europea es hoy el segundo socio comercial de Costa Rica y representa el 11,7% del comercio total de Costa Rica. El principal rubro son las exportaciones agrícolas.

En el año 2011, el  17,9% de nuestras exportaciones se dirigieron a ese mercado, mientras que el 7,6% de las importaciones provino de Europa.

El intercambio de bienes de Costa Rica con la UE se incrementó un 69% del 2000 al 2011 pasando de $1.8392 millones a $ 3.112.7 millones.

Banano, café, oro, yuca, piña, camarón congelado, melón, aceite de palma, hojas de plátano, plátano verde, palmito, son algunos de los productos que ingresan ya al mercado europeo.

En el 2012 Costa Rica exportó 813 productos a la UE.