Ante el Tribunal Contencioso Administrativo fue presentado, el pasado 31 de mayo, un reclamo de las empresas Río Minerales S.A y Metales Procesados MRW S.A. contra la SETENA, con el fin de “reactivar” la extracción de oro en la mina Bellavista, en Miramar de Puntarenas.
La demanda fue confirmada a UNIVERSIDAD por el gerente general de la concesionaria, Donald Brown, quien asegura que en los últimos cinco años las empresas a cargo del mantenimiento de la mina han invertido $12 millones.
La mina no opera desde el 2007 y para reactivar las operaciones se necesita la construcción de un ducto que traslade los materiales licuados desde la mina Bellavista hasta Agua Buena, además de plantas para lixiviación, absorción, eliminación de cianuro, y una represa de 65 metros de altura con capacidad para 10 millones de toneladas de lodos residuales.
 
La empresa exige la aprobación del Estudio Conceptual y Planos, en el que se contemplaba la construcción de esta  planta industrial de beneficiado, proyecto que ha sido rechazado en al menos tres resoluciones por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena).
 
Por eso acudió al Tribunal Contencioso a exigir anular las resoluciones de la Setena y continuar con el proceso de extracción de oro a cielo abierto.
En el caso de que dicho tribunal desestime o falle en contra de las empresas, queda abierta la posibilidad de que estas exijan al Estado un “rescate” y una “indemnización justa” por daños o perjuicios.
El secretario de la Setena, Uriel Juárez, asegura que el rechazo hecho a la solicitud de la empresa está apegado a la legalidad.
Una de las razones para rechazar el permiso, es que las concesionarias plantean trasladar el proceso de beneficiado a una finca ubicada a una distancia de siete kilómetros del área de extracción. Esta nueva finca no está dentro del área de concesión otorgada a la empresa en 1996 y, por lo tanto, se le considera un nuevo proyecto, al cual −debido a la moratoria minera en vigencia− no es posible otorgarle la licencia.
“Si ellos hubieran tenido este proceso de beneficiado dentro del área concesionada y de viabilidad ambiental, lo hubieran podido hacer”, consideró Juárez.
Por su parte, María Guzmán, viceministra de Ambiente, coincidió en que el proyecto es diferente; “quieren mover el beneficiado a otro lugar y es un nuevo proyecto”, afirmó.
Donald Brown se limitó decir: “Setena irrespeta los derechos de la compañía”.
Cabe recordar que en el 2010, la presidente Laura Chinchilla decretó una reforma al Código de Minería, en el cual se prohíbe la minería a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de beneficiado.
LA MANO DE DIOS
La mina a cielo abierto paralizó operaciones desde el año 2007, luego de que un deslave de toneladas de tierra arrasó la infraestructura de la compañía de capital canadiense B2Gold −dueña de la concesión− y provocó la fuga de aguas y sustancias tóxicas.
La minera canadiense vendió las acciones de sus subsidiarias en Costa Rica, con el fin de continuar con el proceso de amortiguamiento autorizado para resarcir el impacto ambiental,  generado por la ruptura de la geomembrana que protegía la pila de lixiviación.
Es así como tres años luego del accidente, en el 2010, se planteó la posibilidad de reactivar el proceso extractivo, negado por la Setena en tres ocasiones, la última en el 2012.
El ambientalista de la organización Miramar Al Grano, Julio Müller, criticó que las concesionarias lograran mantener la concesión pese al daño ambiental ocasionado.
“Ellos, con muchas maniobras, lograron una auditoría externa que constató que el deslizamiento fue un acto de Dios impredecible e inevitable, sin responsabilidad de la empresa, algo totalmente falso”, detalló.
Müller considera que a la empresa se le debió cancelar la concesión: “la Dirección de Geología y Minas no puede prorrogar un permiso a  una mina que no produce; aun así lo hicieron”.
Dicho criterio es compartido por el ambientalista de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), Mauricio Álvarez, al estimar que “ha habido suficientes inconsistencias para cancelarle los permisos y darle un cierre administrativo al expediente, sobre todo por el riesgo ambiental que significa seguir teniendo la mina deslizándose constantemente”.
El gerente general de Metales Procesados, Donald Brown, sostiene que el accidente del 2007 fue un “evento natural”, según quedó plasmado en una auditoría realizada a petición del Estado.
Brown considera que técnicamente el proyecto podría reanudarse con las nuevas tecnologías existentes, que evitarían un nuevo percance. El gerente de la empresa concluye que la apertura de la mina “reactivaría muchos beneficios”.
MUERTO VIVIENTE
El ministro René Castro calificó el proyecto para rescatar la mina Bellavista como “un zombi o un muerto viviente”, si se toma en cuenta que el país apostó por anular las prácticas extractivas de gran impacto.
Sospecha que detrás de las pretensiones de la minera para reanudar la explotación, se encuentra el incremento del precio del oro en el mercado internacional.
En este sentido, el secretario de la Setena, Uriel Juárez, calcula que la mina aún contiene una gran cantidad de reserva aurífera, y por eso “creo que van a acudir a todas las instancias habidas y por haber para extraerlo. No creo que desistan”.
La minera pretende extraer 10.5 millones de toneladas de mena (roca que contiene oro) en nueve años (ver reportaje “Empresa canadiense pretende reactivar la fallida mina Bellavista”, en edición 1887).
Para algunos ambientalistas, la empresa inicia −con la mencionada demanda contenciosa−  el proceso para agotar las instancias nacionales, y en el caso de que todas estas desestimen sus pretensiones, podrían invocar un arbitraje internacional para exigir una indemnización.
Mauricio Álvarez, de la Fecon, dijo al respecto que “en este caso se ha invocado al menos una vez la presión del tribunal internacional”. Mientras tanto, Julio Müller −de Miramar al Grano− también cree que quieren una indemnización, “porque el proyecto es muy riesgoso y costoso”.
Ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjeros y Estados (Ciadi), la minera canadiense Infinito Gold −dueña de la concesión de la mina Las Crucitas, en Cutris de San Carlos− mantiene una denuncia en contra del Estado costarricense, reclamando una indemnización de $1092 millones.
Por su parte, Brown indica que “aún no se contempla acudir a instancias internacionales para presionar al Estado”.
EXPERIENCIA NEGATIVA
La extracción de oro en Miramar cuenta con un ambiente negativo tras el deslave, pero la minera asegura que es “una necesidad” trasladar esa parte de la producción a otra finca, ya que los deslizamientos siguen siendo una amenaza.
Müller piensa que si el Tribunal Contencioso fallara a favor de la extracción, se abriría un portillo peligroso. “Sería una señal de que sí hay esperanza y que incluso con el nuevo gobierno podrían hacer caer la moratoria”.
Acerca de lo anterior, el secretario de la Setena asegura desconocer qué sucederá cuando el próximo mes de mayo venza el plazo de cuatro años establecido en la prohibición.
“Es delicado, porque la situación que se dio ahí con ese deslizamiento tampoco es fácil; habría que ver si esa nueva área puede ser concesionada o entrar en el proceso de concesión, para que Geología y Minas se pronuncie; son muchas las cosas que se pueden presentar y que ahora nos las tenemos claras”, afirmó Juárez.
El ministro Castro sí tiene claro el escenario a futuro, ya que rechaza ad portas la posibilidad de resucitar la mina. “Empresas con prácticas respetables y serias en otros países, no necesariamente saben trabajar minería a cielo abierto en el trópico”, indicó.
Castro es del criterio que las condiciones climáticas y de suelos son impredecibles; por eso sostiene que “en el trópico no hay experiencias que aseguren cuáles son las mejores técnicas de extracción”.