A finales de setiembre del 2013,  un Tribunal Penal de Guatemala condenó a 40 años de prisión al exdirector de la Policía Nacional, Héctor Bol de la Cruz (coronel) y a Jorge Alberto Gómez (comandante de policía) por el secuestro y desaparición del estudiante Edgar Fernando García. Esta condena abre una luz en ese intrincado esfuerzo de la justicia guatemalteca, por poner fin a la impunidad que gozan los militares, policías y paramilitares.
Más de doscientas mil víctimas directas (asesinadas o desaparecidas) calculan los organismos de derechos humanos, que sufrió Guatemala después del derrocamiento de Jacobo Árbenz por órdenes directas del presidente Dwight Eisenhower, John Dulles, secretario de Estado y Allen Dulles, director de la CIA. Era el peligro comunista, ¿cómo se atrevía Árbenz a realizar una reforma agraria, y arrebatarle las tierras a la United Fruit Company, impulsar un código de trabajo, mejorar la salud? Eran los años de posguerra mundial (II), era la política de seguridad nacional instruida como estrategia militar e instrumentalizada por la CIA y dirigida a cualquier parte del mundo que no se ajustase a los cánones democráticos de Estados Unidos, es decir, al comunismo había que aniquilarlo; pero había que preparar académicamente a los futuros oficiales latinoamericanos en la Escuela de las Américas. Ahí fueron entrenados en lucha contrainsurgente los oficiales de América del Sur y Centro América, responsables de crímenes contra la humanidad.
Memoria del Silencio recopila la cultura del terror que impulsaron los militares guatemaltecos y dejó al descubierto la impunidad y el irrespeto a la condición humana. ¿Cómo es posible que se les abriera el vientre a las mujeres indígenas que estaban embarazadas y se les extrajera el feto y lo ametrallaran? ¿Cómo es posible que después de violarla por escuadras y pelotones terminaran empalándolas? ¿Cómo es posible que estrellaran a los niños contra las rocas? ¿Cómo es posible que quemaran vivas a familias enteras indígenas? Militares sociópatas al servicio de una burguesía guatemalteca sin ningún escrúpulo, sin ningún respeto  a los derechos humanos.
Y el sacerdote Juan Gerardi Conedera recolectó testimonios de víctimas y testigos sobre las masacres, violaciones, mutilaciones, desapariciones de dirigentes obreros, estudiantes, intelectuales consecuentes, de políticos críticos y hasta de soldados que participaron en las masacres contra la población indígena; sabía a quiénes se enfrentaba: un sistema de terror y miedo impulsado por la cúpula militar guatemalteca y asesores de la CIA. Sin embargo, pensó que las amenazas contra su vida eran desplantes de matones y que por su investidura, obispo auxiliar de la diócesis de Guatemala, por los acuerdos de paz (Esquipulas I y II), por el proceso de negociación entre el gobierno de turno y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que culminó en 1996, le darían protección. Dos días antes de su asesinato brutal, el sacerdote Gerardi había presentado el informe Guatemala: Nunca Más (véase: tomo I).
Y todavía el general Efraín Ríos Montt (1982-1983) niega su responsabilidad sobre la matanza de personas civiles en el Quiché. ¿Acaso los indígenas o descendientes no son seres humanos? No predicaba este bufón desde el púlpito de su “Iglesia del Verbo” el amor al prójimo, el perdón y oraba por los desventurados y derramaba lágrimas para hacer más convincente su papel de guía espiritual?
Hay que preguntarle al flamante presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, cuando era oficial de operaciones, ¿qué hacía en el triángulo Ixil, provincia del Quiché y su estrategia militar de “tierra arrasada” o “quitarle agua al pez”?, qué pasó con el caso del comandante guerrillero Efraín Bámaca Velásquez del ORPA cuando era director de Inteligencia?, ¿qué sucedió con el caso del sacerdote Gerardi Conedera y su vínculo y complicidad con el Estado Mayor Presidencial?
La Memoria Histórica está a la vista (tomos I, II, III y IV) y siguen apareciendo fosas comunes. La deuda de la clase dominante de la sociedad guatemalteca con la población indígena, y con el resto de la población empobrecida, es económica, social y política. Y los responsables  de las masacres y crímenes contra la población civil deben comparecer ante los tribunales de justicia, y resarcir a todos aquellos que sufrieron la cultura de terror impuesta por los militares y por los diferentes gobiernos de Estados Unidos.