El principal impulsor de la “democracia” en Occidente no concibe una sociedad sin al menos  dos partidos políticos fuertes, que compitan por el poder cada cierto periodo. Es así  como los Partidos “Demócrata”(1824) y “Republicano” (1834,) en Estados Unidos  moldearon, no solo el quehacer político-electoral de la sociedad estadounidense, sino trascendido el espectro político-electoral y  socioeconómico latinoamericano y europeo.
Consecuentemente, en América Latina, el llamado sistema de partidos tiene su carta de presentación en la mayoría de las naciones del sur de Estados Unidos, con lo cual, a la vez, se fortalece el modelo presidencialista. No se trata, sin embargo, de plantear aquí  si la sociedad latinoamericana sobrevive o no  a este modelo de partidos, que ponen y disponen del quehacer estatal e individual  a nombre de la “democracia”.¡No! O que si la sociedad apuesta electoralmente a la fragmentación en los parlamentos o a un modelo parlamentarista. De lo que se trata es  más bien de examinar si las amplias potestades que  estas organizaciones se autodan −sea en el sistema parlamentarista o presidencialista−,  tienen proporcionalidad con las obligaciones que genera siempre todo derecho. ¡No hay derecho sin al menos dos obligaciones! Se parte  que el ciudadano otorga a sus representantes ciertos derechos, a cambio de seguridad jurídica y bienestar colectivo. Es el fin último del famoso contrato social sistematizado por  Jean Jacques Rousseau.
Nuestra Sala Constitucional (voto 2865-2003) no solo definió qué entendemos  cómo “partido político”, sino que como organización de ciudadanos propone un “ideario” de sociedad, cuyo fin fundamental es acceder al poder, con el objeto de materializar sus aspiraciones doctrinales y programáticas, con las que supuestamente se integra el pueblo  en el Estado.
Sin embargo, esta “integración del pueblo al Estado” para los partidos políticos es difusa, por el origen personalista de éstos, los cuales desde finales del siglo pasado se convirtieron en verdaderos  “trust” encargados de controlar cómo debemos pensar, qué comemos, a quién y qué compramos, etc.
Mas no hay manera posible que los “trust” devuelvan al ciudadano sus derechos inmediatos,  en caso que incumplan sus obligaciones, pues mecanismos como el referéndum evidenciaron su carácter caricaturesco y sus limitaciones reales (véase  referéndum 7 de octubre 2007, en ocasión del TLC).
Así,  el bienestar de la colectividad  que incluye este “ideario” de sociedad de  los “trust” electorales, queda descubierto cuando  sabemos  que “no solo el hambre” es la causante de la deserción escolar en el país (La Nación 16 de set. 2013) y que “a  cinco meses de las elecciones del próximo 2 de febrero, la indecisión y la indiferencia ante los partidos siguen dominando el ánimo de una notoria mayoría del electorado costarricense, y no se ve un incremento en la intención de voto respecto a la que había en abril último, pese a la oferta de 13 candidatos a la presidencia que han postulado las distintas agrupaciones políticas”  (edición electrónica Semanario Universidad 23 de sep. 2013)
Los millones regalados a personas físicas y jurídicas por  la trocha fronteriza, préstamos bancarios a empresarios sin  garantía −hechos con el dinero de todos los costarricenses−, calles sin mantenimientos, puentes que se caen por falta de atención, un Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MOPT) con fines decorativos,  gastos de campañas electorales alterados, etc., son solo unos pocos ejemplos que ahorran detalles de cómo nos asfixia esta  dictadura de nuevo cuño.
Por tanto, salvo mejor criterio, no es  de recibo argumentar que la democracia corre exclusivamente por cuenta de los partidos políticos y la fiesta montada cada cuatro años. La experiencia vivida  con el Foro de Occidente por la concesión otorgada a la brasileña  OAS, los abusos cometidos para otorgar la concesión a la minera Crucitas y la movilización de los vecinos de Sardinal para defender sus fuentes de agua potable, lejos de debilitar la democracia  fortalecieron a ésta  al margen de los grandes “trusts” electorales.
 
Periodista, abogado y notario U de CR.