El PAC elegirá a sus candidatos a diputados el 28 y el 29 de setiembre, en medio de expectativas sobre la eventual postulación de su fundador Ottón Solís. (Foto: archivo)
A una semana de que arranque oficialmente la campaña para las elecciones del próximo 2 de febrero −con la convocatoria del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)−, hay ebullición en los partidos políticos, con negociaciones y disputas en algunos de ellos, en torno a la escogencia de los candidatos a diputado.
También hay preocupaciones y gestiones por conseguir financiamiento para las campañas de los partidos, y hasta apuros de algunas agrupaciones, porque no han obtenido la resolución del Tribunal que da por cumplido el proceso de renovación de estructuras internas, requisito necesario para inscribir a los candidatos dentro del plazo de ley, que vence el  próximo 18 de octubre.
Uno de los  hechos de mayor repercusión política de los últimos días, fue el rechazo que dio el TSE el pasado 27 de setiembre, a las modificaciones al Código Electoral propuestas por el gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), a fin de que se permitiera que empresas ligadas a los candidatos contribuyan con los partidos políticos. Asimismo, pretendía que se estableciera por ley la figura del fideicomiso, como parte del sistema del financiamiento político.

Según el  TSE, las mociones para hacer esas modificaciones resultaban inconexas con el proyecto de ley que se ha venido discutiendo en la Asamblea Legislativa –y al que se le añadirían las mociones del PLN−, para reducir la contribución estatal de 19% del Producto Interno Bruto (PIB) al 0,11%. El tribunal reiteró además su oposición a abrir portillos a la restauración de las contribuciones de las sociedades anónimas a los partidos, actualmente prohibidas.

Así lo argumentó el órgano electoral al responder la consulta enviada por varios partidos, por medio del presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, a instancia de Antonio Álvarez, jefe de campaña del PLN, luego de que la semana pasada representantes de diez partidos discutieron el tema en un salón legislativo.
Tras la respuesta del TSE, el candidato presidencial del PLN, Johnny Araya, exhortó a los diputados a aprobar la reducción de la contribución estatal, y lo mismo hizo Luis Guillermo Solís, candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC). Esta agrupación ha insistido en la imperiosa necesidad de aprobar la rebaja al financiamiento estatal, lo que significará un ahorro de cerca de ¢18.000 millones, que ayudaría a combatir el despilfarro de fondos públicos que se ha venido dando con las campañas electorales.
Actualmente los partidos tienen derecho a una contribución estatal igual al 0,19 % del PIB (¢43.000 millones), que con la reducción al 0,11% pasaría a poco más de ¢24.900 millones.
Lo que falta por ver ahora es si hay real voluntad de los partidos para aprobar la reforma, en la semana que queda antes del 2 de octubre, cuando aún se pueden hacer reformas al Código Electoral, antes de que se inicie la campaña.
Durante meses, las mociones de la diputada Jeannette Ruiz, del PAC, para poner a votación del plenario legislativo el proyecto que reduciría la mencionada “deuda política”, fue bloqueada por los diputados del PLN y los otros partidos, a excepción del Frente Amplio.
Aunque han dicho estar de acuerdo con la reforma, los partidos trataron de condicionar su aprobación a que se añadan otras reformas al Código Electoral, las que entre sus efectos liberarían de responsabilidad a varios representantes de los partidos actualmente investigados en la Fiscalía, por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del 2010.
El TSE avala la reducción de la deuda política, pero no está de acuerdo con introducir medidas regresivas que den marcha atrás en conquistas incluidas en el actual Código Electoral, reformado en el 2009. Entre ellas, la prohibición de contribuciones de sociedad anónimas, que considera un factor de inequidad en el financiamiento de los partidos.
En cuanto a este punto “es un tema de principio; este Tribunal entiende que el acto de contribuir económicamente a favor de un partido es un típico acto de participación política, y siendo un típico acto de participación política, es un acto reservado para los costarricenses personas físicas mayores de 18 años”, declaró el presidente del  TSE, Luis Antonio Sobrado.
Los partidos están preocupados porque la Sala IV no ha resuelto una acción de inconstitucionalidad que tiene paralizado el uso de los certificados o bonos de la deuda política, que les han servido para conseguir financiamiento que descuentan con los fondos que les traslada el TSE luego de las elecciones, y que ahora no tienen a mano, cuando la campaña está a punto de empezar.
PARTIDOS EN APUROS
Mientras tanto, al cierre de esta edición, el último informe obtenido del Registro Electoral del TSE era que a los Partidos Unidad Social Cristiana, Alianza Patriótica y Restauración Nacional se les otorgó un plazo para que terminen de cumplir con requerimientos que les ha hecho la entidad, para aprobarles todo el proceso de renovación de sus estructuras, sin lo cual no podrían participar en las próximas elecciones. Los plazos que se les dio vencen este mes y en el caso del PUSC a inicios de octubre, informó la jefa del Registro Electoral, Marta Castillo.
A su vez, el Partido Patria Nueva quedó en cuidados intensivos el pasado fin de semana,  tras la renuncia del candidato presidencial José Miguel Corrales, a raíz del lío en que terminó la asamblea nacional del partido en que se nombrarían los candidatos a diputados.
El motivo de discordia fue la elección del exdiputado Álvaro Montero Mejía como candidato a diputado por el segundo lugar de San José, pese a la posición de Corrales por cuestionamientos éticos que surgieron contra Montero, quien disputó el primer lugar con la exdefensora de los habitantes Lisbeth Quesada; ella ganó la elección, y luego Montero se postuló al segundo lugar, que ganó al  exdiputado Óscar Aguilar Bulgarelli.
Al quedar Montero elegido, Corrales dijo que renunciaba a su candidatura, y al día siguiente declaró que solo volvería a retomar la candidatura si Montero renuncia. Según participantes en la asamblea −que terminó en gritos y acusaciones−, Corrales le había solicitado al aspirante que desistiera de postularse; esto, luego de conocer que Montero condenas en juicios laborales entablados por una exempleada, por falta de pago de derechos laborales, lo que chocaría con las exigencias éticas e ideológicas del partido.
DECISIÓN EN EL PAC
Por su parte, el PAC, que ahora disputa el tercer lugar como fuerza política con el Frente Amplio −según encuestas−, se prepara para elegir a sus candidatos a diputado en la asamblea nacional del partido convocada para este 28 y 29 de setiembre,  donde deberá escoger entre 65 aspirantes inscritos para participar. El candidato presidencial, Luis Guillermo Solís, deberá escoger personalmente a siete de ellos.
Entre los posibles escogidos se menciona al fundador y excandidato presidencial Ottón Solís, y los exdiputados Alberto Salom, Francisco Molina, Epsy Campbell, Leda Zamora, Martha Zamora y otros.
Luis Guillermo Solís ha dicho que aún no tiene la lista de sus candidatos, y que en el borrador tiene entre los posibles a Ottón Solís. Por su parte, este ha reiterado que si el candidato le propone la candidatura lo valoraría.
Allegados al PAC creen que Solís no piensa postularse y que ya lo habría decidido con su familia; lo que esperaría es que el candidato se lo proponga para decir que no.
Algunos consideran que una solución viable para el candidato es nombrar en el primer lugar a una figura que sería bien recibida en los diversos sectores, como podría ser Sonia Marta Mora, exrectora de la Universidad Nacional, y a Ottón Solís pedirle colaborar con el partido, postulándose para ayudar a atraer votos, pero no en las posiciones elegibles de la papeleta.