Tras el cese del contrato con la empresa OAS, el Gobierno planteó un proceso de conciliación, cuyas audiencias se iniciaron el 17 de setiembre con la mediación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. (Foto: archivo)
El anuncio de un eventual reclamo de indemnización por $45 millones de dólares de parte de la empresa brasileña OAS, exconcesionaria del polémico contrato para la ampliación de la ruta San José-San Ramón, atizó esta semana la llama de  las discusiones entre grupos opositores al proyecto y el Gobierno.
Abogados del Foro Nacional pidieron al Gobierno aclarar si existe o no dicha conciliación, por cuanto consideran que de ser cierta, contraviene el ordenamiento jurídico al existir un proceso judicial abierto en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).
Hace cuatro meses el Foro Nacional interpuso una medida cautelar tendiente a “detener cualquier proceso fuera del ámbito judicial que impida pago alguno”  por parte del Estado a la empresa y que eventualmente generaría la “nulidad absoluta” de la concesión y sus actos, otorgada a OAS Central América Investing Limited S.A.

El juez José Martín Conejo del TCA estudia la petición y tiene plazo hasta el 16 de octubre para resolver.

La concesión de este tramo −para ampliar 58 kilómetros de la carretera Interamericana hasta San Ramón− ha sido escenario de una serie de desaciertos desde la cesión de la empresa Autopistas del Valle −anterior concesionaria− a la empresa OAS, en abril de este año.
El allanamiento de las oficinas de la empresa brasileña, así como varios altercados teñidos de violencia entre el Gobierno y los manifestantes opuestos a la  concesión por los costos de la obra y de los peajes, marcaron el finiquito del contrato “por mutuo acuerdo”, según fue anunciado  por la presidenta Laura Chinchilla el 22 de abril.
Las declaraciones de si hay o no una negociación que implique el pago de una cifra de dinero, han sido omisas en las autoridades del Gobierno.
Roberto Gallardo, vicepresidente del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), en declaraciones brindadas a medios de prensa, no lo afirmó, pero sí  ha dicho que la figura de la conciliación –a pesar del proceso abierto en el TCA− se respalda tanto en el texto del contrato, como en la Ley para la Resolución Alterna de Conflictos # 7727, instancia adscrita a la Cámara de Comercio de Costa Rica.
Gallardo admitió el recibo de una carta de parte de la empresa y manifestó su interés de “valorar la petición”. “Trataremos de lograr un acuerdo que sea lo menos costoso para Costa Rica”, dijo en otro momento a la prensa.
“Hay una medida cautelar interpuesta contra los procesos de negociación de la empresa OAS y el Estado; no debe haber conciliación y menos pago alguno”, advirtió  por su parte, el abogado del Foro Nacional, Álvaro Sagot.
EN SECRETO

El 17 de setiembre se fijó la primera audiencia, luego de que el ministro Gallardo informó a OAS la aceptación de la propuesta de acudir al mecanismo de Resolución Alterna de Conflictos, establecido en el Título XIX del contrato de concesión.
A esta audiencia, acudieron las partes (Consejo Nacional de Concesiones, la empresa OAS y la Procuraduría General de la República (PGR) como abogado del Estado, con la intermediación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio.
Sin embargo, luego de esta reunión, abogados del Foro Nacional cuestionaron la posible conciliación entre las partes, con el eventual pago de una indemnización estimada en unos $45 millones, acto que hasta la fecha no ha sido confirmado por el Gobierno.
El miércoles de la semana  pasada, el juez del TCA solicitó al Gobierno informar si está conciliando el pago de dinero por la conclusión de un contrato,  sin que hasta el cierre de edición,  se haya obtenido respuesta del CNC.
La empresa, por su parte,  afirmó que  “OAS ha manifestado reiteradamente al Gobierno costarricense en forma directa, que está de acuerdo en lograr una terminación del contrato por mutuo acuerdo; la conciliación que actualmente se lleva a cabo persigue lograr ese objetivo de manera justa y razonable para ambas partes”.
Respecto al pago dijo: “lo conversado, discutido o propuesto en el proceso de conciliación es confidencial”.
Según el planteamiento del Gobierno, la confidencialidad en el proceso está justificada en el artículo 14 de la Ley 7727, también respaldado por la mediadora  del Centro de Conciliación y Arbitraje, Zoyla Rosa Volio, quien ratificó su posición de no referirse al tema de un pago por indemnización.
Para el abogado Sagot, aunque estos argumentos sean ciertos, no proceden en este caso, debido a la  medida cautelar, un hecho que subraya como un “irrespeto el Poder Judicial”.
El jueves anterior, un escrito de la PGR −cuya existencia fue confirmada por la oficina de prensa, pero sin circular oficialmente a la espera del pronunciamiento del juez y dirigido al TCA− prácticamente deja por fuera el papel del Poder Judicial, para impedir una eventual conciliación y pago entre las partes.
“Con esto hay total y plena libertad para negociar; son argumentos vacíos que no soportan el análisis legal; es una manera de seguir evadiendo el proceso”, criticó Sagot.

Defensoría:

“Estado no debe conciliar”

“El momento de ordenar al Estado la suspensión de todo acto es ahora, pues aún no se cuenta con acuerdos en firme, ni se está comprometiendo el erario público”, afirmó la Defensoría de los Habitantes.

Esta semana circuló un documento de la instancia presentado al Poder Judicial, en el que respalda  la solicitud de medida cautelar presentada por el abogado del Foro Nacional, Víctor Julio Alvarado.

La coadyuvancia ordena la suspensión de los efectos del Título XIX del Contrato de Concesión, relativa a la resolución alternativa de conflictos entre el Estado y OAS.

También rechaza cualquier acuerdo de “indemnización, reconocimiento económico o pago alguno” entre la empresa adjudicataria y el Gobierno, “hasta tanto no se determine la legalidad del contrato”.

“Nos encontramos en un escenario en el cual el Estado parte de la existencia de un contrato ajustado a derecho, situación que en criterio de esta Defensoría no corresponde a la realidad”, plantea el documento.

Según el razonamiento del ente, la medida cautelar es necesaria, por cuanto hay vicios en el acuerdo contractual establecido en primera instancia con la empresa Autopistas del Valle y posteriormente con OAS, además de “incidir directamente sobre el monto que el Estado podría reconocerle a la empresa, si en el marco de la resolución alternativa de conflictos se procede a negociar bajo el errado supuesto de que el proyecto de concesión se encontraba apegado a derecho”.

Recorrido de una fallida concesión

Octubre 2004. Se suscribió contrato de concesión de obra pública entre el Estado y la Sociedad Anónima Autopistas del Valle. Corredor San José-San Ramón.

Abril 2012. Las empresas Autopistas del Valle y OAS suscriben Contrato de Cesión Pública Condicionada del Contrato de Concesión

Febrero 2013. Se suscribe nuevo contrato concesión entre el Estado y OAS.

Abril 2013. El día 22, en cadena nacional, la presidenta Laura Chinchilla anunció fin al contrato con OAS por “acuerdo mutuo”, luego de una serie de cuestionamientos por los costos de la obra y por los actos violentos del 11 de abril con manifestantes opositores.

Junio 2013. Roberto Gallardo, del CNC, informó a OAS la aceptación de la propuesta de acudir al mecanismo de resolución alterna de conflictos.

17 setiembre 2013. Primera audiencia de negociación entre las partes. Opositores señalan al Gobierno por negociar el pago de dinero, mientras hay un proceso judicial abierto con medidas cautelares interpuestas.

16 de octubre 2013. Fecha para que el juez del TCA resuelva si acoge o no la medida cautelar.

Indemnización*

Según OAS, el Estado le debe reconocer:

-US$ 33.962.239,00 por inversiones realizadas y no amortizadas.

-US$ 11.131.000,00 por inversiones realizadas directamente por OAS (sujeta a confirmación de la empresa).

-US $ 900.000,00 por timbres fiscales.