José Miguel Corrales anunció en conferencia de prensa que acusará al TSE de fraude electoral (Foto: Katya Alvarado).
A punto de cumplirse el primer mes de iniciada oficialmente la campaña electoral rumbo a los comicios del 2 de febrero al fin empieza a calentar, sobre todo por la actividad en las redes sociales, donde la virulencia de los ataques y polémicas suscitadas anticipan el tono y el papel que jugarán durante este proceso, en un país donde la conectividad a las redes es de más del 30%, entre las más altas de la región.

En una campaña atípica, en la que solo dos de los 13 partidos en liza electoral han iniciado su campaña publicitaria por los medios de comunicación (otros la empezarán en las próximas semanas), no ha sido obstáculo para que los candidatos se hayan visto obligados a pronunciarse sobre problemas de fondo que debe resolver el país.

Está quedando claro, por ejemplo, que va a ser inevitable que el problema del déficit fiscal y las medidas para resolverlo sea uno de los temas de discusión electoral –pese al tabú que ha sido en las campañas políticas−, puesto que el Gobierno logró introducirlo al sacar a discusión de diversos sectores la propuesta de un plan fiscal (o “consolidación fiscal” como la han llamado). Esto con el objetivo de presentar un proyecto de ley a discusión de la Asamblea Legislativa, que sea aprobado antes de que entre el próximo gobierno en mayo venidero.
Los candidatos reaccionaron −en general− positivamente a la discusión de la propuesta del Ministerio de Hacienda, que contempla medidas de control y eficiencia en el gasto,  así como aumento de ingresos mediante impuestos, lo que incluiría la creación del impuesto al valor agregado (IVA) sobre las compras de bienes y servicios, en vez del actual impuesto de ventas.
Otro de los temas acuciantes, como son los déficits de infraestructura que aquejan al país, fue abordado en un foro que realizó la semana pasada la radioemisora ADN con los candidatos presidenciales, en donde hubo consenso en que el tren −en sus diversas  modalidades− sería la tabla de salvación para resolver los apremiantes problemas de transporte.
También se mencionó que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es un cascarón que hay que transformar, que los consejos desconcentrados −como el de Vialidad (Conavi)− no sirven y hay que eliminarlos, aunque en este punto Johnny Araya, candidato del gubernamental Partido Liberación Nacional (PLN), cauteloso, habló de que el asunto hay que estudiarlo.
Y en lo que fue el primero de varios debates previstos con los candidatos presidenciales, la Universidad Nacional (UNA) realizó con seis  de ellos un debate sobre cuatro temáticas de interés nacional: legitimidad del Estado y corrupción; desafíos de la educación pública; pobreza, desigualdad y desarrollo humano; problemática ambiental, soberanía alimentaria y cambio climático.
Por su formato y duración (tres horas y media), más que un debate la actividad resultó ser más bien un foro, sin la confrontación típica de un debate, y donde fueron más las coincidencias que las divergencias entre Johnny Araya, Rodolfo Piza (Unidad Social Cristiana), Otto Guevara (Movimiento Libertario) y Luis Guillermo Solís (Acción Ciudadana), mientras que José María Villalta (Frente Amplio) y José Miguel Corrales (Patria Nueva) trataron de sacar ventaja, confrontando las posiciones de los tres primeros y tachándolas de ser “más de lo mismo” que tiene mal al país.
CONFLICTO
Entre los primeros conflictos de la campaña estuvo el surgido entre el Partido Patria Nueva (PN) y el TSE, por la resolución del órgano electoral que ordenó restituir a un candidato a diputado por San José.
José Miguel Corrales, aspirante presidencial de PN, advirtió que denunciará a los magistrados del TSE por delitos de fraude electoral y por prevaricato (en el que incurren funcionarios públicos que resuelven de manera contraria a la ley).
El TSE obligó al partido a restituir al abogado Álvaro Montero Mejía, como candidato a diputado en el segundo  lugar por San José. En esa casilla la asamblea del partido había nombrado a Óscar Aguilar Bulgarelli, jefe de campaña de Corrales, quien había puesto como condición este cambio para mantenerse como candidato, ya que no considera a Montero idóneo en ese cargo por ciertos cuestionamientos éticos.
En conferencia de prensa, Corrales y Aguilar Bulgarelli denunciaron el pasado jueves 22 que el TSE, al poner a Montero y correr la lista de candidatos a diputado, se arrogó funciones de la asamblea nacional de PN, que no le competen. Además cuestionaron la imparcialidad del Tribunal, al mencionar un correo que habría mandado el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado al expresidente Óscar Arias, donde se hablaba supuestamente de perjudicar a PN.
En un comunicado, el TSE rechazó los ataques “sin fundamento” de la cúpula de PN, luego que la versión corrió a través de los medios de prensa y redes sociales, incluso en sitios extranjeros.
Mientras tanto, dirigentes del Frente Amplio se quejaron de que delegados del  TSE       les pusieron trabas para su actividad proselitista, en las paradas que hicieron durante una caravana de vehículos el pasado sábado, por cantones del sur de San José. Al candidato José María Villalta, que participaba en la caravana de Curridabat a Aserrí, le impidieron bajarse del vehículo en un punto antes de llegar al centro de Aserrí; la situación se repitió en el centro de esta localidad. Asimismo, no permitieron que se juntaran dos personas que tuvieran el mismo color de la camisa para apoyar a un candidato, detalló a la prensa Patricia Mora, presidenta del FA y candidata a diputada por San José.

TSE: ataque “sin fundamentos”

“Rechazamos esas afirmaciones por ser totalmente contrarias a la verdad. El órgano electoral costarricense es un tribunal de derecho y sus magistrados son jueces que fallan los asuntos sometidos a su conocimiento en estricto apego al ordenamiento jurídico de la República”, manifestó el Tribunal Supremo de Elecciones, a propósito de las denuncias de Patria Nueva.
“Deploramos que dicha decisión unánime de los magistrados, sobre un conflicto interno de ese partido político (Patria Nueva), sea utilizada ahora como excusa para atacar, sin fundamento alguno, la imparcialidad y probidad de la magistratura electoral”, señaló entre otros puntos el comunicado del TSE.