El Gobierno y los arroceros deberán buscar un nuevo sistema de fijación de precios a partir del próximo año. (Foto: archivo)
El actual sistema de fijación de precios del arroz necesita cambios para beneficiar tanto a los productores nacionales como a los consumidores, pero liberar del todo el precio de este grano básico parece no ser la mejor opción.
Así lo señala un estudio del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), realizado a solicitud del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
El IICE señala que el actual sistema ha provocado: concentración del sector en pocas manos, desincentivo para aumentar la productividad, que los productores pequeños no reciban el precio estipulado, y que los consumidores paguen más por el arroz que se consume.
En el sector arrocero, tanto los industriales como los productores, reconocen que se necesitan cambios en el sistema, aunque advierten que dejar el precio libre solo promoverá las importaciones y una mayor concentración, que empezaría por desaparecer a los pequeños productores de la cadena.
ALTA CONCENTRACIÓN
El arroz es el último bien de la canasta básica que mantiene un sistema de fijación de precio, y es el alimento que más se consume en Costa Rica, con un promedio por persona que alcanza los 54 kilogramos al año.
El estudio del IICE señala, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que el arroz es también el producto que más impacta la economía de las familias, sobre todo para el 20 % más pobre del país.
En el estrato más pobre, el consumo de arroz por persona puede alcanzar los 57,4 kilogramos al año, mientras que al sumar a los quintiles de ingreso 1 y 2 (el 40 % con menos ingresos), este grupo consume casi la mitad (48 %) del total de arroz que se come en el país.
En el 20 % de la población con menos recursos, la compra de arroz representa un 5 % de sus gastos, cuando el promedio nacional es del 1.31 %, lo que para el investigador Rudolph Lucke, muestra la gran importancia que tiene este alimento en las clases menos favorecidas.
Para establecer el precio, la Corporación Nacional Arrocera (CONARROZ) fija unos parámetros de reconocimiento del costo de la producción (insumos, mano de obra, maquinaria y ganancia), a partir del cual también se fijan los precios y márgenes para el resto de la cadena de comercialización (industria, mayorista, minorista y consumidor). Esto costos se incluyen en una propuesta de precio, que finalmente se define con el MEIC.
Para Lucke, uno de los problemas es que el sector es muy heterogéneo, por lo que es difícil representar a todos en el esquema de precios.
Según los datos de la CONARROZ, de los 1.355 productores registrados para el periodo 2011-2012, 1070 tienen 50 hectáreas o menos sembradas con arroz, 222 tiene entre 50 y 200 hectáreas, y 63 tiene más de 200 hectáreas.
Esta distribución hace que el 20 % de los productores tenga en sus manos el 80 % del área sembrada de arroz, mientras que el restante 80% se reparte el 20 % del área cultivada.
En el nivel industrial también existe una alta concentración, que según los propios arroceros concentra cerca del 80 % de la producción en solo cuatro industrias.
Otro de los problemas que identificó el IICE es que en el 67 % de las facturas de recibo de los industriales a los productores, el arroz se pagó a un precio menor de lo fijado por la ley; esto, porque se trató de arroz de menor calidad a la que está regulada (80 % entero, 20 % quebrado).
El arroz de menor calidad representó en el periodo 2009-2012 el 40.5 % del total entregado por los productores nacionales, mientras que un 39 % corresponde a arroz calidad 80-20, y el restante 20.5 % a calidades superiores (de menor grano quebrado).
BAJA PRODUCTIVIDAD, ALTO PRECIO
El gráfico muestra cómo ha evolucionado el precio internacional del arroz y el precio local en los últimos años. Actualmente el precio local supera los $600 mientras el internacional ronda los $350. (Gráfico: IICE-UCR)
El director del IICE, Max Soto, comentó que otro de los hallazgos es que el sistema de fijación de precio no ha promovido el aumento de la productividad en el sector, pese a que el precio tiene una tendencia al alza.
“Si el productor ve que aún siendo ineficiente el precio le alcanza, no va a hacer mucho esfuerzo por mejorar su productividad, y esta se ha ido deteriorando”, comentó Soto.
Mientras a inicios de la década del 2000 la productividad era cercana a las 5 toneladas por hectárea, para el periodo 2011-2012 se halló que el promedio nacional fue de 3.39 toneladas por hectárea.
Sin embargo, los investigadores reconocen que existen factores ajenos al productor que afectan sus costos, como lo son los altos precios que se pagan en el país en insumos agrícolas, combustibles, y el alquiler de tierras.
Soto destacó que uno de los hallazgos de este estudio es que un 45 % de las tierras cultivadas de arroz son alquiladas, y la competencia con otros cultivos en el país ha ocasionado aumentos importantes en este rubro.
Los datos apuntan además que del total del costo de producción, un 80 % corresponde al pago de labores mecanizadas, la compra de insumos y la mano de obra directa, por lo que para Lucke hay otros sectores como la industria e importación de insumos que se está beneficiando indirectamente del precio fijado para el arroz.
El otro factor que entra en juego al analizar la situación del arroz es el precio internacional, que tras los fuertes aumentos que tuvo en 2007, mantiene una tendencia a la baja, al tiempo que el precio local sigue al alza.
Actualmente el precio fijado a la producción nacional es de poco más de $ 600 por tonelada, mientras que en el mercado internacional el costo ronda los $ 350 dólares por tonelada.
En el país, el arroz importado se mezcla con el arroz local para hacer un “mix” que se vende al consumidor. Al estar el precio fijado al consumidor, esto hace que los importadores se ganen la diferencia del costo del arroz local y del internacional, lo que según Soto ha generado ganancias de $ 70 millones por año.
“Cuando un industrial paga menos al productor por el tema de calidad, esa diferencia no se la gana nadie, porque es un costo que debe asumir el industrial al procesar el arroz. Pero cuando se trata de mezclar arroz nacional y arroz importado, la diferencia sí se la gana el importador”, explicó Lucke.
Para el IICE es necesario plantear modificaciones al sistema de fijación de precios del arroz, y una posibilidad es pasar a un esquema “no oficial”, donde sea el sector el que fije los precios, con la supervisión indirecta del Estado, como sucede con otros productos como el azúcar y el café.
Los investigadores también consideran la opción de crear un fondo de estabilización, que permita “ahorrar” cuando el precio internacional sea bajo, y luego compensar y mantener los precios si ocurre un alza en el mercado mundial, lo que daría estabilidad y certidumbre tanto a los consumidores como a los productores.
 

 
Sistema actual tiene los días contados
Uno de los efectos inmediatos que ha tenido el estudio del IICE es haber impulsado tanto al Gobierno como a los productores a ponerle fin al actual sistema de fijación de precio.
Según confirmaron a UNIVERSIDAD el viceministro de Economía, Marvin Rodríguez, y el presidente de la Asociación de Productores de Arroz, Óscar Campos, el actual sistema quedaría vigente hasta el mes de marzo del próximo año, por lo que en estos meses las partes se abocarán a buscar un mecanismo alternativo.

Los arroceros, tanto productores como industriales, hablan de aplicar un sistema donde no sea el Gobierno el que fije el precio directamente, sino que sea el sector el que analice sus costos y proponga un precio, como lo hacen los azucareros en la Liga Industrial de la Caña (Laica), o los cafetaleros por medio del Icafé.

“No se puede quitar un sistema de la noche a la mañana, hay que dar tiempo para acomodarse y buscar otro mecanismo, donde no queden desprotegidos los productores, pero que también beneficie al consumidor”, comentó Rodríguez.

El viceministro dijo que el sistema actual “ya no va más” y que el Gobierno estaría de acuerdo con un esquema en el que no tenga que fijar el precio directamente, pero que además haya un reconocimiento del precio internacional y que estos se refleje en el precio al consumidor.

Óscar Campos, productor, manifestó que los arroceros estarían de acuerdo con un esquema como el de Laica, siempre que haya un acompañamiento para que los pequeños productores no vayan a verse afectados frente a los actores dominantes del mercado.

De acuerdo con Campos, la nueva propuesta requeriría de modificaciones a la Ley de la CONARROZ, las cuales deberían quedar listas este año, si es que se quiere efectivamente dejar de lado el sistema de fijación actual.

REGULAR TODAS LAS CALIDADES
Otra de las preocupaciones del sector industrial arrocero tiene que ver con la regulación de los precios del arroz en todas las calidades, pues actualmente las importaciones están generando grandes distorsiones en el mercado.
Roberth Soto, representante de la Arrocera El Porvenir, explicó que al estar regulado solo el precio al consumidor del arroz 80-20, las otras calidades del arroz están a la libre, y hoy es posible encontrar calidades 95-5 a precio menor que un 80-20.

Soto indicó que estas diferencias están generando presiones hacia la baja en los precios, que reducen los márgenes de ganancia del 7 % que se supone deberían tener, según lo fijado por la ley.

Esta reducción en los precios estaría perjudicando a los industriales por un monto anual de ¢25.000 millones, y esto afecta también a los productores, ya que los industriales tienen menos margen para recibirles la producción.

Según Soto, el sector estaría proponiendo que se fijen los precios mediante un “sistema de bandas” que ponga mínimos y máximos, pero además, se requiere de una regulación en todas las calidades del arroz.

Al respecto, el viceministro Rodríguez indicó que en la propuesta de decreto que se encuentra en consulta, se estableció la fijación de los precios para todas las calidades, con el fin de ordenar el mercado arrocero nacional.

Respecto a los resultados del estudio del IICE, los arroceros manifestaron estar de acuerdo con la necesidad de cambios al esquema, pero señalaron que el estudio tiene algunas inconsistencias que se deben revisar.

Señala que la mejora en la productividad nunca fue uno de los objetivos del sistema de la fijación de precios. En este sentido, los productores e industriales pagan a la CONARROZ un canon para mejoras del sector, que no es considerado a la hora de fijar el precio al consumidor.

También consideran que es un error decir que los productores reciben precios por debajo de lo fijado por ley (¢22.609 por quintal), cuando existe un reglamento que establece los “descuentos” que deben aplicarse a los productores, según la calidad del arroz entregado.

Acerca de lo anterior, los arroceros estiman que debieron considerarse solo las calidades “dentro de la norma”, y no el arroz de calidades inferiores que tiene otros usos, como la alimentación de animales y materias primas.

En torno a la diferencia de precio con el mercado internacional, los productores aseguran que mientras ellos deben pagar el combustible y los insumos más caros de la región, países como Argentina están aplicando un política de exportaciones a muy bajo precio, con el fin de satisfacer la demanda de dólares en sus economías.