El proyecto de Mejoramiento Ambiental busca prevenir la descarga de aguas contaminadas en cuencas como la del río Tiribí. (Foto: Katya Alvarado)
El Juzgado de Trabajo de San José y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) mantienen abierta dos acusaciones en contra del consorcio japonés-francés NJS-Sogreah, contratado por Acueductos y Alcantarillados (AyA) para realizar el diseño y fiscalización del Plan de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana.
Al consorcio se le pagan $17 millones provenientes de un préstamo suscrito por el país con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), para realizar el trazado de lo que será la nueva red de alcantarillado sanitaria de once cantones de la provincia de San José, y  fiscalizar la fase constructiva.

Dicho proyecto sufre un atraso de aproximadamente 30 meses, según lo determinó la Contraloría General de la República en el año 2011, por lo que a pesar de que en un inicio se estableció que la provincia de San José estrenaría el alcantarillado el pasado 31 de julio, dicha inauguración se aplazó para diciembre del 2015, fecha que ahora está en tela de duda.

Los atrasos incurridos por el consorcio son el origen de las denuncias interpuestas, ya que según el documento presentado ante el Juzgado de Trabajo, NJS-Sogreah estaría incurriendo en presuntas irregularidades, denuncias que AyA desconoce y más bien achaca como responsable de las demoras a la dificultad de cumplir los plazos establecidos por ellos mismos, en el cronograma de actividades elaborado en conjunto con el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), mediante la aprobación de la Ley 8559, en el año 2007.
No obstante, el gerente de la Unidad Ejecutora del Proyecto, Pablo Contreras, admite que el consorcio “ha fallado” y que esos errores generan atrasos (véase: “Romper el contrato sería un daño mayor al proyecto”).
Mientras tanto,  para el excontratista de NJS-Sogreah, Juan Carlos Solá, el proyecto ha tenido que sortear errores en su fase de desarrollo, como haber contratado personas sin experiencia y capacidad para realizar el levantamiento topográfico.
Solá describe el vital proyecto como “varado”, debido al pago de servicios a personas empíricas, que permiten diferencias de hasta 1,80 metros en el diseño las líneas de tubería, donde los máximos son centímetros, que incluyen además incongruencias en los puntos topográficos de salida.
Concluye que parte de la información se ha realizado desde hace más de un año, por lo tanto ahora podría ser considerada “obsoleta”.
Estos deslices son admitidos por Contreras −del AyA−; “hemos ido a verificar puntos topográficos y nos encontramos errores, y al no poder certificarse esto, no pueden proseguir con el diseño”.
SIN GARANTÍAS SOCIALES, NI PAGO DE IMPUESTOS
Eliot Omote Baeza, exadministrador del consorcio, interpuso a inicios de este año la acusación por incumplimientos del contrato. Reclama el pago de salarios atrasados, y garantías sociales que no le fueron canceladas.
Pero en su denuncia, Omote desnuda presuntas prácticas irregulares cometidas por NJS-Sogreah, pues −según el extrabajador del consorcio− “parte del personal no se incluía en las planillas de la Caja Costarricense de Seguro Social”, al igual que se retenía el impuesto de la renta, donde incluso no se reportaban los contratos por servicios profesionales que suplían la realización del proyecto.
Afirma que dicha política de la empresa provenía de una directriz de NJS Consultans Co. Ltda (casa matriz en Japón), en donde consideraban “molesto el pago de impuestos”.
El empleado asegura que abusaron de sus condiciones dentro de la empresa, y lo pusieron a realizar labores que no le correspondían. Cita en su denuncia ante el Juzgado de Trabajo, que en una vista hecha por el presidente de NJS Japón, tuvo que llevar a los trabajadores al hotel El Rey, en el cual pagó una cuenta de $400, “porque dicho señor y quienes lo acompañaban no podían pagar la cuenta con tarjeta empresarial”; dicho dinero nunca le fue reembolsado, asevera.
UNIVERSIDAD contactó con Víctor Ojeda, subgerente de NJS-Sogreah, para conocer el criterio del consorcio. Sin embargo, en respuesta que dio el 18 de setiembre aseguró tener pendiente un viaje al extranjero que le imposibilitaba atender las consultas.
Ojeda remitió la solicitud al representante del consorcio, Rodolfo Yáñez, quien mediante una llamada alegó no estar autorizado para referirse al tema, pero solicitó enviar algunas de las consultas a su correo electrónico, cuestionario que le fue enviado desde el pasado 27 de setiembre, sin respuesta al martes 8 de octubre.
Por eso, dudas como: ¿Se incluían a los trabajadores del consorcio dentro de la planilla de la CCSS?, ¿Paga el Consorcio Tributación Directa?, ¿Qué relación hay con la consultora de Carlos Calvo?, ¿Cómo fue contratada si la misma no estaba inscrita ante el CFIA como empresa autorizada para realizar consultorías?, quedaron sin dilucidarse.
PROYECTO ESTRELLA DEL AYA

El proyecto, denominado “Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana”, tiene como objetivo atender el problema de saneamiento urbano en el Área Metropolitana de San José. En su primera fase de construcción comprende la ampliación de los colectores sanitarios, rehabilitación, refuerzo y ampliación de las redes secundarias existentes, edificación de un túnel de trasvase para llevar las aguas servidas desde los colectores Tiribí y María Aguilar hacia la planta de tratamiento “Los Tajos”, y la construcción de un Emisario Final.
El costo de las obras para esta primera etapa asciende a $344 millones, y son financiadas con partidas provenientes de préstamos con Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y una contrapartida de AyA.
La iniciativa fue declarada de “Conveniencia nacional e interés público”, en un decreto firmado en abril del 2011, por la mandataria Laura Chinchilla, quien ante los atrasos sufridos por el proyecto urgió a “la cooperación  interinstitucional, de acuerdo con las potestades que la legislación les atribuye, en forma prioritaria y efectiva con la  agilización real de trámites vinculados a los permisos y ejecución  de obras vinculadas”.
El atraso provoca que a la fecha haya apenas un 10% de las obras materiales construidas y un avance del 34% en los procesos de contrataciones administrativas.
¿Quiénes son los beneficiados con los atrasos en el proyecto?, consultó UNIVERSIDAD a Omote, quien no dudó en contestar que los altos funcionarios del consorcio, que “siguen devengando onerosos salarios, que van desde los $4500 hasta los $28.000, esto a pesar de los atrasos”.

AyA se da por desentendido

La gravedad de las denuncias hechas contra el consorcio japonés-francés, encargado del proceso de diseño y fiscalización del Plan de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana, pasan inadvertidas en Acueductos y Alcantarillados.
La Unidad Ejecutora, encargada de guiar a buen puerto este proyecto, aduce desconocer que existan interpuestas dos denuncias en contra de la empresa extranjera.

“No conozco ninguna; acá no ha llegado ningún caso, al menos a esta unidad ejecutora”, reconoció el gerente de la Unidad, Pablo Contreras. “Me parece que es un problema laboral, que cualquier organización tiene”, acotó.

Lo anterior, pese a que en la Contraloría General de la República −en el refrendo de la adenda N° 1 al contrato, documento del 19 de agosto del 2010−, señala como responsabilidades de la administración “verificar que el contratista se mantenga al día en el pago de sus obligaciones”; asimismo, se le impone como compromiso a la empresa contratada el “cumplir con todas la normativa costarricense y en especial lo relativo a colegios profesionales costarricenses y a la normativa tributaria”.

Contreras asegura que la Unidad Ejecutora está supeditada a lo que establece el contrato y  por lo tanto, se limitan a la fiscalización de los pagos por producto entregado, por lo que no pueden interferir en las contrataciones que realiza el consorcio.

El representante de AyA en el proyecto aduce que el dinero invertido está “seguro”; “aquí no se paga nada que no se tenga que pagar, y si hay que cobrar se cobra; lo que es finanzas públicas estamos bien administrados”, agregó.

Juan Carlos Solá, contratista del consorcio NJS-Sogreah, considera que “AyA ha sido benévolo y no ha fiscalizado el proyecto” y cree que incluso “el dinero se podría perder”.

La Unidad Ejecutora ha pagado un 28% del dinero a la consultora, con un avance físico de un 51%, respondió AyA a las acusaciones.

El consorcio NJS-Sogreah tiene un contrato por $17 millones y un plazo contractual de ejecución de 67 meses, otorgado mediante la Licitación Pública Internacional 2007LI-0002-PRI. El 23 de abril del 2010 se emitió la orden de inicio de ese contrato, por lo que a noviembre próximo le restarían dos años para concluirlo.

Consultora no estaba inscrita ante el CFIA
A representantes de la Consultora Carlos Calvo y Asociados S.A, UNIVERSIDAD intentó localizarla; no obstante, el ingeniero Carlos Calvo –por medio de un correo electrónico−  dijo que “de momento me es difícil poderlo atender, porque estoy internado para realizarme una cirugía”. Días después se le solicitó una nueva reunión, pero no respondió  a la petición.
En el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) existe −desde el 2011− una denuncia contra dicho ingeniero, por haber brindado una consultoría de servicios topográficos sin estar inscrito ante el CFIA.

Desde el 2011, NJS contrató a Calvo −en algunos casos por montos superiores a los $200.000−; sin embargo, según la declaración de Eliot Omote ante el Colegio, al consultor se le pagó tan solo de julio a noviembre del 2011 la suma de $173.000, aunque Eliot Omote asegura que a la consultora se le giraba dinero desde febrero de 2011, para un total de $291.000.

A Calvo se le contrató para determinar la situación topográfica del proyecto y después la compañía se convirtió en contratista, por lo que Omote considera que dicha empresa se convirtió en “juez y parte”.

En junio del 2011, el Consorcio le envió un correo electrónico a la empresa de Calvo, en el que le solicitaba información para el cumplimiento de la Ley de Contratación Administrativa, como la obligación de adjuntar una certificación de que la compañía está “registrada ante el CFIA”.

La respuesta de Calvo es que el contrato entre las partes es de “carácter privado”, por lo tanto no está sujeto a las determinaciones de dicha ley. Calvo respondió además que “no hay obligación de entregar la información” y que dicha petición era “extralimitada”.

El CFIA confirmó en consulta hecha por UNIVERSIDAD que la consultora Carlos Calvo y Asociados S.A se inscribió hasta el 2 de febrero del 2012, fecha posterior a los desembolsos hechos por NJS- Sogreah.

El exadministrador del consorcio, Eliot Omote, comentó que si el CFIA declara con lugar la demanda, podría propiciar que el consorcio sea suspendido e incurriría en “inobservancia de una de las condiciones del contrato”, lo que propiciaría asimismo que el consorcio deje de funcionar y paralizaría el proyecto de mejoramiento de la red de alcantarillado sanitaria.

Gerente de Unidad Ejecutora:
“Romper el contrato sería un daño mayor al proyecto”

 ¿Cómo califica hasta ahora la labor de NJS-Sogreah?

−A título personal nos ha fallado, ellos lo saben, han tenido que rehacer trabajos de topografía a costa de ellos, ya que la calidad que esperábamos no concuerda.

¿Esto propicia los atrasos?

−En tiempo sí hay un atraso.

¿Qué se establece en caso de incumplimientos?

−La cláusula penal nos permite aplicar una multa por atrasos hasta por 25% en que se atrasan ellos.

¿Se han aplicado algunas de estas multas?

−Dos veces se ha aplicado y es mucha plata. Hay que cerrar esta etapa; cuando eso pase haremos una evaluación de las consecuencias de los atrasos, para proceder como la ley nos permite y faculta.

¿Se ha valorado romper el contrato?

−Romper contrato se valoró, pero sería un daño mayor al proyecto, se atrasaría mientras contratamos una nueva empresa y casi no podríamos usar los diseños que nos han dado; en eso sí estamos conscientes.

Si el contrato no se va a romper, ¿qué otras acciones se podrían adoptar?

−Hemos aplicado la cláusula penal, pero también podemos usar otros mecanismos para resarcir daños y perjuicios en contra de la administración; pero, en este momento no me voy a referir en mayor detalle al tema, porque eso se tiene que valorar con la parte legal, para ver qué acciones tomar.