Estado de la Región analiza nuevos índices del istmo
Un total de 40 de cada 100 habitantes de la región centroamericana no solo son pobres, ubicados en el empleo informal y carecen de derechos laborales, sino que se encuentran excluidos de todos los sistemas y políticas sociales de los estados.

Así lo confirmó la publicación de Estadísticas de Centroamérica 2013, una actualización del Programa Informe Estado de la Región, la cual hace énfasis en que ese 40% de la población no alcanza la línea mínima de ingresos, no cuenta con salario mínimo, tiene poco acceso a la educación, a la seguridad social, a pensiones, es decir, están fuera de los beneficios del desarrollo.
El compendio estadístico hace un mapeo de los principales índices sociales, económicos, políticos y ambientales de los países de Centroamérica y sistematiza la información sobre las tendencias más relevantes del desarrollo humano sostenible de la zona.
Para elaborar el Informe fueron consultadas estadísticas generadas por más de 150 instituciones nacionales, regionales e internacionales, y de acuerdo con Diego Fernández, encargado de Estadística del Estado de la Región, constituye una herramienta de información, con una serie de hallazgos claves para la toma de decisiones de las naciones.
PIEDRA EN EL ZAPATO
Según el estudio, en la última década la población centroamericana pasó de 35.93 millones de personas en el año 2000 a 43.67 millones en el 2011, y ante ese crecimiento la región tiene 3 millones más de pobres, que deben enfrentarse todos los días a situaciones de exclusión social.
Entre los altos niveles de pobreza, Honduras es el país que presenta índices más elevados, con un total de 61,9% de su población y aunque este ha logrado reducir un poco sus indicadores, junto con El Salvador, Nicaragua y Panamá, la reducción no es lo suficientemente representativa.
Por su parte, Costa Rica no ha logrado avances en la distribución de los ingresos, y en Guatemala y Belice los índices han mostrado una tendencia al incremento de la desigualdad.
Aunado a esto, solamente un 20% de la población centroamericana cuenta con cobertura de seguridad social, es decir, 8 de cada 10 personas deben buscar por sus propios medios, la forma de garantizarse servicios de salud y la atención de sus enfermedades, en el mejor de los casos.
Los países de la región invierten muy poco en la salud de su gente; de hecho solamente Costa Rica cuenta con un porcentaje adecuado del gasto público en este rubro y ha tenido un crecimiento sostenido, pues pasó de 5% en el año 2000 a 8,7% en 2011.
En contraste, Nicaragua invierte en gasto público un 3,7%, Honduras un 2,9%, El Salvador un 2,1%, Panamá un 2,0% y Guatemala, con la cifra más baja, únicamente un 1,1%. Es decir, no solo no existen políticas de seguridad social en los países de la región, sino que los Estados no se preocupan por garantizar una inversión mínima en este sector.
Otra arista que está estrechamente vinculada con el problema de exclusión social es la injerencia de los índices de deserción en educación secundaria, que siguen afectando a los jóvenes centroamericanos −quienes más sufren el desempleo, junto con las mujeres−; Nicaragua presenta el dato más elevado con un 19,2%, Panamá un 15,3%, Honduras un 8,8%, Costa Rica un 11,1%, El Salvador un 5,8 y Guatemala un 5,0%.
Esto tiene un efecto negativo en las posibilidades de acceder a empleo de calidad de los jóvenes, pues abandonan las aulas, en muchos casos con la ilusión de salir a la calle y conseguir un trabajo digno que les permita salir de la pobreza, y como está demostrado, esto solo produce una mayor brecha de desigualdad y falta de oportunidades.
Todas estas personas que ingresan a trabajos informales o de mala calidad, no cuentan con vacaciones, aguinaldo, salario mínimo y tampoco cotizan para una futura pensión, lo que se traducirá, evidentemente, en más pobreza en el futuro.
De la misma forma, los Estados centroamericanos invierten muy poco en la educación; salvo por Costa Rica, que destina un 7,1%, todos los demás países están por debajo del 6% de gasto público, en relación con el Producto Interno Bruto.
Las cifras del Estado de la Región plantean que Honduras invierte un 6%, Nicaragua un  5,2%, Panamá un 3,8%, El Salvador un 3,4% y Guatemala, nuevamente con la cifra más baja, destina un 1,6%.
Para Evelyn Villarreal, del Estado de la Región, toda esta situación no permite romper con el patrón de exclusión social y tiene su génesis en las pocas capacidades que tienen los estados centroamericanos para llegarle a su población; el gasto en políticas públicas es mínimo, así como la deficiente institucionalidad que tienen los países.
Adicionalmente, los mercados son poco dinámicos y están generando empleo de muy baja calidad, trabajos que por lo general no cumplen con los parámetros que organismos como la Organización Internacional del Trabajo establecen como mínimos.
Pero todos estos problemas sociales no vienen solos, ya que la enorme desigualdad que viven los pobladores se traduce en situaciones de criminalidad y violencia en los países, lo que ha generado que la región sea catalogada como la más violenta del mundo (ver recuadro: Región más violenta).
CALDO DE CULTIVO
“Verdaderamente las circunstancias que deben enfrentar cuatro de cada diez centroamericanos es terrible y abre las puertas al caldo de cultivo ideal para extender los niveles de criminalidad de la región, que están catalogados en dos áreas: el crimen vinculado con el narcotráfico y el crimen organizado, ambos de gran peligrosidad”, detalló Villarreal.
Esto es evidente cuando se analizan las cifras de homicidios por cada cien mil habitantes, sobre todo de los países que se encuentran al norte: Honduras con una elevada cifra de 86,5, El Salvador con 68,5 y Guatemala que alcanza los 38, datos que son más altos que aquellos que presentan países históricamente violentos. En estas naciones el impacto de las bandas y pandillas ha puesto en vilo al resto de la ciudadanía y a las autoridades.
“Y aunque en la actualidad las pandillas llegan a acuerdos y se distribuyen los territorios, los índices no se reducen, porque existe la criminalidad de la supervivencia, que está vinculada con mucha de esta gente excluida, quienes roban y matan o se vinculan a una red de narcotráfico que les ofrece ganarse millones de dólares por un trabajo mucho más factible de acceder”, expuso la experta.
A pesar de que Centroamérica es la región más violenta del mundo −junto con las naciones del Caribe−, lo cierto es que en los últimos años las cifras se han reducido un poco en casi todos los países; no obstante, la tasa es tan elevada que los efectos de la disminución no son tangibles.
Dicha reducción, indica el Informe, está relacionada con que los carteles y pandillas se han dividido las zonas para su acción; además, los municipios más violentos han implementado políticas que estarían generando cambios positivos.
En la última década, más de 145.000 personas han sido asesinadas, y los niveles de violencia son sumamente elevados en los países del norte, que han alcanzado índices históricos.