Maynor Ortiz relató las agresiones que sufrió en enero y por las que no se ha encarcelado a nadie. (Foto: Fabián Hernández)
Hartos de promesas no cumplidas por parte del Gobierno central −como la no aprobación del proyecto de ley de autonomía indígena− y del manejo de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) local, en la comunidad indígena bribri de Cabagra, el Consejo de Ancianos Iriria Jtechc Wakpa busca abiertamente sustituirla para ofrecer soluciones a los problemas de tenencia de la tierra.
Así lo explicó a UNIVERSIDAD Gumercindo Torres  −quien integra ese Consejo−, durante una entrevista el pasado lunes 1 de julio en este Semanario, acompañado por Maximiliano Torres, quien también integra esa organización.
Además estuvieron presentes Mariana Delgado y Maynor Ortiz −del territorio indígena de Salitre−, quienes narraron los violentos hechos acaecidos en enero pasado, en el contexto de los conflictos por la tenencia de la tierra con personas no indígenas. Ambos territorios indígenas se encuentran en Buenos Aires de Puntarenas.
Expresaron molestia por el hecho de que no hay medidas cautelares dictadas contra los agresores. La visita de las cuatro personas a San José tuvo el propósito de sostener una reunión en la Fiscalía de Asuntos Indígenas, para tratar esos temas y fue gestionada por la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö.
 
Gumercindo Torres expresó que el Consejo de Ancianos “nace de la frustración con el Gobierno, por la no aprobación del  proyecto de autonomía y hartazgo con la ADI”.
“¿Por qué tenemos que esperar que se apruebe la ley para organizarnos y confirmar que somos los naturales de la tierra y vivir nuestra cultura propia?”, cuestionó.
Añadió que tras 38 años están cansados de la ADI de Cabagra, debido a año tras año muchas familias  acuden a la Asociación para buscar solución a sus problemas por tenencias de tierra y “ven que no se solucionan, que personas no indígenas reciben documentos, las parcelas siguen en disputa y no entienden por qué”.
La visita a la Fiscalía de Asuntos Indígenas tuvo el propósito de poner en conocimiento de las autoridades, varios casos relacionados al problema de tenencia de la tierra.
Maximiliano Torres detalló que el Consejo se formó a partir de los nueve clanes tradicionales de la zona, con el propósito de “volver, proteger y defender el territorio de nuestros antepasados y nuestra forma de vida”.
En mayo la ADI emitió un documento con fuertes críticas a este Consejo y a Maximiliano Torres, acusándoles por integrar el Consejo “mediante autonombramiento, desconociendo todo el bagaje cultural que en materia de Derecho Consuetudinario aplica en nuestro pueblo” y porque “han procedido a hacer documentos de tierras sin tener la autoridad jurídica ni legal para ello, invasión y robo en propiedades de otros indígenas”.
UNIVERSIDAD intentó contactar a Eduardo López, integrante de esa ADI, pero no fue posible ubicarlo por su teléfono celular.
VIOLENCIA  EN SALITRE
Sobre la situación que se vive en Salitre, Mariana Delgado coincidió en señalar que el fracaso del proyecto de autonomía indígena significó que “no nos queda más que luchar nosotros mismos por lo que se nos ha quitado”, pues muchas tierras están en manos de no indígenas, según dijo.
Por su parte, Maynor Ortiz relató el ataque sufrido el 4 de enero hacia las 11:30 p.m., cuando su familia se encontraba en una casa en la finca de su hermano Wilberth, “que es territorio recuperado por nosotros”.  Recordó que llegaron unos 50 hombres armados, entraron a la casa y le golpearon a él y otras dos personas. “Mi madre, mi mujer y mi hija de cinco años vieron cuando me dispararon en la pierna, luego empezaron a golpearme con palos y a patadas”, un sujeto le apuntó con un arma a la cabeza y posteriormente sintió “una platina caliente en el pecho”; después de eso lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.
Gustavo Oreamuno, de Ditsö, puntualizó que en la reunión sostenida el lunes 1 de julio, el fiscal auxiliar a cargo del caso explicó que no se ha solicitado la realización de un juicio, en espera de la valoración que se le hará a Maynor y su hermano José Luis Ortiz, para determinar la existencia de las lesiones sufridas.
“El fiscal aceptó que las medidas cautelares no habían sido solicitadas por la Fiscalía de Buenos Aires en el momento procesal cuando se dio la indagatoria”, añadió.