La propuesta que don Luis Guillermo Solís le hace al país de buscar una convergencia ética y política, para erradicar la corrupción y la desigualdad social, es la correcta.
La designación de doña Ana Elena Chacón como vicepresidenta muestra que va en esa dirección. Para emprender una tarea de las dimensiones propuestas se requiere volver a las cualidades del estadista: clara visión del bosque de la política, es decir, los intereses del bien común y no los de las parcelas ideológico-corporativistas –incluidos los partidos sectarios−-, que pertenecen a la vieja política, incapaz  de conjuntar las mejores personas y voluntades para enrumbar un país hacia metas superiores de progreso humano.
Los grandes avances en la historia social y política del país han sido el resultado de esa visión amplia y de largo plazo, para encarar problemas urgentes-coyunturales e importantes-estructurales. Tal fue la visión de los fundadores de nuestra Primera República,  Juan Mora Fernández, Braulio Carrillo Colina, José María Castro Madriz, Juan Rafael Mora Porras, entre otros, y de nuestra Segunda República, José Figueres Ferrer, Rafael Calderón Guardia y Manuel Mora Valverde. Los primeros pusieron el cimiento: educación, soberanía y dignidad nacional; los segundos edificaron sobre esos cimientos el Estado social de derecho, depurando el sistema electoral, impulsando la reforma social y modernizando el Estado.
Hoy, efectivamente, enfrentamos dos problemas fundamentales: la institucionalización de la corrupción –coyuntural– y la creciente desigualdad social −estructural–. Si en la década de 1940 la corrupción se circunscribía particularmente al sistema electoral, en la actualidad corroe la institucionalidad a diferentes niveles, por lo tanto, es un problema que exige el mayor esfuerzo para solucionarlo en el menor tiempo posible. No se trata de impulsar una gesta neoinquisitorial, pero sí de sentar responsabilidades y devolverle la decencia a la gestión pública. La desigualdad social, como bien ha insistido don Luis Guillermo, se ha incubado durante muchas décadas y no se puede pretender solucionarla en cuatro años, pero sí es posible abordarla con la seriedad y la voluntad política que no han tenido los gobiernos de las últimas tres décadas.
Para salir del atascadero en que se encuentra el país, al borde de la desesperación ciudadana, y ante un peligroso escenario que apunta a una posible violencia civil por la justicia social y la decencia en la política, debemos volver a las banderas de la nacionalidad sin patrioterismos populistas y de la ética sin moralismos medievales. Estas fueron las banderas que condujeron a la convergencia ético-política que produjo la gran reforma social de los años 40 del siglo pasado.
Una nueva generación política está retomando estas banderas, al anteponer ideologías e intereses partidarios para encarar el desafío de construir la nueva Costa Rica. Vamos por buen camino.