El pasado sábado 25 de mayo ambientalistas costarricenses se unieron a una manifestación mundial contra la empresa Monsanto. (Foto: Henry Picado)
Por medio de un conciso y contundente pronunciamiento, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) solicitó al Gobierno que se decrete una moratoria en la siembra de cultivos transgénicos, “hasta que se garantice que su uso no afecta negativamente el ambiente, la biodiversidad, la salud y el derecho humano a la soberanía y seguridad alimentaria”.
El Consejo Académico de ese Instituto solicitó la revocatoria de la decisión de la “Comisión Nacional Técnica en Biotecnología y el Servicio Fitosanitario del Estado, para la siembra de variedades de maíz transgénico”.
El documento emitido a finales de abril recuerda que la compañía Delta & Pine, filial local de la multinacional Monsanto, solicitó la liberación al ambiente en las localidades de Upala –Alajuela− y Cañas –Guanacaste−, de las variedades de maíz transgénico MON-88017, MON-603 (también identificado como NK-603), MON 863, y MON 89034, y pide que se revoquen esos permisos.
La empresa obtuvo el visto bueno de la  Comisión Nacional Técnica en Biotecnología; sin embargo, no ha podido proceder a la siembra del maíz, pues en febrero la Sala Constitucional acogió una acción de inconstitucionalidad del diputado José María Villalta del Frente Amplio y varias organizaciones, en contra varios artículos del reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria, que permiten la introducción de cultivos transgénicos.
 
“Existen numerosos cuestionamientos sobre la inocuidad alimentaria de estas variedades de maíz transgénico, la toxicidad crónica del herbicida glifosato y la inevitable contaminación genética que se daría, si se liberan al ambiente estas variedades de maíz genéticamente modificado”, apunta el documento del IRET.
Además, dicho texto enfatiza la preocupación de que la siembra de cultivos transgénicos traiga como consecuencia la aparición de organismos resistentes a antibióticos, herbicidas e insecticidas, y que por ello la actividad agrícola degenere “en una espiral de uso y dependencia creciente de los plaguicidas,  como única forma de control de plagas”.
Fernando Ramírez, ingeniero agrónomo e investigador del IRET, ahondó en los argumentos del pronunciamiento y detalló que la tecnología de cultivos transgénicos es “muy dependiente” de los herbicidas y en algunos casos también de insecticidas.
“En general –acotó− se trata de una tecnología desarrollada para depender de los plaguicidas como único método de control de plagas”.
Especificó que el maíz transgénico está diseñado para resistir la aplicación de herbicidas que contienen glifosato, un fuerte componente químico desarrollado por Monsanto en 1970. “Se ha visto que en los primeros años de uso de glifosato se da una cierta disminución en el uso de plaguicidas; pero,  posteriormente más bien se da un aumento, pues los insectos empiezan a desarrollar tolerancia”.
Sobre el uso de ese compuesto químico y otros herbicidas en el maíz, explicó que esta planta es de polinización cruzada, es decir presenta el sexo separado en sus flores masculina y femenina, que es el elote. Ello significa que requiere que caiga polen en la parte femenina, lo cual sucede mediante la acción del viento y de algunas especies de insectos.
Lo anterior implica que el polen se puede transportar desde plantaciones transgénicas a las no transgénicas y se empezarán a cruzar, “lo cual representa un peligro latente para las milenarias variedades criollas de maíz, que se conservan gracias a la cultura guanacasteca y se podrían perder, como el caso del maíz pujagua, maicena o cola de zorro”.
Ramírez recordó que se trata de variedades que a lo largo de muchos años han sido mejoradas por campesinos, quienes en caso de contaminación no podrían reclamar a las empresas involucradas, y más bien enfrentarían reclamos por parte de estas.
SEGURIDAD PARA EL PAÍS
El especialista también abordó el problema que representa la exposición de la fauna silvestre y la microfauna, es decir, insectos como abejas o avispas que se alimentan del néctar o el polen del maíz y que se verían expuestas al insecticida que produce la variedad transgénica de la planta, la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt).
Ramírez puntualizó que en estas variedades transgénicas el Bt está presente en todas las partes de las  plantas −raíz, hojas o polen− y hace que los insectos dejen de comer, ya que presentan síntomas de intoxicación.
Agregó que el Bt solo tiene efecto en las larvas de mariposas, pero no en otras especies atraídas por el maíz o el algodón, lo cual implica que se debe aplicar además otro tipo de insecticidas.
Hizo ver que se han dado intoxicaciones masivas de personas que manipulan este tipo de cultivos transgénicos −como el algodón− debido a la aplicación de insecticidas, como en Chomes, Puntarenas. “De manera que el cuento de que los cultivos transgénicos disminuyen el uso de plaguicidas no es cierto”, indicó.
Para Ramírez, el país no está cerca de tener seguridad de la inocuidad de los cultivos transgénicos, no solo para el consumo humano, sino para otros cultivos, pues los estudios que para ello se requieren son costosos y deben extenderse de 2 a 5 años y abarcar variables como toxicidad crónica o las mutaciones a largo plazo.
El agrónomo lamentó el hecho de que cuando otros científicos abordan esos estudios, las mismas compañías buscan la forma de refutar los resultados o la metodología empleada, como fue el caso del estudio liderado por el científico francés Gilles-Eric Séralini, quien a lo largo de dos años investigó los efectos presentados en ratas alimentadas con maíz transgénico.
“Sus resultados fueron asombrosos, se presentaron tumores y demás, pero las compañías buscan el pelo en la sopa, cuestionaron sus metodologías y obviaron lo principal del estudio”, reprochó.
Por su parte, Fabián Pacheco, representante de los sectores ambientalistas en la  Comisión Nacional en Biotecnología, confirmó que hasta el momento 56 cantones se han declarado libres de cultivos transgénicos, “pero es importante llamar la atención a que el Gobierno central no da la menor señal de que quiere respetar eso”.
En ese sentido, lanzó la voz de alarma porque esa instancia ha abordado la implementación de una mayor agilización de trámites en el marco del proyecto UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por sus siglas en inglés)-GEF (Facilitación Global del Medio Ambiente), que en su criterio “busca facilitar el camino a las corporaciones para introducir cultivos transgénicos en Costa Rica”, al pretender que todos los trámites se hagan por la vía digital, por medio de Internet y que la Comisión misma se reúna menos.
Cabe recordar que hace varios meses trascendió una iniciativa de Manuel Obregón, jerarca del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), para emitir un decreto que declare el maíz en sus variedades autóctonas como patrimonio cultural de Costa Rica.
Ese decreto fue trabajado en conjunto con el Ministerio de Agricultura (MAG), pero nunca fue publicado.
En oficio del pasado 6 de mayo, Carmen María Masís, directora de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República, le informó al MCJ que “con instrucciones superiores” devolvía sin el trámite respectivo la iniciativa, “a fin de que se valore la emisión de este decreto a la luz del tema de los transgénicos”.
 

 
Surge nueva alianza ambientalista

El 30 de mayo, la Alianza de Redes Ambientalistas (ARA) lanzará una iniciativa que une en una agenda concreta los esfuerzos de la Alianza Nacional en Defensa del Agua (ANDA), la Asociación Comunidades Ecologistas la Ceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica (COECOCEIBA-AT) –mediante su iniciativa “Encuentros bajo la Ceiba”−,  la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) y  Red Centroamericana de Acción del Agua (Fanca).
Se trata del esfuerzo conjunto de más de 80 organizaciones ambientalistas del país y trabajará entre junio y agosto en la realización de una serie de talleres en diversas comunidades, con el fin de elaborar una agenda puntual que en noviembre le será entregada a los candidatos presidenciales.

Los ejes temáticos de ese trabajo serán el agua, el ambiente marino costero, la soberanía alimentaria, el cambio climático, la industria extractiva, la biodiversidad y el ambiente urbano.

Mauricio Álvarez, representante de la ARA, expresó que ese trabajo “no se reduce a la cuestión electoral”, pues “lo más importante es la concreción de una hoja de ruta, que sirva para orientar las prioridades de la red en los próximos años”.