“La CCSS, evidentemente, va a hacer todo lo posible por sacar ventaja de esta negociación (para no reconocer el déficit de ¢ 5.174 millones que generó el programa PAIS). La CCSS perdió absolutamente todo interés en este modelo de salud integral”.
 
 
 
Heridas abiertas, duras negociaciones y el iniciar con los cambios prometidos en campaña marcaron el primer año de Henning Jensen al frente de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En entrevista con UNIVERSIDAD, Jensen aseguró haber logrado importantes avances en la consecución de fondos para la Universidad, el desarrollo de infraestructura y las complejas negociaciones que competen a la institución, como el préstamo con el Banco Mundial y el conflicto por la administración de los EBAIS en tres comunidades.
Para el rector, los conflictos fueron bien superados y ahora pone su atención en atender problemas como el interinato, pero sobre todo, el tratar de convencer a la comunidad universitaria de que sus decisiones hasta el momento han sido bien razonadas y analizadas.

El siguiente es un extracto de la conversación que el rector tuvo el 29 de mayo con los periodistas Javier Córdoba y Daniel Salazar.

¿Cuál considera usted que ha sido su principal logro durante este año?
—Tan solo una semana después de haber asumido la Rectoría tuvo que iniciarse la negociación de un nuevo Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), para determinar el financiamiento del año 2013. Esto fue un logro muy grande, puesto que alcanzamos un FEES con un crecimiento del 14.1 % después de que fue reajustado.
Pero eso fue, al mismo tiempo, acompañado por otra negociación que ha dado resultados sumamente positivos. Previo a la asunción de la administración por parte de mi persona, se hacía el comentario de que los proyectos especiales de infraestructura (megaproyectos) podían no tener continuidad. Cuando nosotros asumimos la administración el fideicomiso tenía $ 2 millones en fondos. Ahora tiene  $ 90 millones.
¿De dónde vienen esos $ 90 millones?
—Es una colocación privada; junto a los aportes del Banco Popular y el Banco de Costa Rica, hemos llegado a una cantidad tan grande como la que acabo de mencionar. Esto garantiza gran parte de los megaproyectos planificados previamente: teníamos planificado ocho edificios, ahora tenemos doce.
¿Cuáles son los nuevos edificios?
—Vamos a construir un edificio de aulas y laboratorios, que es una necesidad urgente. Lo vamos a hacer aquí en la finca uno; todavía estamos viendo exactamente el lugar. Esto es verdaderamente urgente, porque tenemos una demanda insatisfecha muy grande, tanto de aulas como de cupos en los laboratorios.
Luego vamos a construir la Facultad de Odontología. Vamos a hacer un edificio que llamamos “Integral Administrativo”, donde van a estar la Vicerrectoría de Investigación, el Sistema de Estudios de Posgrado y otras oficinas; y acompañando a todo eso vamos a construir dos edificios adicionales de parqueos.
Luego sigue la residencia estudiantil y la biblioteca de Ciencias Agroalimentarias. Todo eso tiene que empezar desde este año.
En su campaña y en una entrevista con UNIVERSIDAD decía usted que el “préstamo con el Banco Mundial no satisface el modelo de universidad pública que tenemos”. ¿El convenio negociado por su administración sí lo satisface?
—Esta negociación estuvo caracterizada por la eliminación de todos aquellos aspectos que pudieran ser lesivos para la autonomía universitaria. Se redactaron de nuevo muchos pasajes. Por ejemplo el convenio, que tenía una inclinación muy grande a favorecer a las tecnologías y a las ciencias exactas, y este elemento se eliminó completamente, en el sentido de que siempre visionamos el fomento de las humanidades, las artes y las ciencias sociales.
Luego incluimos una cláusula que dice expresamente que se respetará el artículo 84 de la Constitución Política: que se respetará la autonomía universitaria. Se eliminó el uso de la Caja única del Estado  y se estableció el principio de “Cuenta Única” para los beneficiarios del préstamo. Yo creo que esa negociación fue también muy exitosa.
¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de su gestión?
—Un momento difícil en la gestión fue, y en gran parte lo es todavía, la negociación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Fue una negociación muy dura y también muy riesgosa. Teníamos el riesgo de perder la negociación, pero la ganamos. Estamos en una posición de ventaja, para que en los próximos meses podamos recuperar parcialmente el déficit de más de ¢ 5000 millones que este programa nos ha provocado.

¿Aún no se ha le ha reconocido a la UCR el déficit de ¢5 174 millones que generó el Programa de Atención Integral en Salud (PAIS)?
—No. Se conformó una comisión que está analizando todo el proceso de gestión.
Pero el acuerdo decía que para mayo tenía que estar listo.
—Esperamos que lo esté en las próximas semanas. Esta fue una negociación muy dura, con una exposición nacional muy grande de parte de la UCR. Salimos muy bien parados de cara a la CCSS y creo que a la comunidad nacional; pero, ciertamente, la relación de la Universidad salió “herida”.
¿Por qué dice que este es todavía un momento difícil?
—Porque tenemos muchas cosas que negociar. La CCSS, evidentemente, va a hacer todo lo posible por sacar ventaja de esta negociación. La CCSS perdió absolutamente todo interés en este modelo de salud integral. Y la presidenta ejecutiva (Ileana Balmaceda) también lo dijo muy ampliamente: que a ella no le interesaba el modelo de la UCR. Lo dijo en estas fechas.
¿Cómo califica la relación que tiene con el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) y con la Federación  de Estudiantes (FEUCR), en este momento?
—Creo que los estudiantes han encontrado en esta administración y en mi persona un interlocutor abierto. La FEUCR ha encontrado en la Rectoría una instancia que comprende sus aspiraciones, comprende sus demandas y, por otro lado, trata de resolverlas dentro de las posibilidades existentes.
Pero no se trata tan solo de tener una buena comunicación y ofrecer una positiva interlocución. Se trata, además, de dignificar la situación y la condición de vida del estudiante universitario. Hemos hecho estos ajustes importantes en alimentación, en reubicación geográfica y en becas.
En cuanto a su relación con el SINDEU, ¿cómo la califica?
—Es una relación abierta. El SINDEU recibe permisos para hacer sus actividades; creo que no se les ha negado ni uno solo; también el SINDEU ha sido recibido en la Rectoría para discutir diferentes asuntos. El sindicato tiene su propia agenda y tiene sus propios intereses, que no necesariamente coinciden con los de la administración. Esto lleva a discrepancias, pero lo que se trata en esos casos es negociar esas diferencias.
También señalaba como punto importante la lucha contra la corrupción en la Universidad. Ahora, en este momento ¿qué medidas o acciones concretas han sido tomadas al respecto durante este año de trabajo? Por ejemplo, el caso PAIS o la Partida de Servicios Especiales, etcétera.
—Bueno, con respecto al PAIS estamos todavía haciendo las investigaciones correspondientes y tengo que decirle que los resultados preliminares indican que el PAIS ha sido víctima de una gestión administración muy deficiente. Pero nosotros no tenemos indicio alguno, como sí lo ha denunciado el SINDEU, de que haya habido actos de corrupción propiamente dichos. Aquí yo creo que lo que  ha imperado es que se han tomado medidas con criterios cuyos resultados no han sido los mejores para la gestión institucional.
Con respecto a la partida de servicios especiales, esta partida –efectivamente− en los últimos años demostró un aumento considerable. En términos redondeados pasó de ¢ 250 millones en tres años, a un presupuesto de ¢ 2500 millones. La partida de servicios especiales es una partida susceptible de ser utilizada según criterios subjetivos. Lo que nosotros hemos encontrado es que una enorme cantidad de recursos fueron otorgados sin el análisis administrativo previo.
Nosotros estamos otorgando los recursos y las plazas analizando la fundamentación de la solicitud nueva.
¿Para cuándo se va a poder comenzar a ver los cambios en cuanto al proceso de admisión que usted ofreció en la campaña?
—Es un proyecto que va a ser lanzado en el segundo semestre de este año, que consiste en identificar colegios en los que sus estudiantes tienen una probabilidad casi nula de ingreso a la UCR, en comunidades muy afectadas socioeconómicamente. Vamos a ir a esas comunidades, vamos a trabajar con los maestros, con los muchachos y los vamos a capacitar mejor para que puedan acceder a niveles superiores de educación.
¿Cuáles son esas comunidades?
—No le puedo decir en este momento, no me acuerdo del dato exacto. Pero sí le puedo decir que están en la zona norte, en la península de Nicoya, en la zona sur, Talamanca, donde tenemos identificados a los colegios y la situación. Los tenemos absolutamente diagnosticadas.
El Semanario UNIVERSIDAD publicó recientemente un estudio donde se muestra que cerca de un 28.7 % de los estudiantes que ingresan a la Universidad no lo hacen a la carrera de su preferencia. Generalmente, se quedan en otra carrera esperando cambiarse. ¿Qué hace la Universidad para atacar este tipo de situaciones y los problemas que esto genera?
—Bueno, por el momento no ha hecho mucho. Es más, yo creo que no ha hecho más que crear un modelo de admisión que tiene como resultado este problema. Pero sí le puedo decir que yo he constituido una comisión que tiene como tarea analizar el actual sistema y proponer medidas correctivas para ese 28 %. Yo espero que esté más o menos pronto; cuando lo tengamos lo vamos a discutir ampliamente con la comunidad universitaria.
Hace varias semanas este Semanario ha estado solicitando datos de deserción estudiantil, pero la respuesta es que no han estado disponibles. ¿Existe un interés real e importante de parte de la Universidad hacia este tema?
—Lo que pasa es que esa información no es fácil de conseguir. Hay que montar y construir esas estadísticas. Y eso corresponde a un complejo proyecto de investigación. No piense que hay retención de información, lo que pasa es que es difícil conseguirla.
¿Cuáles son  los mayores retos para su administración en adelante?
—Tenemos trabajando como docentes 2.190 personas que tienen una edad de 40 años o menos, muchas de ellas muy calificadas académicamente, con doctorados en las mejores universidades del mundo; pero solo 190 están en régimen académico. Tenemos 2000 personas que son interinas y tiene un ingreso mensual, más o menos, de ¢ 650 000. O sea, la UCR no tiene una política que realmente fomente el desarrollo académico, el desarrollo personal, que incluye la dimensión salarial de una parte muy importante de su población docente. Eso es un reto fundamental: dignificar a ese docente, darle mejores condiciones de trabajo, incluyendo la estabilidad laboral.
También, yo tengo como rector otro reto muy importante y es persuadir a la comunidad universitaria que estamos tomando ciertas medidas que son racionales y razonables para garantizar la sostenibilidad institucional a lo largo del tiempo. Tenemos que pensar en que debe haber un equilibro entre los beneficios personales y la sostenibilidad de la institución. Por ejemplo, en términos salariales. En la actualidad hay un cierto malestar, según percibo yo, en la comunidad universitaria, por el hecho de que hemos recordado que existe una normativa que debe ser aplicada para el otorgamiento de tiempos adicionales. Algunas personas han interpretado esto como una enorme restricción.