“Sepamos ser siervos menguados”, parecen haber cantado en coro los representantes de los tres Poderes Supremos de la República, cuando aceptaron leer un texto escrito por sacerdotes en el que, en nombre de las instituciones que representan, pedían perdón por sus “pecados” ante Dios y la Virgen de los Ángeles, el pasado 2 de agosto. La autoridad civil arrodillándose ante el poder eclesiástico…

“Nuestros obispos tienen muy claro esa separación que debe haber entre la Iglesia y el Estado”, adujo Sixto Varela, sacerdote católico, en una entrevista con Pilar Cisneros de Telenoticias. Usted elija:
A- Don Sixto está manipulando a la opinión pública.
B- Tiene una gran confusión mental en cuanto a la separación entre la Iglesia y el Estado.
C- Todas las anteriores.
Si Sixto Varela es consecuente, debería aceptar que, así como la jerarquía eclesiástica solicita el perdón de autoridades civiles, estas deberían exigirles a los sacerdotes hacer acto de contrición por todas las atrocidades que ha cometido la Iglesia Católica…
¿Qué esperan doña Laura, doña Zarela y don Luis Fernando para redactarles una carta a los curas, en la que se disculpen por haber condenado a Galileo, torturado y quemado a Giordano Bruno? ¿Por qué no les piden que se disculpen por haber matado a Hipatia de Alejandría, y a las mujeres que, por atreverse a desafiar a la autoridad eclesiástica, padecieron su violencia? ¿Por qué no les sugieren pedir perdón por difundir un discurso de odio en contra de las personas no heterosexuales? ¿Que pidan perdón por haber encubierto a criminales sexuales que destrozaron la vida de tantos niños?

La mejor manera de respetar la separación entre Estado e Iglesia consiste en hacer del Estado costarricense un Estado laico. Ni un Estado, ni una institución del Estado, deben dar su adhesión a una religión en particular, ni pedir perdón en nombre de esa religión, justamente porque representan a una ciudadanía diversa, a la cual no se le debe imponer un credo contra su voluntad.

¿Existe Costa Rica como República? ¿Existimos, acaso, como ciudadanía? ¿O se ha convertido el país entero en una feligresía? Si el irrespeto que manifestaron los representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a su investidura y al conjunto de ciudadanos no desencadena una fuerte reacción de repudio por parte de la población, tenemos razones para dudar de nuestra conciencia política. Si aceptamos, sin más, que las instituciones del Estado sean sistemáticamente secuestradas por grupos que, lejos de gobernar para el bien común, lo hacen en función de su propio interés privado, entonces hemos dejado de existir como comunidad política.