Las causas que originan la decisión de Laura Chinchilla de dar marcha atrás en la concesión de la carretera a San Ramón en favor de la empresa OAS exigen de un análisis cuidadoso. De su mensaje televisivo queda claro que no renuncia al instrumento de la concesión, es decir, de seguir trasladando a la empresa privada el desarrollo y explotación de obra pública. No se trata entonces de la renuncia al modelo de desarrollo que propugna un Estado mínimo. La advertencia está hecha expresamente: ¡habrá mano dura para mantener los demás proyectos que están siendo tramitados bajo ese esquema!
 
Lo que genera el paso atrás es el crecimiento de la movilización social y popular en contra del proyecto y la amenaza que eso representa para el statu quo. Desde el año anterior se viene gestando una ola de acción colectiva a partir del descontento con el modelo de desarrollo generador de desigualdades y pobreza: protestas de los vecinos de Guanacaste frente a la CCSS por el cierre de sus EBAIS, la represión injustificada y excesiva que sufrieron a su vez generó una enorme manifestación; después vino el descontento contra la ley mordaza, la ley que penaliza el fotocopiado, la vulgar violación al principio de la independencia de poderes con la no reelección de un magistrado de la Sala IV, la indignación nacional por la corrupción en la construcción de la trocha fronteriza, y ahora la oposición a la concesión San José-San Ramón. Esta última además se caracteriza por la presencia de una dirigencia inteligente, creativa, formada, sensata, cautelosa y horizontal, es decir “peligrosa”.
Al otro lado de la acera, los verdaderos detentadores del poder en que se sustentan los gobiernos costarricenses de los últimos 30 años, pueden tolerar que sus administradores de turno lucren desde la administración pública haciendo algunos negocios, siempre que cumplen su labor de asegurar impulsar, profundizar y proteger el modelo. Pero hasta eso tiene un límite: la tolerancia se acaba en el momento en que esas actividades pongan en riesgo el statu quo. A un año de que los costarricenses debamos elegir un nuevo gobierno, la conjunción del descontento social con la clase política, el modelo de desarrollo que nos han impuesto, la corrupción que la caracteriza, y una acción colectiva en crecimiento, además de una dirigencia con las características indicadas, es una combinación demasiado peligrosa para ese poder: es el caldo de cultivo para el nacimiento de un movimiento popular que cuestione seria y profundamente al modelo. Y ellos simplemente no pueden darse el lujo de que se repitan en Costa Rica fenómenos como el de Ecuador, Bolivia o Uruguay. “Por tanto señora Chinchilla –le habrán dicho finalmente− hasta aquí puede llegar usted con este tema”. El verdadero poder detrás de la presidenta le puso punto final a sus pretensiones (y las de su Ministro de Transportes) con la concesión de la carretera San José-San Ramón. Pero es claro que esto no habría sucedido sin la presión de aquellos costarricenses que en su oposición a las intenciones del Gobierno, ejercieron su función de ciudadanos. Y es precisamente de esa movilización social exitosa de donde debemos extraer las mejores lecciones.