El modelo de planificación ‘cibernética’ se basa en la teoría de sistemas, Allgemeine Systemlehre, desarrollada por Ludwig von Bertalanffy como respuesta a la fragmentación y duplicación que se daba, durante la primera mitad del siglo pasado, tanto en la investigación científica y tecnológica como en los mecanismos de toma de decisión. Además, el modelo está asociado con y es reflejo del auge del modernismo y su exceso de confianza en la ciencia y tecnología para dictar el desarrollo de las sociedades (sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial).
El mito. El principio que rige la planificación cibernética es que “un sistema…se organiza mejor cuando está subordinado a una sola inteligencia directiva” (Anthony Giddens, Beyond Left and Right: The future of radical politics, p.8). Dicha inteligencia directiva es el Estado, implica concentración del poder y empleo del racionalismo para la toma de decisión. De esta manera, el Estado, en buena lid, dirime y rige los asuntos públicos de forma neutral y objetiva (i.e., no ideológica) y siempre salvaguardando el bien e intereses colectivos. Ello, también, presupone, como justificación, la aceptación que los ciudadanos no tienen el tiempo, conocimiento ni habilidad para superar sus intereses personales e involucrarse de lleno en el gobierno de los asuntos públicos.
La tragedia. La salvedad del modelo de planificación cibernética es que casi nunca llega a concretarse tal cual, y queda, así, sujeto a inconvenientes y arbitrarias deformaciones. Por ejemplo, con suficiente concentración explícita del poder —que, de acuerdo con Immanuel Kant, estropea el libre ejercicio de la razón— sistemas totalitarios controlan y dirigen todos y cada uno de los asuntos públicos, siguiendo el parecer de una élite política y/o militar. Asimismo, en las democracias liberales, apelando a la idea (ciertamente equivocada) que la única legitimación necesaria para tomar todas las decisiones, que rigen y atañen a la Res publica, es el resultado de las elecciones, los gobiernos electos detentan poder y conocimiento; i.e., se declaran, a sí mismos, como la ‘inteligencia directiva’. En consecuencia, más allá del tipo de gobierno, se da por sentado que los ciudadanos no tienen —ni pueden tener— competencia alguna para abordar o gestionar problemas y asuntos públicos, y no juegan, por tanto, rol alguno en la formulación de políticas públicas; a pesar de estar directamente sujeto a ellas y sus consecuencias.
La materialización del mito y tragedia de la planificación cibernética se puede apreciar en las medidas de austeridad impuestas, en detrimento del groso de la sociedad, a las economías sumidas en recesión producto de la crisis financiero-económica del 2008. La figura ‘mesiánica’ del tecnócrata financiero se ha hecho surgir como el experto capaz de gobernar/administrar de manera imparcial y sin responder a intereses particulares (i.e., aplicación de racionalidad absoluta para la toma de decisión). Ello, por supuesto, no puede estar más lejos de la realidad y las constantes movilizaciones ciudadanas en contra de los ‘remedios’ recetados por las distintas ‘inteligencias directivas’ (que, en este caso, emanan de la troika formada por la Comisión Europea, el FMI y el BCE) dan muestra que razón y poder, lejos de ser utilizados en pos del bien común, han detonado una espiral descendiente de descomposición social (desalojos, desempleo, resurgimiento de fundamentalismo xenófobo y racista, etc.).
En el medio costarricense existen, igualmente, ejemplos que ilustran infortunadas reinterpretaciones de la lógica que propulsa a la planificación cibernética. El prevaleciente descontento en la opinión pública por las equivocadas acciones del Gobierno, muestra como poder y razón establecen (en lugar de descubrir), de manera unilateral, la realidad y las necesidades centrales para revertir/mitigar situaciones adversas. Dicho de otro modo, el Gobierno genera la ‘racionalidad del poder’: ese conjunto de tácticas y estrategias que controlan la racionalidad que soporta las decisiones y acciones, para bien o para mal de la colectividad, que se toman. No obstante, el caso la carretera San José-San Ramón, entre otros, expone que dicha ‘imposibilidad epistemológica’ puede ser desafiada, mostrando que los ciudadanos tienen suficiente competencia para entender, interpretar, analizar y contribuir activamente a construir una base más pragmática de conocimiento racional, para resolver los problemas y asuntos públicos, sin la prevalencia de una inteligencia directiva.