Barack Obama llega en medio de las dificultades financieras de Estados Unidos a visitar una Centroamérica que parecer haber perdido el rumbo nuevamente. (Foto: DPA)
Como un gran foco prendido en el escenario, la lucha contra las drogas amenaza con encandilar a los espectadores de la cita centroamericana con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el 3 y 4 de abril próximos en San José.
Podría ocurrir también, tal como ya pasó entre Estados Unidos y México, que las relaciones centroamericanas con Washington se centren en discusiones sobre el combate al narcotráfico y el crimen organizado, una distorsión que a los mexicanos les ha costado muy caro.
En vísperas de la llegada de Obama, la presidente Laura Chinchilla propuso replantear la estrategia actual, con la idea de evitar que las guerras que se libran en México y Colombia contra los carteles de la droga se desplacen hacia Centroamérica, como ya ha venido ocurriendo.
Igualmente, el excanciller y exdiputado nicaragüense, Francisco Aguirre Sacasa, en declaraciones a medios de su país, destacó las limitaciones de los países centroamericanos para combatir el narcotráfico, un tema que, en su opinión, junto con la regulación del estatus ilegal migratorio de los centroamericanos, serán los principales puntos de agenda con Obama.
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, se refirió al tema en un viaje a Washington, hace dos semanas, donde pidió a Obama un mayor compromiso con la financiación de la seguridad en Centroamérica y en los esfuerzos por la reducción del consumo de drogas.
Funes mencionó la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI, en inglés), actualmente en pleno desarrollo, para la cual Estados Unidos ha comprometido «una suma que ronda los 360 millones de dólares», pero de los cuales solo «se han desembolsado unos 40».
Ese es un tema que Funes conoce bien, ya que lo trató con Obama durante el primer viaje que este realizó a Centroamérica, en marzo del 2011 y que no tuvo grandes resultados.
Aunque los datos no son precisos, se calcula que el 84 % de la cocaína destinada a Estados Unidos pasa por el istmo centroamericano. Por otra parte, informe del Congressional Research Service de enero pasado estima que hay alrededor de 85 mil miembros de las pandillas MS-13 y Calle 18 entre El Salvador, Guatemala y Honduras, que estarían cada vez más involucradas en el tráfico de drogas.
En Centroamérica, existe clara conciencia de que el impacto del crimen organizado es cada día mayor, principalmente en los países que conforman el llamando Triángulo Norte –Guatemala, El Salvador y Honduras, también Belice–. A esa actividad, se atribuye una creciente violencia, que se expresa en la tasa regional de homicidios que, por cada cien mil habitantes, se sitúa por encima de 40. En Honduras, esa tasa ya superó los 80 homicidios en el 2010, una de las más altas del mundo.
OÍDOS SORDOS
Lo curioso es que esa preocupación, que ha merecido tanta atención de los medios, haya logrado tan pocos resultados.
Peter Hakin, miembro del “Diálogo Interamericano”, con sede en Washington, en un artículo titulado “Repensando la política norteamericana contra las drogas”, publicado en 2011, aseguró que la mayor parte de los estadounidenses cree que, tras 40 años, la guerra contra las drogas es un fracaso.
Pese a los costos y a la creciente oposición a la política actual, no hay debate sobre el tema en los Estados Unidos. En opinión de Hakin, esto ocurre, “porque no hay alternativas viables”.
“Pese al cambio de actitudes y a nuevas tendencias, el eje de las políticas norteamericanas, a pesar de reconocerse ampliamente su fracaso en alcanzar sus objetivos, permanece sin cambio. Parecen puestas en piloto automático. La reforma a la ley y a las políticas de drogas son apenas visibles en la agenda de la administración Obama”, dijo.
“La política sobre drogas sigue siendo, claramente, un tema marginal para el Congreso”, aseguró Hakin.
De ese modo, no se vislumbran cambios. Pareciera más probable alguna medida que ratifique lo que se ha venido haciendo, aunque los resultados no sean positivos.
OÍDOS ATENTOS
Quizás haya que preguntarse, entonces, ¿cuál es la estrategia que se ha venido aplicando? Desde 2008, cuando se aprobó la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica (CARSI) —instrumento fundamental de la política antidroga—, se debate sobre su eficacia e, inclusive, sobre los montos asignados y desembolsados para ese programa: 496 millones de dólares, según el Departamento de Estado, invertidos la mayor parte en Guatemala y Honduras.
William R. Brownfield, un experimentado diplomático norteamericano, dio recientemente una detallada explicación sobre esta estrategia, rechazando las afirmaciones de que no había hecho lo suficiente para evitar el tráfico de drogas y detener la ola de violencia en la región.
 
Según Brownfield, menos de un tercio de los 500 millones de dólares, que Estados Unidos puso a disposición de Centroamérica a través de la CARSI, se destinó al combate contra las drogas. La mayor parte del dinero se habría utilizado para promover otras medidas, como programas de prevención en comunidades vulnerables, programas contra las maras, promoción de policías comunitarias y otras.
 
Como parte de la estrategia de seguridad regional, se está llevando a cabo la “Operación Martillo”, cuyo objetivo es apoyar a la Estrategia de la Casa Blanca y a la Iniciativa Regional de Seguridad para Centroamérica. Catorce países participan de esa operación, entre ellos todos los centroamericanos, Canadá, Francia, Holanda, Reino Unido, Colombia y Chile, además de Estados Unidos, cuya representación está a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta de Interagencias Sur, dependiente del Comando Sur del ejército.
 
El objetivo de la “Operación Martillo” es atacar las rutas del tráfico ilegal de drogas en las costas de Centroamérica. Como parte de ese operativo, Estados Unidos desplegó 200 marines en Guatemala, a la que prestó apoyo en matera de comunicación, inteligencia y transporte aéreo.
 
En febrero de este año se llevó a cabo, en la sede del Comando Sur, en Fuerte Sam, Houston (Texas), una conferencia de líderes regionales centroamericanos; en esta, uno de los objetivos fue discutir las acciones en desarrollo en la región, como la Operación Martillo.
 
Según el Comando Sur, las contribuciones de Guatemala y de otros países en apoyo a la Operación Martillo incrementó en 30 % la “interferencia” en el tráfico ilícito de drogas el año pasado, en comparación con 2011.
 
Más recientemente, el 17 y 18 de abril, se llevó a cabo en Panamá la “Conferencia Centroamericana sobre Seguridad”, que reunió a militares y miembros de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.
Los participantes en esa reunión “compartieron información sobre las actividades y las sofisticadas redes de las organizaciones de traficantes de drogas y revisaron las necesidades básicas necesarias para reforzar su apoyo a los operativos legales”, en discusiones abiertas y encuentros bilaterales.
La participación del Comando Sur en estas tareas se explica, en parte, por las crecientes dificultades financieras que han obligado a recortar gastos en todos los departamentos del Gobierno. Ya, en 2007, el entonces Secretario de Defensa Robert Gates había advertido que, a pesar de las nuevas contrataciones, los profesionales del servicio exterior norteamericano eran apenas unos 6600, “menos que los miembros de un grupo de ataque de un portaviones”.
De modo que el ejército ha asumido algunas funciones que otros departamentos ya no pueden atender. Eso explicaría, también, la visita a Guatemala el jefe del Comando sur, general Frederick S. Rudesheim, en la segunda semana de abril, “para discutir la cooperación en materia de seguridad y la creación de una nueva unidad de seguridad en la frontera guatemalteca, apoyada por Estados Unidos”, medidas y estrategias que difícilmente serán discutidas en la cumbre de esta semana.