El proyecto de fertilización in vitro no ha logrado el consenso de los diputados. (Foto: archivo)
El proyecto de Fertilización in Vitro (FIV) que permitiría a las parejas con dificultades para procrear, acceder a la técnica como una alternativa a su problemática, se mantiene trabado en la comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, mientras se acaba el tiempo que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cumplir con la regulación de este tema.
Aunque no hay un consenso en cuanto a lo que debe incluir el proyecto, la mayoría de los diputados están conscientes de que el incumplimiento de esta orden de la CIDH podría traer graves perjuicios al país.

La fecha límite para contar con una legislación que permita al país realizar este tipo de intervenciones es el próximo 22 de diciembre; sin embargo, los diputados de la comisión no han logrado alcanzar los consensos necesarios.

Hay una serie de elementos en que los opositores al proyecto aseguran que están dispuestos a ceder, pero sostienen que quienes están a favor de la FIV no tienen interés en bajar la guardia en otros temas.
La diputada María Eugenia Venegas, del Partido Acción Ciudadana y miembro de la comisión de Sociales, aseguró que los opositores al proyecto han llenado de mociones la iniciativa y de esta manera lo han bloqueado.
“Nosotros estamos convencidos de que se tiene que avanzar con la FIV, pues la Corte ya dio un tiempo prudencial para realizarlo. La sentencia establece plazos de cumplimiento y nosotros haremos lo posible para cumplir, y si no, al menos queremos que quede en evidencia quiénes son los que no quieren el avance del país en ese tema”, señaló la legisladora.
Por su parte, la diputada liberacionista Alicia Fournier aseguró que se ha generado una fuerte discusión sobre la temática y no existe un acuerdo entre las partes, por lo que la iniciativa se ha atrasado.
“Es importante que busquemos un punto medio, porque no siento que ninguno de los miembros de la comisión esté en contra de que se regule la fertilización in vitro, pero definitivamente hay que hacerlo mediante la negociación”, advirtió Fournier.
La oposición de la diputada liberacionista se centra en que la propuesta de ley no puede ser permisiva, ni excesivamente liberal; sobre todo, insiste en que la iniciativa debe cumplir únicamente con lo que solicitó la Corte y no incluir otros aspectos, que no es lo solicitado por el organismo internacional.
En su caso, no está de acuerdo con el alquiler del vientre y cree que la fertilización se debe dar solo en el caso de parejas consolidadas, entre hombre y mujer.
“Considero que a la Caja (de Seguro Social, CCSS) hay que darle el tiempo prudencial que solicitó, que sería de unos seis años, con el fin de formar especialistas y prepararse para llevar a cabo este tipo de procedimientos”, indicó.
En su criterio, el tiempo que pide la CCCSS es indispensable, ya que no solo debe preparar a sus doctores, sino construir un laboratorio especializado, que en estos momentos no tiene.
Además, aseguró, se deben establecer fuertes regulaciones y sanciones, para que no se dé ningún tipo de abuso en los procesos.
“Considero que queda poco tiempo y en efecto se debe cumplir con lo que establece la Corte, pero no creo que debamos ir más allá, para que el tema no se convierta en una puerta para el comercio”, argumentó Fournier.
Por su parte, la diputada Rita Chaves, del Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE),  lamentó que no se haya logrado aún un consenso, aunque está convencida de que el sector a favor de la FIV no está dispuesta a ceder, ni a construir una propuesta viable.
Chaves indicó que desde su posición ha cedido en diversas temáticas vinculadas con la fecundación in vitro, como el número de embriones y la bioconservación de estos.
“Sí planteamos que no se aprobara el vientre de alquiler y que la fertilización fuera solo para parejas. Queremos controles en los registros de todos los procesos FIV, pero quienes apoyan el proyecto no quieren ceder en estos aspectos; si hubieran cedido ya tendríamos una ley”, añadió.
La diputada del PASE aseveró que si un sector cede, el otro también debería hacerlo y que esta situación lo que demuestra es que el grupo que está a favor quiere que no se apruebe el proyecto, para que cuando se cumpla la fecha dada por la Corte, esta intervenga e implante los procedimientos sin regulación.
Por su parte, Fidel Gómez, de la CIDH, hizo ver que la entidad no tomará acciones previas al cumplimiento de la fecha otorgada en diciembre.
“La sentencia emitida estableció los plazos de cumplimiento y hasta no llegar ese momento la Corte no se pronunciará, ni tomará ninguna acción. En ese momento se hará un análisis del cumplimiento por parte del Estado de Costa Rica”, dijo Gómez.
CAMINO EMPEDRADO
El proyecto de la FIV fue presentado por el Poder Ejecutivo para ser analizado en la Asamblea Legislativa; no obstante, este se trasladó a la comisión de Asuntos Sociales para ser discutido y dictaminado.
Desde el inicio recibió una gran cantidad de mociones y se mantenía bloqueado, por lo que se elaboró un texto sustitutivo, que muy pronto se llenó también de mociones.
También  hay otros dos proyectos que venían de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero tampoco han tenido suerte y se mantiene fuera del interés de la agenda de la comisión.
Un pequeño proyecto elaborado por Luis Fishman fue dictaminado en un momento en que no había mucha oposición, y fue pasado para ser visto en el Plenario, en donde se encuentra entre los últimos lugares (ver recuadro).
En la comisión de Sociales se sigue discutiendo el texto emitido por la Administración de Laura Chinchilla, y a este se le continúan presentando mociones y textos sustitutivos.

Texto sustitutivo

La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó un proyecto presentado por Luis Fishman, que incluye muy pocos elementos con respecto al tema de fecundación in vitro; pero, quienes están  favor de la técnica consideran que les serviría de base para establecer una legislación, desde el Plenario, haciéndole las modificaciones necesarias.

Dicho proyecto, cuyo expediente es el 18.824, permite a las parejas que no pueden tener hijos usar el procedimiento, mediante el cual los óvulos de la mujer son removidos de sus ovarios, para ser fertilizados en laboratorio.

La iniciativa delega al Ministerio de Salud la regulación y fiscalización del procedimiento, mientras que la Caja Costarricense de Seguro Social sería la encargada de implementarlo entre los pacientes.

En el documento se prohíbe la implantación de más de tres embriones y se penaliza con cárcel de 2 a 6 años a quien done, negocie, venda, compre o comercie embriones humanos.

Para la diputada María Eugenia Venegas, integrante de la comisión, el proyecto es muy pobre, pero asegura que les da un margen de acción muy importante.

“En octubre y noviembre puede que no se mueva, pero en diciembre es potestad de la presidenta Laura Chinchilla definir los proyectos a convocar, y ahí es cuando sentirá la presión de la CIDH para que se vote la iniciativa. Ahí le haremos las correcciones necesarias para que sea una propuesta viable”, anunció Venegas.