La empresa Repretel deberá reconocer que divulgó información errónea sobre Alejandro Uzaga. (Foto: archivo)
El “desgaste familiar y personal” que significó el proceso en su contra y “la falta de confianza en el sistema”, luego de que el Ministerio Público alegara la existencia de un supuesto documento de “seguridad de Casa Presidencial” que supuestamente lo vinculaba con grupos anarquistas.
Esas fueron las razones de mayor peso, que llevaron al estudiante de la Universidad de Costa Rica,  Alejandro Uzaga, a optar por la solución alterna de conflictos, ante las causas que lo enfrentaron con el Ministerio Público y la empresa Representaciones Televisivas S.A.
Cabe recordar que Uzaga fue detenido durante los incidentes que se dieron el pasado 1 de mayo frente a la Asamblea Legislativa, protagonizados por un grupo anarquista al cual Uzaga sostiene no pertenecer. Además, en varias videograbaciones se aprecia cómo fue agredido por personal de esa empresa, aun cuando se encontraba bajo el control de funcionarios de la Fuerza Pública (ver UNIVERSIDAD del 22 de mayo).
 
El estudiante de Ciencias Políticas detalló que el Ministerio Público le acusó por “resistencia agravada”, en el sentido de que supuestamente intentó liberar a un tercero. Cuando se le pidió su posición respecto de la acusación, Uzaga prefirió no opinar y remitió a un video que se puede apreciar en el blog de la activista Stella Chinchilla (http://stellachinchilla.blogspot.com/).
En otro cargo, la Fiscalía acogió una denuncia en su contra de un funcionario de Repretel por los daños materiales que sufrió una cámara.
Detalló que ante la primera acusación del Ministerio Público, se acordó la realización de unas horas de trabajo comunitario, que consistirán en pintar una zona de la Asamblea Legislativa y las horas que resten las donará a alguna organización no gubernamental, que se ocupe del tema de lesiones por quemaduras.
De acuerdo con Uzaga, al mismo acuerdo se llegó en los casos de José Pablo Romero y Heiner Bonilla −también detenidos ese día−, aunque a ninguno de los tres se les vinculó con daños a la Asamblea Legislativa o la tenencia de material inflamable. “Considero que ello es un fuerte simbolismo de parte del Ministerio Público”, expresó.
Sobre la disputa con Repretel, acordó el “pago simbólico” por el daño a la cámara y un finiquito penal y civil en las causas que ambas partes habían planteado. Especificó al respecto, que él retiró una denuncia de tipo penal que interpuso contra varios de los funcionarios de la empresa, mientras que ellos  retiraron cargos en su contra ante el Tribunal de Flagrancia, por daños materiales.
Agregó que la empresa accedió a emitir una aclaración de 5 minutos en la edición del mediodía de su noticiero, “para aceptar que publicaron datos erróneos de mi persona”. La multinacional tendría tiempo hasta el viernes 31 de mayo para cumplir con ello.
Por otra parte, el Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José −el mismo que atendió los casos de Uzaga, Romero y Bonilla−  dictó 2 años y 11 meses de prisión en contra de una de las personas detenidas ese mismo 1 de mayo, en las afueras de la Asamblea Legislativa. A esta persona sólo se le identificó con las iniciales E.B.O y se informó que se acogió a un proceso abreviado, en el que fue sentenciado por agresión con arma, amenaza a funcionario público y tenencia de material explosivo.
DESCONFIANZA EN LA JUSTICIA
Uzaga insistió en que aceptó la resolución alterna de conflictos, por “el desgaste personal y familiar que implicó el proceso y por desconfianza en el sistema”.
Ello, a raíz de que “como consta en el expediente oral y público” −durante la audiencia del jueves 2 de mayo ante el  Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea−, en el que “salió a la luz que supuestamente existe un informe de seguridad nacional de carácter secreto, en el que se me vincula con los anarquistas e incluso se señalaba que yo era peligroso, de cara a la visita del mandatario extranjero Barack Obama”.
Luego de esa audiencia se le concedió a Uzaga la libertad sin medidas cautelares, pues según relató, el juez expresó que no podía considerar como evidencia un documento que no conocía formalmente.
Sin embargo, Uzaga adujo que ese hecho “evidentemente hizo que perdiera completamente la confianza en el sistema”. Lamentó haberse enfrentado a lo que llamó “la justicia según los medios de comunicación” y destacó que más allá de UNIVERSIDAD “ningún otro medio ha mostrado interés” en el caso.