La baja en la visitación provoca que locales comerciales estén hoy abandonados, en busca de un inversionista que los reactive. (Foto: Fabián Hernández)
En una mesa a poco más de 150 kilómetros de sus hoteles y restaurantes se discute su futuro; pequeños y medianos empresarios turísticos de La Fortuna de San Carlos y Monteverde de Puntarenas, se reúnen continuamente con representantes del Poder Ejecutivo en busca de una solución a un problema en el cual los emprendedores aducen haber sido “embarcados”  por las autoridades de la cartera de turismo.
Hoy, decenas de empresarios cargan con deudas impagables, que los amenazan con perder el sostén de sus familias, y los obligarían a desprenderse de algo aún más valioso e impagable: su dignidad.
Los datos de la cantidad de afectados por la crisis económica no están claros; en ambas comunidades visiblemente se ven afectados una treintena de  empresarios turísticos. Muchos otros prefieren guardar silencio sobre los problemas que los aquejan.

UNIVERSIDAD habló con el exministro de Turismo (2006-2010), Carlos Ricardo Benavides, quien actualmente ostenta la cartera de Presidencia. Benavides se ha mantenido al lado de la mesa de negociación, que busca darles un respiro a decenas de familias que dependen de la actividad turística en estas comunidades, hoy en deterioro por la crisis económica mundial.

Continúa la incertidumbre en el sector hotelero. ¿Para qué han servido las reuniones entre empresarios y autoridades del Gobierno?
−Ellos han explicado su difícil condición en torno a su dificultad para poder hacer los pagos correspondientes a las entidades financieras, especialmente a los bancos del Estado, que son quienes tienen en su mayoría los créditos con ellos. De eso nos propusieron una solución.
¿En qué consiste?
−En una condonación de las deudas y nosotros les recibimos el documento para estudio. Hemos hecho algunos comentarios preliminares al respecto con ellos, pidiéndoles información adicional, porque vamos a ver primero; no depende exclusivamente de la voluntad del Gobierno evidentemente, porque se trata de deudas con bancos públicos, y que no son parte del Gobierno,  para comenzar. Por otra parte, tampoco nos han manifestado a cuánto ascendería esa deuda que pretenden que se condone, porque en el borrador del proyecto que nos entregaron lo que dice fundamentalmente es que las empresas que estén en equis o ye condiciones serán condonadas. Quedamos en seguir viendo otras alternativas que ellos han trabajado.
–¿El Gobierno qué ofrece?
−Este es un tema muy serio, desde el punto de vista de las finanzas del Estado; los bancos usan recursos de los ciudadanos. Por esa razón, solicitamos que nos dieran un inventario de cuáles son las empresas y a cuánto asciende las deudas. No es lo mismo hacer estimaciones sobre la viabilidad de un proyecto que tiene que ver con 50 millones, que hacerlo con uno que tiene que ver con 50 mil millones; hay una diferencia apreciable, y si usted no tiene esos elementos como hasta el momento… ellos no nos lo han escrito, resulta imposible poder generar mayores precisiones en las respuestas.
¿Hay compromiso del Estado para encontrar una salida a este problema?
−Nosotros hacemos una gestión ante los bancos para que tomen en consideración las condiciones de este grupo de personas y lo seguiremos haciendo; por supuesto que no se le pueden girar desde el Gobierno órdenes a los bancos; ellos tienen una absoluta independencia, pero sí hemos logrado sentarnos con ellos para que estas personas puedan salir adelante con sus créditos.
¿Para cuándo habrá respuesta del Ejecutivo sobre esta propuesta del sector?
−Para eso pedimos la información.
En las últimas semanas, ¿qué tan cercanos están los bancos a estos procesos de diálogo?
−Los bancos han estado anuentes a hacer esfuerzos extraordinarios para evitar el remate de algunas de esas propiedades y me consta que los bancos han hecho este esfuerzo en el marco de sus competencias y el Gobierno pues ha venido escuchando a este grupo de hoteleros de la zona norte, como usted los describe.

Los procesos de desahucio continúan y hay mucha incertidumbre en torno al tema. ¿Se siguen tomando en cuenta estos aspectos?
−Claramente este es un conflicto financiero entre personas de derecho privado, como lo son los empresarios y los bancos; no es un conflicto con el Gobierno; nosotros estamos ayudando para mediar, porque por supuesto es nuestra obligación preocuparnos por los problemas de todos los sectores.
¿Será resuelto este tema por la presente administración?
−Nosotros entendemos perfectamente que a estas personas les urge encontrar una salida a este conflicto que tienen con los bancos y hemos hecho todas las gestiones para que tengan una solución pronta, no en el próximo gobierno.

Crisis ahogó sueños

Así como la burbuja inmobiliaria en Guanacaste estalló en el 2008, en cantones como La Fortuna y Monteverde el turismo se congeló con el inicio de la crisis financiera que afectó economías íntimamente ligadas a la de Costa Rica, como la estadounidense.
De ese país norteamericano proviene más del 50% de los turistas que visitan suelo costarricense. Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, 40% de las llegadas internacionales provienen de Estados Unidos. En el periodo 2002-2011 la cantidad de estadounidenses fue de 858.829.

La caída en la visitación generó sobre las inversiones hechas por los empresarios para aumentar su capacidad, problemas hasta ahora insuperables. En la edición 2003 de este Semanario (“Deudas hunden a pequeñas empresas turísticas”), se reportó que los dueños de hoteles y restaurantes denunciaron “haber sido embarcados por el Estado”.

Esto, debido a que las inversiones para realizar mejoras en sus hoteles y restaurantes se hicieron  basándose en un documento llamado “Plan General de Uso de la Tierra y Desarrollo Turístico para la Unidad de Planeamiento Turístico de Llanuras del Norte de Costa Rica” −instrumento del Instituto Costarricense de Turismo−, en donde  se proyectaba que para el 2012 arribarían cerca de 2,3 millones de turistas internacionales y al menos 1,6 millones de costarricenses vacacionarían dentro del país.

A partir de dichos cálculos, se exhortaba a los empresarios de zonas “turísticamente reconocidas” a aumentar su capacidad; por ejemplo, en la zona norte se impulsó un crecimiento de hasta el 100%, lo cual implicaría pasar de 2500 habitaciones a 5000. En Monteverde el crecimiento se proyectó a más de 200 nuevas piezas para visitantes.

Pero, las proyecciones que auguraban hasta 350.000 turistas por año tan solo en La Fortuna, a duras penas superaron los 100.000.

Los empresarios aseguran que los aviones con turistas nunca aterrizaron en el país, y por ende  ahora los empresarios cargan con deudas que los tienen al borde del desahucio. Esto ha provocado que en las últimas semanas se hayan intensificado los acercamientos con el Estado,  en procura de encontrar una solución a la crisis que “ahogó” los sueños de decenas de familias.

Los dueños de hoteles y restaurantes piden rapidez y el Gobierno reconoce la necesidad de no dilatar la búsqueda de una solución. Pese a coincidir en este punto, las reuniones aún no dan frutos.

El mayor temor de los empresarios radica en que los procesos de embargo no se detienen, y los convenios preventivos −recurso acogido por los deudores para frenar la ejecución de los cobros− están llegando a su fin, en muchos casos dejando en la calle a los dueños de las propiedades, ya que −de acuerdo con el criterio de la denominada junta de acreedores− podrían perder sus terrenos e infraestructura, para pasar a manos de las entidades financieras.