El país está alborotado. Renunció un ministro y otras cabezas van a rodar, mientras la presidenta no termina de explicar un viaje para asistir a una boda en Perú que, desde el inicio, se manejó con procedimientos poco usuales. Para decir lo menos, ni la cancillería estaba enterada de ese viaje.

Al regreso, estalló la crisis. El avión  en el que viajó (¿prestado, alquilado?) vinculado a un empresario colombiano envuelto en un juicio penal en el pasado e investigado por relaciones con el narcotráfico.



POLÍTICAS ANTIDROGAS



El escándalo está solo comenzando y sus consecuencias son aún insospechables. Acaba de concluir la visita del presidente Barack Obama a Costa Rica en la que la lucha contra el narcotráfico ocupó una atención especial.

El gobierno trata de mostrar éxitos en su política contra el tráfico de drogas ilícitas. Todos los días nos muestran paquetes encontrados aquí, una banda de delincuentes capturada allá.



Pero lo cierto es que eso no alcanza a ser una política antidrogas. Son, a lo más, operaciones policiales mejor o peor organizadas, que terminan con la captura de drogas o narcotraficantes, casi siempre de poca importancia en las organizaciones criminales.



Una política antidrogas es otra cosa: es saber quiénes son nuestros aliados y quiénes los enemigos, implica la definición de instrumentos y formas de combatirlos. Una política de lucha contra el narcotráfico no es tampoco la que se diseña en una reunión del Comando Sur con los jefes militares de la región, en Panamá, a la que asiste, como representante de Costa Rica, el ministro de Seguridad. Entre otras cosas porque, aunque quisiéramos, no tenemos las herramientas para llevar la lucha en ese terreno. Esa lucha tampoco tiene, en el terreno militar, su escenario principal, como lo demuestran los resultados en México o en Colombia, con sus tragedias humanitarias y pobreza extendida.



LA ASESORÍA DE COLOMBIA



Costa Rica decidió, desde la administración anterior, buscar en Colombia asistencia para combatir el narcotráfico. Esa alianza se hizo estrecha y el presidente de entonces fue a recibir una medalla y homenajes por haber comprendido mejor que nadie las políticas de “seguridad democrática” que han dejado 4,9 millones de desplazados en Colombia, según cifras del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC), una organización con sede en Ginebra. ¡La más alta del mundo, seguida de Siria, con 2,4 millones! Además de miles de muertos y desaparecidos.

Quizás eso explique también que el presidente de la República se haya sentado en Casa Presidencial, en agosto del 2006, con un grupo de colombianos, entre ellos Carlos Mario Jiménez, conocido como “Macaco”, paramilitar colombiano desmovilizado junto a otros dirigentes de las llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC) que, poco después, sería extraditado a Estados Unidos donde fue condenado y cumple condena por narcotráfico. Si Ud. quiere saber quién es Macaco, lo puede averiguar en esta dirección: http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/quien-es-alias-macaco/20080506/nota/591558.aspx



Decenas de funcionarios del más alto nivel del anterior gobierno colombiano –diputados, senadores, embajadores, ministros, generales– están presos, han sido indiciados o son buscado por la justicia, incluyendo a un hermano y a un primo del presidente, que es el único que anda suelto y sin cargos judiciales.



Es a ese gobierno al que Costa Rica fue a pedir asesoría en materia de seguridad. El gobierno actual del país, no solo no cambió esa política, sino que perseveró en buscar los mismos apoyos.



En agosto del año pasado, el general Mauricio Santoyo, exjefe de la policía colombiana, fue preso y condenado en Estados Unidos por colaboración con el narcotráfico. Entonces UNIVERSIDAD le mandó un cuestionario al ministro de Seguridad sobre el tema, cuyas preguntas el ministro prefirió no contestar.



Aquí se tiene buen cuidado en mantenerlo oculto, pero si Ud. quiere trasladar dinero del extranjero al país legalmente, los bancos cobran una fortuna, porque Costa Rica sigue siendo considerada un paraíso fiscal. Cambiar eso puede ser parte importante de una política contra el narcotráfico. Pero seguramente toca intereses demasiado poderosos para que la pongan en práctica nuestros gobiernos.



A la política de seguridad se suma la política de apertura y privatizaciones en que nos hemos embarcado desde hace más de 20 años. Capitales colombianos de personas vinculadas al expresidente Uribe incursionan desde entonces en la banca, los seguros y las remesas, entre otras áreas. Con sus capitales traen sus estilos de hacer negocios y de hacer política ¿De qué extrañarse de que sean cercanos al gobierno y a los que dirigen y promueven desde el gobierno esas políticas?



¿ERROR O POLÍTICAS?



La prensa reclama a funcionarios del gobierno su descuido en el cuidado de la presidenta, en no haber evitado el viaje en el avión de un empresario al que supuestamente vinculan con el  narcotráfico.

¿Puede el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) oponerse a una política de gobierno? ¿Puede el ministro de Seguridad explicarnos lo que hacía “Macaco” en Casa Presidencial?



Déjeme agregar una reflexión personal: cuando la DIS me negó la nacionalidad costarricense, en el 2009, alegando “mal comportamiento”, fue incapaz de darle al tribunal de apelación, integrado por tres magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, los antecedentes que justificaban esa decisión. No dijeron nada porque no tenían nada que decir y porque no podían decir lo que tenían. Se escudaron en las atribuciones que les conceden las leyes para quedarse callados. Después mintieron para esconder la infamia pero el Tribunal revocó la decisión de negarme la nacionalidad.



Ante esa realidad, dije entonces que la función de la DIS debería ser buscar delincuentes y no “disidentes”.



Gabriel Morales Fallón, el empresario dueño del avión en el que viajó la presidenta, también se nacionalizó costarricense. La DIS no tuvo ningún inconveniente en aprobarla.



No se trató de un error, sino de políticas. Políticas que permean todas las instancias del Estado, incluyendo las de seguridad, políticas que nos van a llevar a un descalabro, si no las paramos a tiempo. Políticas (y “políticos”, para usar un lenguaje inclusivo) que hay que cambiar si no queremos despertar un día y descubrir que el país se nos fue de la mano…