El consumo anual de combustibles que fue utilizado por la flota pesquera nacional en el año 2012 fue de  30.294.670 litros. (Foto: archivo)
La reciente publicación de la Ley 9134, que reduce en más de un 25 % el costo del combustible subsidiado para los pescadores, causó sorpresa entre pescadores y entidades  gubernamentales, quienes por varios años han cuestionado el papel del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en el adecuado control de estos recursos.
Dicha ley se publicó el pasado 13 de junio, tan solo dos meses después de que fuera aprobada de manera unánime por el pleno legislativo. Esta reinterpreta dos artículos (el 45 de la Ley del Incopesca y el 123 de la Ley de Pesca), en los cuales se faculta a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y a ese instituto para administrar un subsidio al combustible usado por los pescadores comerciales y turísticos.
Dicho precio especial se fundamenta también en la Ley 7055 (Presupuestos), mediante la cual Recope vende combustible “al costo” a la flota pesquera nacional, cuyas embarcaciones estén debidamente inscritas y posean las licencias respectivas, con el objetivo de fortalecer a este sector productivo.
Sin embargo, para sus oponentes,  la aprobación de esta ley “en tiempo récord” es contradictora, pues existen varios cuestionamientos de la Contraloría General y de la Auditoría Interna del Ministerio del Ambiente, que cuestionan que estos fondos cumplan el objetivo para el que fue creado y más bien, afirman, son  utilizados para fines ilegales y  beneficio de unos pocos intermediarios.
Jorge Jiménez, director general de la Fundación MarViva, afirmó que el subsidio otorgado a la flota pesquera nacional representó cerca de ¢10.000 millones del 2006 al 2012, por lo que “se esperaría” que una operación que involucra tanto dinero, al menos se fundamente en una idea clara de los beneficios por alcanzar.
“En este caso particular se debe ser especialmente cuidadoso, ya que este subsidio, sus canales de distribución y sus supuestos beneficios, han sido por años seriamente cuestionados en informes de la Contraloría y del Ministerio de Ambiente y en comunicados del sector pesquero artesanal –el supuesto principal beneficiario−”, señaló Jiménez.
CUESTIONAMIENTOS
“No estoy en contra de los subsidios, sino de los que están mal administrados. Se aprueba una Ley en donde no hay ningún análisis previo (de parte del Incopesca) de si el subsidio está ayudando o no al sector”, agregó Jiménez.
Por su parte, Mariano Castro, miembro del Programa de Restauración de Tortugas Marinas (Pretoma) y del Frente por Nuestros Mares, criticó la aprobación de esta ley, pues la considera una acción “irresponsable”, al haber detrás una larga lista de cuestionamientos por deficiencias en el sistema.
“No existe un control; lo que me parece sumamente irónico es que la Contraloría dice en su informe que valoren si vale la pena este subsidio y más bien la Comisión de Agropecuarios que dictaminó el proyecto, la convierte en una ley  que abarata aún más el combustible”, reprochó Castro.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) del 2008 detectó deficiencias en el sistema de control del subsidio a los combustibles destinados para la flota pesquera: unas 7000 embarcaciones, grandes, medianas y pequeñas, según datos del Incopesca (ver recuadro).
En el 2011 y 2013, dos informes de la Auditoría Interna del Minae hacen eco de los cuestionamientos de la CGR.
En ellos se afirma que los incentivos que recibe el sector, por concepto del subsidio, superan los ¢110 millones que permite la Ley de Presupuestos 7055, y citan el uso indebido del combustible por embarcaciones que incluso han irrespetado las zonas protegidas, entre otros.
Luis Dobles, presidente ejecutivo del Incopesca, refutó tales cuestionamientos y alabó los beneficios de la ley, la que −en su criterio− permitirá que el sector pesquero nacional tenga combustible a precio competitivo.
“Viene a solventar una problemática de más de 11 años, pues en el cálculo del combustible subsidiado se les estaban cargando, por mala interpretación, una serie de rubros que no se debían hacer (flete, seguros, costo por traslado, etc.)”, alegó Dobles.
Agregó que estos cuestionamientos “no tienen ningún tipo de prueba, ni demostración que constate la falta de control. Son estudios de escritorio, sin ningún tipo de conocimiento”.
Por su parte, José Lino Chaves, viceministro de Agua y Mares del Minae, afirmó desconocer el proyecto antes de su aprobación, aunque reconoce “la deficiencia en los controles del subsidio. Preocupa que haya más dinero con un control que no sea el adecuado.
PESCADORES PEQUEÑOS NO LO USAN
“Tuvimos una reunión de 32 organizaciones pesqueras con el Minae, para decirles que ese combustible no nos está llegando, porque hay que ir a recogerlo muy largo y nos sale más caro el viaje que lo que nos rebajan”, reclamó Rolando Ramírez, presidente de la Asociación de Pescadores de Quebrada Honda de Pochote.
“Muchos pescadores no utilizan todo el combustible. Cuando yo lo usé tenía derecho a 600 litros de gasolina por mes (tres estañones) y sólo gastaba 50; el expendedor de combustible se dejaba el resto, para pagar el seguro y el impuesto de Hacienda, pero  tampoco lo hacía; se dejaba el resto para venderlo él”, puntualizó Ramírez.
Igual razón esgrimió Enoc Rizo, de la Asociación de Pescadores de Colorado de Abangares, quien hizo ver que muchos de los pescadores de su asociación no pueden comprar todo el combustible y no les sale rentable viajar hasta Chomes o Puntarenas, para traer un poco de combustible.
“Es correcto que no todos los pescadores con licencia en el país accesan al combustible por diversas razones, pero no veamos el punto negro en la hoja blanca; las anomalías no necesariamente están asociadas al combustible”, aseveró Dobles.
“Hablamos de un uso adecuado del 90 al 95%; yo quisiera ver cuántas actividades en nuestro país en materia de supervisión y control tienen eso, para que hagan críticas de esa naturaleza. Esos no son controles de la institución, sino de los pescadores y de cada ciudadano”, añadió.
Datos de Recope indican que los pescadores deben hacer un contrato con el Incopesca y contar con los permisos del Minae para almacenar los combustibles, previo otorgamiento de un código de cliente de la Refinería. La compra del producto se hace en las estaciones de servicio acreditadas bajo el control del Instituto.

Escasa supervisión*
De acuerdo con la Contraloría General de la República, en la entrega de combustible subsidiado al sector pesquero y turístico hay escasa supervisión.
Un informe del 2008 menciona una serie de deficiencias en dicho manejo:
 -“Falta de efectividad del Incopesca en la administración y control de este
Beneficio”.
-“Escasa supervisión y ausencia de estudios que permitan verificar el uso eficiente del combustible para la flota pesquera nacional no deportiva”.
-“Evidente falta de políticas, procedimientos precisos, y mecanismos de control suficientes y uniformes que regulen el accionar de las organizaciones intermediarias y sirvan como criterio en las inspecciones
-“Personas que no son pescadores se ven beneficiadas con el combustible a precio preferencial”.
-“Existen irregularidades en la elaboración y verificación de las conciliaciones de combustibles”.
-“Sistemas automatizados ineficaces para un adecuado control de órdenes de compra de combustible”.
-“Debilidades en el procedimiento de tramitación de órdenes de compra de combustible a precio preferencial”.
*Fuente: Informe CGR-2008

Subsidio en cifras*
-Millones de litros de combustible subsidiados (2006-2012): 223.437.073.
-Millones de dólares subsidiados en el mismo período: $108.6.
-Concepto de exoneración de combustible que actualmente se le otorga a la flota pesquera nacional: $15.521.491 en promedio cada año.
-Impacto de la Ley para la gasolina plus 91 y diésel 50: de ¢975.718.779 ($1.913.174) y ¢984.230.307 ($1.929.863,00), respectivamente.
*Fuente: Minae