Telefónicas privadas quieren nueva subasta de frecuencias para servicios de telefonía celular. (Foto: archivo)
El Gobierno evalúa si hace una nueva subasta del espectro radioeléctrico, para atender los requerimientos de las telefónicas privadas, que buscan desarrollar redes de telefonía móvil de cuarta generación (4G) y  tecnologías para el consumo de datos.
Lo anterior ocurre en momentos en que los sindicatos aseguran que el segmento más apetecido lo tiene Radiográfica Costarricense (Racsa) y que habría una estrategia para llevar a la quiebra a esa empresa estatal y con ello facilitar la subasta de las frecuencias.
Rowland Espinoza, viceministro de Telecomunicaciones, dijo que los operadores han mostrado interés en contar con más espectro para mejorar la eficiencia de tecnologías como LTE (Long Term Evolution), pues el consumo de datos  ha crecido en Costa Rica superando las expectativas y técnicamente se requiere de más espectro.
Cabe señalar que las redes celulares 4G y la tecnología LTE permiten navegar a velocidades ultrarrápidas en Internet, y para su despliegue las empresas apetecen ciertas frecuencias del espectro radioeléctrico que no fueron licitadas en el 2010 −cuando ingresaron al mercado las empresas Telefónica y Claro− o bien, están actualmente en poder del  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o de Racsa, firma del mismo grupo estatal.
Espinoza explicó que para decidir una nueva subasta del espectro se necesita un estudio técnico que debe hacer la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Con ese fin, el despacho del Ministerio de Ciencia y Tecnología –a cargo de la rectoría de telecomunicaciones− envió a la Sutel un estudio hecho en el 2009 para que lo  actualizaran.
Aunque Eduardo Castellón, vocero de la Sutel, aseguró que ya el informe fue entregado al Ministerio, Espinoza aclaró que lo que enviaron fue un estudio que hizo la Sutel sobre las bandas IMT (Telecomunicaciones Móviles Internacionales, en español) que soportan los servicios de telefonía celular, “donde indican las prioridades que sugieren para la limpieza del espectro, pues les parece que se debe hacer una nueva subasta del espectro para el 2014”.
Sin embargo, se necesita un estudio técnico específico para saber si es este es buen momento para una nueva subasta, y si debe haber más operadores; es una decisión que debe tomar en cuenta lo que sea de más beneficio para el país, comentó.
DENUNCIAS
Mientras tanto,  la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones (ANTTEC) reiteró denuncias que ha venido haciendo, en el sentido de que de parte del Gobierno y directivos del ICE y de Racsa ha habido una “escandalosa” inacción e incumplimiento de deberes, en la preparación de la empresa para enfrentar la apertura de las telecomunicaciones, lo que la tiene en una “crisis técnica y financiera”.
“Esto parece obedecer a la agenda paralela de un grupo de políticos empresarios del PLN (Partido Liberación Nacional), cuya meta es la quiebra de la empresa y facilitar la comercialización de sus valiosas frecuencias para la telefonía 4G; que vuelvan al Estado y posteriormente sean concesionadas a empresas transnacionales”, criticó el presidente de ANTTEC, Jorge Arguedas, en una carta dirigida el mes pasado a la presidenta Laura Chinchilla. La organización solicitó nombrar a un gerente con estatura técnica y moral que sea capaz de sacar adelante la empresa.
El sindicato ha puesto denuncias ante la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa, en las que solicita investigar a funcionarios y exfuncionarios del periodo 2006-2011, por incumplimiento de deberes y faltas al deber de vigilancia, que han llevado a las pérdidas que ha tenido la empresa.
Por su parte, el Sindicato de Ingenieros del ICE (Siice) considera que la actual situación financiera de Racsa se debe a la falta de visión y malas decisiones de la Administración Superior, tanto del ICE como de Racsa, y a la interferencia política de distintos gobiernos, afirmó en un comunicado el presidente del ente sindical, Mayid  Halabí.
Las consecuencias de esas malas decisiones pretenden ahora paliarlas con el despido de 100 funcionarios, con lo que se pretende privarla del recurso humano que es el más valioso y le da ventajas comparativas. Esto, aunado a un ambiente de temor y desinformación, es por lo que 204 funcionarios decidieron presentar un conflicto colectivo ante un juzgado de trabajo, lo que impide los despidos en el tanto un juez no resuelva el asunto, añadió.