Una de las luchas sociales más significativas que ha dado la clase trabajadora y,  muy particularmente el Magisterio Nacional, ha sido en lo referente al régimen de pensiones.
Estas luchas se remontan desde las décadas de los años diez y veinte del siglo pasado, y ya enunciaban la necesidad imperiosa de un régimen de pensiones y jubilaciones; y en esa lucha encontramos a Lilia González, Amparo Zeledón, Carmen Lyra, Ana Cantillano, Francisca Caballero, José Antonio Carvajal, Eduardo Fournier.
Es en extremo aleccionador conocer las opiniones de educadores de la talla de Joaquín García Monge, Napoleón Quesada, Miguel Obregón Lizano. Esa pléyade de educadores y educadoras crearon la Sociedad de Socorro Mutuo del Personal Docente, del Código Penal y del Código de Educación.
 
Ahora bien, ha sido una constante en el quehacer pedagógico, la problemática de los salarios y de las pensiones.
 
Es por ello, que las distintas organizaciones magisteriales siempre han levantado sus banderas de lucha sobre estas reivindicaciones.
Son numerosas las propuestas de los y las educadores y educadoras para mejorar sus condiciones de vida, desde inicios del siglo XX hasta nuestros días.
Si bien es cierto en los distintos estadios históricos, el Estado costarricense se ha vanagloriado de preocuparse por la calidad de la educación nacional; esa es una verdad a medias, en razón de que la oligarquía cafetalera, como elemento medular del poder económico del país, siempre se opone a otorgar los recursos económicos y aparte de ellos los otros grupos económicos que conforman la clase económicamente dominante; no es casual que don Rodrigo Facio Brenes, en su Estudio sobre la Economía Costarricense, afirme que quien gobernó en nuestro país fue la cafetocracia.
Así las cosas, el Magisterio Nacional como parte de la clase trabajadora costarricense, ha sido un sector muy beligerante en el plano de la lucha de clases. Son innumerables los enfrentamientos entre los educadores y educadoras, contra los sectores mantenedores del status quo.
Continuando en la mención de luchas por el régimen de pensiones, debe apuntarse en honor a la verdad histórica, que fue ya en el marco del Estado Benefactor, que la Asociación Nacional de Educadores en su Congreso Nacional número 23, el 9 de octubre de 1957, aprobó la propuesta, en extremo elaborada, para que se emitiera la ley de creación de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional.
Este proyecto fue presentado al gobierno presidido por don José Figueres Ferrer (1953-1958),  y se publicó dicho proyecto en La Gaceta # 34 del 16 de octubre de 1957.
La Asamblea Legislativa, en su Comisión de Educación, lo estudió de modo riguroso; ahí jugó un papel de primer orden el diputado Franklin Solórzano Salas.
Y ya en la administración de don Mario Echandi Jiménez (1958-1962), la Asamblea Legislativa lo aprobó de modo unánime; ello, a través de la Ley No. 2258 el día 5 de septiembre de 1958.
Analizando el expediente de esta Ley, se observa que la ANDE hizo énfasis en cinco aspectos medulares: a) Se hace eco de la legislación aprobada en el año 1906, b) La propuesta lo que pretende es hacer verdadera justicia en materia de pensiones, c) Se demostró que en ningún momento las pensiones se convirtieron en una carga para el Estado, d) Los educadores tienen la obligación de aportar un 33% de sus sueldos, del costo anual de las pensiones, y se obliga a que el sector patronal junto al Estado aporten el 66% restante, e) Se tiene claro que el objetivo es fortalecer el nuevo régimen de la Junta de Pensiones, y no mezclarse con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social; esa actitud de por sí fortalecería al fondo nuevo de pensiones.
Sobre este tema de pensiones del Magisterio Nacional, hoy por hoy, hay gran incertidumbre, y sobre ello me referiré en próximos artículos.