Carlos Roverssi, Ministro de Comunicación y Enlace.
El hecho de que justo en el año anterior a las elecciones nacionales el Gobierno gaste en publicidad y comunicación una donación por ¢470 millones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), no es para nada del agrado de quienes aspiran a la Presidencia de la República.
Se trata de una donación en el marco del denominado “Programa de Fortalecimiento de los procesos de comunicación política con los ciudadanos”, cuya tramitación se dio el año pasado y su ejecución fue anunciada por el exministro de Comunicación, Francisco Chacón, en abril pasado.
Esos fondos se destinan a rubros como realización de encuestas, producción de cadenas televisivas y otros espacios publicitarios en televisión, sobre la gestión del gobierno de Laura Chinchilla.
Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), piensa que la ejecución de esos fondos este año “no es una buena noticia”, pues “cuesta imaginarse que no tengan una lógica electoral y un impacto en la campaña”. Esto “confirmaría la voluntad del Poder Ejecutivo de incidir en la campaña, quizás de manera indebida y en todo caso de manera parcial”.
 
Para el diputado y candidato del Frente Amplio, José María Villalta, es “evidente” que en pleno año electoral “el Gobierno está metido de lleno en la campaña política” y criticó al ministro de Comunicación, Carlos Roverssi, porque “no pierde oportunidad para hacer campaña a favor del PLN e  incluso para atacar otros partidos”.
Roverssi, por su parte, expresó que los gastos obedecen a una obligación del Gobierno por “rendir cuentas”, el cual se ha visto afectado por una “debilidad en la información que ha ofrecido al país sobre su obra” (ver recuadro).
Por otra parte, Johnny Araya, candidato del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), coincidió en afirmar que la administración Chinchilla ha ejecutado “acciones importantes que no se han comunicado eficientemente”. Sin embargo, reconoció que esa comunicación deficiente es “sólo una de las causas” que ha influido en la opinión desfavorable “que los costarricenses se han formado sobre la Presidenta y su gestión”.
Sobre los recursos provenientes de la donación del BCIE, Araya expresó que la suma podría considerarse “desproporcionada” si el 100% de esos recursos se invierte en comunicación. “Según conocemos, el dinero se invertirá en una variedad de programas; pero, si no fuera así, me parece que la suma es exagerada”.
Es preciso destacar que la respuesta que se recibió de Araya por escrito se refiere a la suma de $1 millón −que al día de hoy serían unos ¢540 millones−, mientras que Roverssi reconoció que en un primer momento se habló de que la donación sería por ese monto, pero que quedó en los mencionados ¢470 millones, pues quizás al momento de la negociación −mucho antes de que asumiera el cargo− ese era el tipo de cambio.
Con la donación de ¢470 millones del BCIE, la subpartida del presupuesto de la República de publicidad para la Presidencia para el 2013 alcanzó ¢792.555.000, según informó el Ministerio de Comunicación y Enlace.
Ello se suma a los ¢560.151.000 del 2010, los ¢512.547.000 del 2011 y los ¢512.182.000 del 2012, para un gran total de ¢2.377.435.000. Esos montos incluyen la producción de cadenas de radio y televisión.
GASTOS
Roverssi detalló que el BCIE destinó ¢25 millones para la contratación de una auditoría externa sobre el uso de los recursos.
Acerca de los rubros en que se gastará la donación, informó que ¢100 millones ya se usaron en la contratación de la agencia de publicidad RV Producciones, para hacer cadenas y anuncios de televisión, lo cual se definió antes de su llegada.
Otros ¢100 millones fueron destinados por su antecesor a la empresa Luz Art, para la producción de eventos públicos con tarima, unas 200 sillas para adultos mayores, pantalla, luces y sonido.
Dijo que se dispone de ¢20 millones para contratar “al menos un abogado”, para “tener posibilidad de ejercer el derecho a defensa durante el periodo de veda, si algún partido político ataca al Gobierno”.
Otros ¢10 millones serían destinados a contratar un fotógrafo, con miras a la elaboración del informe final de gestión.
En los servicios de la empresa Controles Videotécnicos ya se ha gastado parte de los ¢25 millones destinados a monitoreo de medios y además ¢50 millones se destinaron a la contratación de tres encuestas nacionales y sus seguimientos telefónicos, con la empresa Demoscopía. Respecto al manejo de redes sociales, ¢30 millones se destinaron a la empresa LGC.
Roverssi además informó que el contrato por ¢10 millones con la firma Eureka para la elaboración de discursos, fue rescindido por mutuo acuerdo con la empresa −a la que se pagó ¢1 millón por trabajos ya realizados− y que más bien se gastarán ¢40 millones en “construcción de mensajes”, es decir “elaborar técnicamente mensajes de comunicación, para que la gente entienda qué significa la labor del Gobierno”.
Otros ¢100 millones se dedicarán a asesorías en estrategias de comunicación y expresó que ambos rubros “no chocan”, porque “una cosa es hacer el mensaje, y otra la asesoría sobre cómo manejar el mensaje”.
Aclaró que en varios rubros puede no gastarse lo previsto, por lo cual los recursos entrarían a la caja única del Estado.
El candidato del Frente Amplio, José María Villalta, hizo un llamado para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)  impida que “esos recursos públicos se utilicen para la propaganda electoral”, como sucedió en la campaña del referendo sobre el Tratado de Libre Comercio, “cuando los hermanos Arias usaron los recursos públicos para promover la aprobación del tratado”.
Luis Guillermo Solís solicitó al Poder Ejecutivo “absoluta claridad” en el uso de los recursos, porque −en su opinión− “la discrecionalidad que  aparentemente tienen permitiría hacer diabluras en la campaña”. Sin embargo, no objeta que el gobierno invierta en la divulgación de su trabajo, dentro de límites razonables y no como los actuales.

Carlos Roverssi:

“Hay una gran obra de Gobierno que no ha sido posible difundir”

¿Cómo responde las aseveraciones de que al darse esta inyección de recursos en imagen justo en año electoral, el Gobierno entra en la contienda a favor del PLN?

-Es una obligación del Gobierno rendir cuentas y eso es lo que hacemos. Yo asumí con el convenio ya firmado y en algunos casos con los concursos respectivos otorgados. Mi responsabilidad es que estos recursos sirvan para rendir cuentas e informar al país sobre la obra del Gobierno; por diversas razones ha habido una debilidad en la información que el Gobierno ha ofrecido sobre su obra, pero no tiene nada que ver con política electoral o los partidos.

El término “rendición de cuentas” no es lo primero que pasa por la mente al pensar en gastos de la imagen de la Presidenta. ¿Considera que al faltar menos de un año de gobierno, con proceso electoral en medio y con deficiencias en comunicación reconocidas por su antecesor, se justifica hacer un esfuerzo tan grande?

-No estoy por levantar la imagen de la Presidenta ni de nadie, sino para demostrar la obra del Gobierno a través de todos los mecanismos de comunicación disponibles. Pienso que uno no puede renunciar a esa tarea ni siquiera faltando un día de gobierno.

Según como pienso utilizar algunos fondos, gestiono autorización ante el Banco, por ejemplo para contratar la producción de volantes y otros documentos escritos con la Imprenta Nacional, nada más transparente que eso.