Es la Sala Constitucional que en forma reiterada define –gracias a ella se salvan miles de seres humanos, por la  desnaturalización competencial que sufre la Caja−  la salud como un derecho a la vida, derivado del l artículo 21 de la Carta Magna.
De la inviolabilidad de la vida se deriva lo que jurídicamente conocemos como  “el derecho a  estar sano”; derecho este que implica el disfrute de una serie de bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar un alto nivel de salud. (Ver: Salazar Cambronero, citado por Mena García, 2000 y el  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU).
Sin embargo, el fin último de este artículo es indagar si el recargo de competencias recaídas ayer y hoy sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), usurpa o no la inviolabilidad de la vida y el derecho a la salud, teniendo como objetivo primario hacer del dolor ajeno una mercancía, una baratija, como cualquier otra comprable en el “super”.
De entrada, las enormes filas que veo en los  hospitales de la CCSS, la falta de camas, medicamentos o “fichas agotadas” en los EBAIS de allá o acá, me refieren ya a un problema mucho más complejo que una sentencia de la Sala Constitucional, obligando al  Estado costarricense a cumplir con el derecho a la vida.
El artículo 73 de la Constitución Política define  la competencia de la Caja en cuanto a los seguros sociales y en su párrafo segundo la establece como una institución autónoma; autonomía que en términos similares otorga a la Universidad de Costa Rica, a partir del artículo 84 de la Carta Magna. Digo esto, porque si bien ambas instituciones pueden realizar las llamadas “alianzas estratégicas” que nos  heredara el Banco Mundial, la Universidad tiene definidas claramente sus funciones desde el llamado Preámbulo del Estatuto Orgánico”, como la Caja las suyas, en la normativa constitucional.
A la Universidad  le correspondería cumplir y profundizar  ese “Preámbulo”, a la Caja lo correspondiente a los Seguros Sociales. Pensemos por un momento que  el Ministerio de Educación “en uso de sus facultades” traspase a las instituciones de educación superior la administración de todas las escuelas del país, cuyos efectos prácticos (políticos) buscados son mantener un selecto sistema de admisión en la UCR, así favorecer a bancos y universidades privadas con la demanda de educación superior y sean dos a tres consorcios multinacionales encargados de las investigaciones en medicina, geología, microbiología, química, derecho, tecnología de punta etc. Sería un descalabro del que alguien se beneficiaría, a partir de esta desnaturalización, corruptela o “desinstitucionalización”−póngale el nombre preferido− de las competencias dadas  por  Carta Magna.
Así, los llamados EBAIS, tan de boga últimamente, vinieron a legitimar dos exabruptos constitucionales. Por un lado, el Ministerio de Salud delega responsabilidades administrativas a la Caja, que la llevarán a la quiebra, como lo estamos viendo; y por el otro, legítima de una vez por todas, la usurpación de la autonomía dada por Constitución Política a la CCSS. Pero también la crisis surgida con los 45 EBAIS que administró la UCR  –esto es lo más importante− marca un importante rumbo para asegurados y trabajadores en general, si no somos miopes. Cualquier lucha por evitar el cierre de cualquier EBAIS del país  y mejorar el sistema asistencial para miles de ciudadanos, pasa primero por devolver la plena autonomía a la CCSS. El proceso obligado de trasladar  servicios asistenciales a cooperativas, clínicas privadas o fundaciones, es parte del caminar hacia la privatización y desnaturalización de los servicios primarios de salud.
Y en este ámbito la UCR daría uno de los mayores aportes de su historia, si lograra, por encima de los debatitos aislados  que a veces nos causan sueño, que  los costarricenses  rescaten la Caja de las manos en que cayó (ver art 5 inciso b del Estatuto Orgánico). Son las mismas manos que han desmantelado competencias para que perdamos durante 30 años carreteras, aeropuertos, muelles, etc. Nadie con la autoridad moral como la benemérita de la educación superior para encabezar este rescate, que no es otro que el rescate del país.