La irritación creció en el Congreso norteamericano después de conocer, la semana pasada, los detalles del vasto programa de control de llamadas y correos en Internet, promovido por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), el organismo de inteligencia más poderoso del país.
El presidente del grupo parlamentario demócrata en la cámara, Xavier Becerra, criticó la poca atención prestada por los parlamentarios a estos programas. “Ahora estamos viendo los daños”, afirmó, lamentándose de no haber hecho lo necesario para derogar antes el “Ley Patriota”. Adoptada por el congreso pocas semanas después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, su vigencia fue prorrogada en 2011 por el presidente Barack Obama, hasta el 1 de junio de 2015.
Pieza fundamental de la “guerra contra el terrorismo”, esta ley ahora está bajo escrutinio, al conocerse las dimensiones de programas masivos de vigilancia de las comunicaciones, que afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como extranjeros.
 En una operación similar a la filtración de miles de documentos por parte del soldado y analista de inteligencia Bradley Manning a Wikileaks ─razón por la cual puede que lo condenen a prisión de por vida─, otro joven analista de inteligencia, Edward Snowden, se rebeló contra sus actividades de espionaje.
Snowden, trabajador de una empresa privada contratada por la ASN, decidió entregar al diario inglés The Guardian y al Washington Post los detalles del programa PRISM, el cual está orientado a darle seguimiento a millones de comunicaciones por Internet.
Se trata de utilizar las supercomputadoras de la ASN para rastrear palabras claves o números de teléfonos que permiten dar seguimiento a comunicaciones que consideren sospechosas de estar vinculadas a planes terroristas.
Dado que, de acuerdo con la ley, la ASN no puede espiar a ciudadanos norteamericanos, la agencia entregaba la información recopilada a 16 otras agencias de inteligencia o a autoridades policiales para que procedieran a investigar.
Según lo publicado por el diario The Guardian, desde 2007 se vigilaba los correos de Hotmail, a lo que luego se sumaron los controles sobre Yahoo y Google. La vigilancia incluía también servicios como Talk, AOL y Skype, así como fotografías y videos que circulan en las redes sociales.
Además, se controlaban las comunicaciones por redes de voz (datos de las llamadas como destinatarios, duración y localización, pero no contenido) de millones de móviles de la compañía Verizon y se planeaba ampliar el control a programas de almacenamiento de información como Dropbox. Solo Verizon tiene 121 millones de clientes, según un informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de este año.
De acuerdo con una autorización dada el pasado 25 de abril bajo las normas de la llamada Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA), una ley aprobada en 1978, la ASN estaba autorizada a registrar las llamadas durante un período inicial de tres meses, que vence el próximo 19 de julio.
Un vastísimo esquema de espionaje que, según el excandidato a presidente Al Gore, no solo violan las leyes norteamericanas, sino que no corresponden con el modelo político de su país.
FILTRACIONES
Snowden abandonó su residencia en Hawái para reaparecer en Hong Kong, donde se identificó como responsable de las revelaciones hechas por The Guardian.
Lejos de ser una persona crítica del sistema político norteamericano, Snowden, como el soldado Manning, compartían una creencia profunda en ese sistema. Quizás por eso mismo terminaron sintiéndose incómodos cuando se vieron obligados a realizar trabajos de vigilancia que les parecía violar principios en que creían.
“A Edward Snowden ‘le iba muy bien’. A sus 29 años tenía un salario de unos 200 mil dólares al año, una casa en Hawái donde vivía con su novia y una familia que ama”, según datos divulgados por la prensa. La cifra de 200 mil dólares, en todo caso, fue desmentida después por la empresa para la que trabajaba Snowden, la Booz Allen Hamilton, una contratista de seguridad, que la redujo a 122 mil.
“Estoy dispuesto a sacrificar todo esto porque no quiero permitir que el Gobierno de Estados Unidos destruya la privacidad, la libertad en Internet y las libertades básicas de la gente del mundo con esta máquina de vigilancia que está construyendo”, afirmó desde su refugio en Hong Kong.
Pero ya sus filtraciones habían despertado un avispero y provocado todo tipo de reacciones, en ese país y en el exterior.
Obama rechazó las críticas al programa, al señalar que fue revisado cuidadosamente por sus asesores, quienes llegaron a la conclusión de que ayudaban a prevenir ataques terroristas. “No se puede tener 100 % de seguridad y también 100 % de privacidad y cero inconvenientes”, estimó el presidente.
Una posición similar defendió la presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, demócrata por California, y su vicepresidente, Saxby Chambliss, republicano por Georgia. En una declaración conjunta señalaron que “la amenaza del terrorismo permanece de manera muy real y estas actividades de inteligencia legales deben continuar, con la cuidadosa supervisión de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial”.
Pero esta no es una opinión generalizada en el congreso. Por el contrario, el republicano Steve King, considerado de línea conservadora, estimó que habrá una reacción conjunta de los dos partidos ante estas revelaciones.
A algunos congresistas les molestó especialmente declaraciones falsas del director nacional de Inteligencia, el general James Clapper, a una comisión del Senado, en marzo pasado, sobre el tema de la vigilancia que ejercía sobre ciudadanos norteamericanos.
“Clapper mintió bajo juramento”, escribió el congresista republicano Justin Amash, quien afirmó que los miembros del congreso “no pueden tomar decisiones adecuadas sobre temas de inteligencia cuando la cabeza de la comunidad de inteligencia obstinadamente hace afirmaciones falsas. El perjurio es un crimen serio. El señor Clapper debe renunciar inmediatamente”, estimó.
En una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado, el pasado 12 de marzo, Clapper había contestado con un “no” a la pregunta del senador Ron Wyden interesado en saber si la ASN recopilaba algún tipo de información sobre millones o centenares de millones de americanos.
Las revelaciones de Snowden provocaron también reacciones en Europa. En Bruselas, la vicepresidente de la Comisión Europea, Viviane Reding pidió al fiscal general de los Estados Unidos que respondiera detalladamente a siete preguntas sobre el programa de vigilancia, preocupada, sobre todo, de que pueda afectar también a ciudadanos europeos.
Las denuncias de Snowden pusieron en evidencia el papel de los contratistas en los programas de defensa de Estados Unidos. Según la agencia AP, “el Gobierno de Estados Unidos vigila las amenazas a la seguridad nacional con la ayuda de casi 500 mil personas como Edward Snowden, empleados de firmas privadas que tienen acceso a secretos sumamente delicados”.
La empresa “Booz Allen, con sede en McLean, Virginia, ofrece servicios de consultoría, apoyo tecnológico y análisis a agencias y departamentos del Gobierno estadounidense. El año pasado, 98 % de los $ 5 900 millones en ingresos de la empresa provinieron de contratos del Gobierno. Tres cuartas partes de sus 25 mil empleados mantuvieron sus autorizaciones gubernamentales. La mitad de ellos tienen permisos ultrasecretos”, agrega la información.
CIBERATAQUE
El debate trajo a la luz también declaraciones del general Keith Alexander, director de la ASN y del Cibercomando Militar. En su opinión, Estados Unidos es vulnerable a ataques cibernéticos.
Infraestructura crítica para los Estados Unidos ─que abarca desde telecomunicaciones hasta abastecimiento de agua o electricidad─ no está adecuadamente preparadas para enfrentar un ataque cibernético, estimó el general Alexander.
Cerca de 90 % de esa infraestructura es propiedad privada y no está bajo control del Gobierno o de los militares, recordó. Se trata de un tema que ha generado tensiones entre Estados Unidos y China, y que ha sido también objeto de discusiones después del ataque cibernético a las instalaciones nucleares de Irán, hace ya algunos años.
 “Confiamos en que la mayor parte de los líderes extranjeros saben que un ataque devastador contra infraestructura crítica y la población de los Estados Unidos por medios cibernéticos podría desatar una respuesta rápida y proporcional. Sin embargo, algunos regímenes o ciberactores podrían calcular mal el impacto y la seguridad de nuestra decisión”, concluyó el general.