Después de transitar, por espacio de 19 años, más de cuatro administraciones, agotando todas las instancias dentro de esta “democracia”, desde lo administrativo hasta lo legislativo,  se logra que el Estado costarricense aprobara el Proyecto de Ley, expediente14352, “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas de Costa Rica”; a través de dicho Proyecto, se consolidarían los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas, con relación a la tierra, cultura, idioma, costumbres y medio ambiente.
A pesar de que el Proyecto se sometió a todo el proceso de consulta, en los pueblos originarios, hasta el 11 de setiembre del 2007 obtuvo el Dictamen Afirmativo de Mayoría, de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, de la Asamblea Legislativa.
Considerándose que era un avance importante, ante la preocupación que significaban los Proyectos del Plan Puebla Panamá y el TLC, que giraban en torno a los poderosos intereses de las transnacionales y la oligarquía nacional y regional, situación que obligaba a un análisis de las consecuencias, y una respuesta contundente desde la perspectiva indígena.
Retomando los pueblos indígenas, las estrategias y la bandera de lucha, que debían encaminarse a la recuperación y fortalecimiento de la cosmovisión, identidad, cultura, historia ancestral, tierra, autonomía y libertad; articulando el movimiento de lucha, con otras organizaciones sociales no indígenas, solidarias y comprometidas en la acción, contra las políticas neoliberales.
Unida a esta estrategia, y acción contestataria, ante el vacío legal y ausencia de análisis y discusión política, sana y constructiva sobre el Proyecto de Ley; las comunidades indígenas asistieron a la Asamblea Legislativa, el 9 de agosto del 2010, conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para exigir que se apruebe o archive el Proyecto 14352, Ley de Autonomía. Ante esta expresión democrática, las autoridades o grupos paramilitares de la Asamblea Legislativa los desalojaron violentamente, golpeando y arrastrando fuera de la sala sin reparar que había adultos(as) mayores.
En respuesta al trato cruel, inhumano y brutal, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) procedió por iniciar el proceso de construcción de la Autonomía en los territorios indígenas, fundamentalmente en Salitre, territorio Bribrí, ubicado en Buenos Aires de Puntarenas, amparados en la legislación nacional del año 1939 que declaraba los territorios inalienables y exclusivos, del Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado/Gobierno de Costa Rica, la Adopción de la Declaración de la ONU, sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, como el voto 3003 del año 92, que reconoce el compromiso internacional del Estado/Gobierno de Costa Rica, al ratificar varios convenios de protección de las poblaciones indígenas, y la Ley Indígena 6172, de noviembre del 77: “ Los territorios indígenas, son exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan”.
La exigibilidad, al Estado/Gobierno, y para algunos no indígenas inescrupulosos y usurpadores de sus tierras ancestrales, en el reconocimiento de sus derechos origina acciones violentas, que van desde la agresión física, hasta la amenaza de muerte. Situación adversa e impune, que no detiene el proceso de recuperación de tierra/territorio, en la comunidad de Salitre, como parte de su organización política y social, de su capacidad de resistencia ante la acción depredadora del acaparador de tierras, y en la construcción colectiva de su identidad, del buen vivir, como alternativa ancestral al desarrollo occidental.
Recuperación de tierras que se ha realizado también en los territorios de Cabagra, Malekus y Térrabas o Teribes, quienes no están dispuestos a permitir en territorio usurpado, el Megaproyecto hidroeléctrico Diquís.
Situación que fue analizada en toda su dimensión por la Misión Internacional, que en agosto visitó nuestro país para constatar y recoger los testimonios, sobre el estado de violencia, abandono y discriminación, que viven los indígenas de Costa Rica, en sus territorios.
Abriendo espacios importantes, de compromiso, reconocimiento y respeto, en las entidades del Estado/Gobierno, en la formulación de políticas a favor de sus tierras/territorios, autonomía, cultura y libertad.