Vencido el plazo otorgado por el Foro Nacional al Gobierno para desestimar la conciliación con la empresa de capital brasileño OAS –que construiría las mejoras a la carretera que comunica San José con San Ramón−, los tambores de guerra resuenan nuevamente.
El Foro, que agrupa a vecinos de los cantones de occidente, se organiza para salir a las calles, está vez para evitar que el país desembolse los $46 millones que exige la empresa por haber desistido −luego de la presión popular− de realizar las obras de modernización de la carretera, en un contrato de hasta $500 millones, y por el cual a los usuarios se les iba a cargar con un cobro excesivo en la tarifa de peaje.
El Gobierno, por medio del Consejo Nacional de Concesiones, tiene listo ya el equipo que representará al país ante la Cámara de Comercio en este proceso de conciliación; mientras tanto, el Foro Nacional pide a las autoridades respetar la fecha dada por el juez para la audiencia en el Tribunal Contencioso Administrativo, el próximo 16 de octubre.
UNIVERSIDAD habló con las partes involucradas: el abogado del Foro Nacional, Álvaro Sagot, y con el Ministro de Planificación, y presidente del Consejo Nacional de Concesiones, Roberto Gallardo.
 

 
Álvaro Sagot: “La tónica ha sido: vamos a pagar antes de que se resuelva en los Tribunales”
El juez resuelve convocar a una audiencia en octubre; no obstante, el Gobierno inicia ya el proceso de conciliación con la empresa en la Cámara de Comercio.

−Me parece que se está quebrantando el orden constitucional; podríamos hablar de hasta una especie de golpe de Estado, porque se desobedece al Poder Judicial.

Pero aún no hay una medida cautelar.

−El ministro Gallardo (Roberto) dice que no hay una prohibición para seguir adelante, pero el solo hecho de que estén notificados y que hayan contestado, me parece que es un llamado para respetar lo que vaya a decidir el juez el próximo octubre.

El Foro, mediante el proceso contencioso, podría evitar el pago de una indemnización a la empresa. No obstante, parece que el Ejecutivo deslegitima el proceso judicial. ¿Por qué?

−Nosotros, antes de ir al contencioso, le planteamos al Gobierno la posibilidad de que iniciaran un proceso de lesividad, en busca de anular todo, pero eso no pasó a más, por lo que uno se pregunta: ¿por qué quieren hacer esto tan rápido? Nunca he visto esa actitud del Ejecutivo.

¿Qué sucedería si el Estado acuerda con la empresa OAS y paga una indemnización antes de que se resuelva el contencioso presentado por el Foro?

−El contencioso sigue; incluso podríamos pedir luego una nulidad de esa conciliación, precisamente porque existe ya una fecha de audiencia y al parecer todas las partes  del otro lado quisieron desobedecer esa orden judicial de esperar.

¿Genera confusión el Ejecutivo al llevar el proceso de conciliación mientras está  abierta la causa en el Tribunal Contencioso? En el caso de que el Foro gane la demanda, ¿podría entonces la empresa reclamar inseguridad jurídica en el país?

−Un Estado que permite la cesión del contrato, que lo lleva a la Contraloría para que lo refrenden y ahora hoy día siguen adelante con el argumento de Gallardo de que no hay ninguna prohibición, sin duda son llamados a nivel internacional que en Costa Rica hay inseguridad jurídica, donde están queriendo hacer lo que les da en gana. Nosotros no estamos entendiendo, porque ellos dicen que no pueden hacer nada; en este caso la tónica ha sido: vamos a pagar antes de que se resuelva en los Tribunales.

¿Hay dudas sobre la transparencia del Estado en este proceso?

−Los funcionarios públicos en realidad −de acuerdo a la ley− tienen responsabilidad civil, penal y administrativa; el caso Crucitas fue ejemplar en ese sentido, al decir que incluso hubo una orquestación de voluntades de parte del Poder Ejecutivo, para que los permisos se otorgaran de cualquier manera. Me parece que esta situación, de que desesperadamente quieren acelerar los diferentes procesos, va bajo la misma línea; por eso pensamos llevarlo hasta las últimas consecuencias.
 

 
Roberto Gallardo: “No vamos a parar este proceso solo por una interpretación específica”
¿Definitivamente romper el contrato lleva al pago de una indemnización?

−No quisiera adelantar ningún criterio hasta que las cartas se pongan sobre la mesa; yo digo que vamos con el cuaderno en blanco y que el conciliador es quien nos va a ayudar a terminar el contrato.

¿Por qué el Estado no espera la resolución de la audiencia fijada para octubre?

−Nosotros no tenemos ninguna solicitud, ni prevención de alguna instancia judicial para que nos detengamos. Esto no quiere decir que no acataremos la disposición del juez.

¿Fueron notificados?

−Sí, pero es una audiencia para ver un tema que nosotros solicitamos, que es ver la participación de la Contraloría en todo este proceso. Nos interesa seguir avanzando, porque mientras el contrato esté vigente −aunque esté suspendido como ahora− no es posible construir obra nueva.
El Foro solicita en esa audiencia medidas cautelares a cualquier arreglo Estado-empresa, para posteriormente presentar una demanda por el fondo.

−La audiencia del 13 de octubre es para ver la participación de la Contraloría.

Pero, al parecer hay otra audiencia para el 16 de octubre, en donde ya se conoce si se acoge o no la medida cautelar.

−Bueno, igual el procedimiento sigue su curso, las partes exponen sus puntos de vista y el juez decide; nosotros presentamos nuestros argumentos y respetaremos la decisión final.

La organización comunal procura evitar que el Estado desembolse dinero de los costarricenses  al pago de una indemnización que consideran basada en un contrato viciado. ¿Por qué no apoyar esa iniciativa?

−Nosotros no vamos a parar de avanzar en este proceso solo por la interpretación específica, ya que no hay orden judicial.

¿Cuál es la urgencia?

−Liberar la carretera, para evitar que se agraven los problemas de esa vía. Aun cuando haya un acuerdo antes de la audiencia, no se va a ejecutar.

Se supone que el Estado no pagará nada a la empresa antes de la audiencia, ya que si paga la indemnización y el juez luego da la razón al Foro, podría crear un nuevo conflicto.

−Prefiero no hablar de cosas hipotéticas. Todo el tiempo que nos ahorremos para iniciar la construcción de la carretera lo vamos a utilizar.

Este Gobierno no va a ver la obra, ha dicho usted en otros medios.

−Pero es que las cosas tienen que hacerse sin considerar los tiempos de los gobiernos;  queremos despejar el camino. Si el juzgado dice que hay que detenerlo se detiene, o si no seguimos.

Pero estos procesos confunden si el final en este caso está cerca.

−Aunque es derecho de cualquier persona acudir a las instancias que considere, una consecuencia de esto es que mientras se dilucide esta acción el contrato sigue vigente.

¿Esta acción del Foro perjudica a la misma comunidad?

−No quiero calificar, las personas que ponen esta acción acuden a sus legítimos derechos;  eso no se puede criticar, pero también es cierto que la gente tiene que saber que esas acciones tienen una consecuencia.

El Foro Nacional habla de desobediencia del Estado ante el Contencioso.

−Sería un irrespeto a las instancias judiciales si nos dan una orden de detenernos y no lo hacemos; pero todo lo contrario: el juez rechazó las medidas provisionalísimas. No veo el rompimiento al orden constitucional.

Hay dudas sobre la transparencia del proceso

−¿Cuáles?



Al menos, el mayor reclamo existente es que lo dicho por la presidenta Chinchilla en cadena nacional no se cumplió; no hay al parecer mutuo acuerdo entre las partes.

−Ahí lo que hay es una interpretación equivocada del anuncio de la mandataria; ella expresó la voluntad de las partes por terminar el contrato, pero aún no hemos llegado al finiquito, las dos partes estábamos de acuerdo en iniciar ese nuevo proceso, así que no hay falta de transparencia.