El CNC, con sede en Oficentro del Este, San Pedro de Montes de Oca, contrató un abogado por un monto tres veces superior a la suma disputada en el juicio. (Foto: archivo)
Para atender un juicio por ¢5 millones, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) contrató un abogado por casi ¢20 millones, es decir tres veces más de lo que hubiera costado una conciliación.
Lo anterior, sin contar los gastos administrativos aparejados al juicio y el pago de costas del proceso en caso de un fallo desfavorable para la institución, como sucedió con la sentencia judicial en primera instancia, la cual fue recurrida por el CNC ante el tribunal de casación, donde está pendiente de resolución final.
Este caso no parece ser la excepción en cuanto al descontrol en el manejo de recursos públicos que se da con el incumplimiento de resoluciones, contrataciones, fiscalización y controles de proyectos, como se muestra en informes de la misma auditoría interna de la institución.
 
Respecto al caso en referencia, el CNC contrató el 8 de junio del 2012 al bufete BDS Asesores jurídicos S.A. los servicios de un abogado especialista en derecho laboral, para atender un juicio interpuesto por un funcionario de la institución ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José con un costo de ¢19.133.625, según consta en el expediente del caso.
El funcionario reclama a causa del incumplimiento por parte del CNC,  del acto en que se le promovió a otro puesto y luego no se cumplió.
La demanda es un proceso de tramitación simple, en el que no se discuten asuntos de fondo, y básicamente lo que se requiere es que la parte actora pruebe que se dio el acto administrativo en cuestión, como efectivamente sucedió, por lo que en el juicio la institución “lleva las de perder”, explicó un abogado especializado en la materia quien prefirió no ser identificado.
El pasado 30 agosto el juzgado declaró con lugar la demanda (voto: 000272-2012), y  ordenó al CNC la ejecución del nombramiento, el pago de ambas costas del juicio, la diferencia salarial sin cancelar con intereses incluidos, a partir del  2010, cuando se tomó la decisión del traslado de puesto.
“Se confirma la naturaleza de acto administrativo firme y favorable del acuerdo 001-2010 del Consejo Nacional de Concesiones y en consecuencia el incumplimiento de su parte, consistente en completar el proceso, que conforme al artículo 110 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil le corresponde. Se concede al Concejo Nacional de Concesiones y a su Unidad de Recursos Humanos el plazo de tres días hábiles para que remitan a la Dirección General del Servicio Civil el informe URH-AO-0007-2011 donde se informa y se justifica la reasignación del puesto 501159 (….), dispone entre otros términos la sentencia, de la juez Lorena Montes de Oca.
El fallo fue recurrido ante casación, donde está pendiente de resolución, lo que supone un mayor costo para la administración.
DUDAS
No queda claro por qué se contrató asesoría en derecho laboral para atender un juicio contencioso administrativo, que requiere experiencia específica en materia administrativa, y por qué se acabó pagando más de  ¢19 millones, cuando la firma de abogados había ofrecido la asesoría por poco más de ¢2.4 millones, e incluso se había redactado el contrato en esos términos.
La semana pasada, por medio de su oficina de prensa, se le consultó al secretario técnico del CNC, Edwin Rodríguez, por qué se hizo esa contratación; pero, al cierre de esta edición no había llegado respuesta.
En la orden de compra emitida por la Proveeduría del CNC, se justifica el pago de la asesoría por contratación directa con el alegato de que el proceso judicial requiere de atención urgente, de que se trata de un expediente complejo en materia laboral, y que la empresa por contratar cuenta con profesionales especialistas en la materia.
Según se lee en el contrato firmado con BDS, la prestación de los servicios profesionales se valora con base en las horas profesionales efectivamente dedicadas a la atención del caso y de las gestiones relacionadas con este, a razón de $250 por hora, para un estimado de 150 horas, al tipo de cambio de ¢510,23. Esto totaliza $37.500 (¢19.133,625), que serán liquidados periódicamente al abogado con un desglose de las horas facturadas. Además, le corresponderá al profesional el producto de las costas del juicio, en caso de que los procesos bajo su dirección lleguen a fallarse con condenatoria en costas para la parte contraria.