El Partido Frente Amplio tiene la obligación ineludible de asumir una posición clara y contundente, con respecto a los problemas nacionales más acuciantes, y, obviamente la educación pública es uno de ellos.
Le asiste la razón al documento IV Informe del Estado de la Educación, cuando afirma: “En Costa Rica la educación ha mejorado, pero eso no quiere decir en absoluto, que ande bien”.
En el nivel de la educación primaria, es muy lamentable que al día de hoy existan centenares de escuelas unidocentes, las cuales sin la menor duda tienen una muy baja calidad académica, pues es humanamente imposible que un docente pueda impartir de la mejor forma y con alta calidad, los contenidos programáticos que tienen contemplados los programas desde primer a sexto grado; ya por ahí empezamos a andar mal.
Estas escuelas no poseen biblioteca, ni aparatos audiovisuales, a efectos de respaldar el quehacer educativo del docente en el aula.
Las escuelas primarias en el sector urbano y urbano-rural también poseen grandes carencias de material didáctico, de una formación excelente de los docentes que imparten la enseñanza. Debe tomarse en consideración que la mayoría de estos docentes provienen de universidades privadas, que en lo esencial las mismas se caracterizan por llevar a cabo una pésima formación profesional de estos educadores, aunque los gradúen con los niveles de Licenciatura y Maestría.
Con sus ligeras variantes, lo mismo suele suceder en lo que popularmente conocemos como la enseñanza secundaria (Tercer Ciclo y Ciclo Diversificado).
Es realmente lamentable la enorme carencia de conocimientos que poseen estos jóvenes y ello no es casual, es el producto de políticas improvisadas que emanan desde el mismo Ministerio de Educación Pública; a manera de ejemplo, ¿cómo es posible que los y las muchachos/as graduados de bachilleres, no sepan ni conozcan nada de Pablo Neruda, de Fabián Dobles, ni de las culturas precolombinas a lo largo del continente americano?
Entre otros, hay un problema estructural, y este consiste en la escasa o nula capacitación que se les brinda a los docentes en el ejercicio de la enseñanza. Es que es muy pretencioso que un docente que se graduó hace diez años, siga impartiendo los mismos conocimientos, máxime en un mundo en donde la revolución científico-técnica marcha a pasos agigantados, sobre todo en lo referente a tecnología de punta.
Ese docente requiere como mínimo dos capacitaciones por año, y capacitaciones de muy alto nivel académico.
Dentro del innumerable conjunto de problemas que acarrea el sistema educativo costarricense, tenemos el problema del interinato docente.
Es inadmisible que haya una cantidad considerable de educadores/as que cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos, vivan la angustia cada final de curso lectivo de si van a ser nombrados o no al año siguiente; en esta situación pasan más de seis o siete años; eso simple y sencillamente no puede ser.
Además, cabe advertir por otra parte, y por esto atañe a la niñez y a la juventud, que cada vez son más altos los índices que se dan no de deserción del sistema educativo; lo que realmente se da es una exclusión, pues las condiciones socioeconómicas obligan al estudiante a tomar este camino, que por lo demás es un sendero profundamente antidemocrático.
Un cáncer que pulula hace ya bastante tiempo, es lo referente a la politiquería que se da en muchos lugares del país, donde la esposa del diputado es la que levanta listas de a cuáles docentes hay que nombrar; incluso estas politiqueras y politiqueros tienen más poder que una Dirección Regional de Enseñanza; esto es una vergüenza nacional.
Estamos totalmente de acuerdo en que se haya asignado un 8% del Producto Interno Bruto para la educación pública, pero creemos que debe fiscalizarse cómo se distribuye ese 8%, y esto debe ser fiscalizado por la sociedad civil de muy diversas formas, para así evitar las malversaciones de fondos.
En el Frente Amplio estamos convencidos, que la educación es un derecho, no un privilegio, y creemos en la necesidad apremiante de mejorar la calidad de la enseñanza, de democratizar el sistema educativo nacional, como premisas de primer orden para impulsar, pero de verdad, una profunda reforma educativa.