En el 2005, el Estado español, con el fin de estandarizar los estudios universitarios con el resto de los países europeos, aprobó un  Real Decreto que establece o abre el portillo para que el 50% de los créditos de las asignaturas se complemente en actividades fuera de la universidad, lo que podría convertirse en tiempo servido a empresas privadas; lo cual, descaradamente, significa que los estudiantes se ofrecerán como mano de obra gratis y cualificada para las empresas privadas.
Uno de los objetivos más visibles del Plan Bolonia (ya en Costa Rica), consiste en la formación de trabajadores cualificados que brindarán servicio gratuito a las empresas privadas, puesto que estas son las que financian la educación por ellos recibidas.
Si antes era visto con normalidad que el estudiante le retribuyera “gratuitamente” al Estado unas 300 horas o más de trabajo comunal universitario (TCU) −puesto que éste le financiaba su educación (de  hecho me acuerdo, gratamente y con gratitud, de retribuir gratuitamente mis conocimientos impartiendo ‘filosofía para niños’)–, hoy la lógica de gratitud se reinvierte. Ya no se le agradecerá al Estado- Nación. A todos. A todos los ciudadanos integrantes de nuestra sociedad. No. Ahora se le agradecerá al Estado empresarial. A unos pocos. A una minoría. Por lo que será lógico retribuir gratuitamente los conocimientos a la empresa privada, a esa minoría, a esa elite que nos “ayudó” con sus préstamos a concluir los estudios.
La lógica de los defensores de la nueva voluntad universitaria-empresarial, es sostenida por personas con nombres y apellidos, que solo piensan en la rentabilidad, la productividad y la competencia, y en los intereses del mercado empresarial privado. Quizá, para intentar entender la lógica de estos defensores, haya que partir del postulado que asegura que ninguno de ellos fue financiado –en sus estudios− por el Estado Benefactor. Habría que empezar creyendo que sus estudios fueron financiados por sus propias familias o en su defecto, por bancos y empresas privadas. Solo bajo este supuesto, podría ser posible entender la lógica de la élite que exige que los demás pasen por ese purgatorio existencial, donde los pobres simplemente deben resignarse a la imposibilidad de adquirir una educación universitaria: ‘El que puede, puede, y el que no puede, debe servir al que puede’. Así reza la moral de los pudientes.
Si los académicos actuales estuviésemos inmersos en este mundo, en el que dan sus primeros pasos nuestros estudiantes, ¿cuántos de nosotros podríamos haber completado los estudios universitarios? Nacidos en un Estado de Bienestar que tose su agonía bajo las cenizas en las que se yergue el ‘Estado empresarial transnacional’, y provenientes de familias pobres, no pudientes o no adineradas, primero tendríamos que haber pagado una educación secundaria privada, para poder concursar y optar por las becas-préstamos de los bancos y empresas privadas.
Segundo, si por cuestiones ajenas al deseo de estudiar, no hubiésemos  podido terminar nuestros estudios ¿cómo pagaríamos la gran deuda?, ¿estaríamos  esclavizados de por vida a pagar los intereses de nuestra deuda al Estado empresarial, antítesis del caduco Estado Benefactor? Dirán que esas son las reglas de los nuevos tiempos.
Una vez aniquilada la gratuidad de la enseñanza superior, se sentará en su trono la educación para élites, como el monstruo que pisa fuerte.