El ministro de Hacienda, Edgar Ayales (centro)  anunció la presentación de su propuesta el 17 de octubre, junto con sus viceministros. La restructuración y revisión de los gastos del Gobierno Central es uno de los principales ejes del diagnóstico presentado.
El Ministerio de Hacienda objeta el mandato constitucional de otorgar a la educación el equivalente al ocho por ciento de toda la producción del país en 2014, mientras no haya nuevos ingresos para financiarlo, mientras que sectores universitarios consideran que sería un error del Gobierno reducir o incluso retardar esa meta para reducir las deudas del Estado.
Debido al incremento del déficit fiscal, que ya casi llega al 5%del Producto Interno Bruto (PIB), el Ministerio de Hacienda publicó el 17 de octubre un documento denominado “En ruta hacia la Consolidación Fiscal” en el que propone un diagnóstico a partir del cual centrar el diálogo nacional sobre este tema.
Entre las medidas, resaltan las que pretenden disminuir o modificar el gasto público, regulando mejor las inversiones del Estado en temas como pensiones o educación.

Actualmente, el gasto en educación –que incluye primaria, secundaria y universitaria- representa el 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Sin embargo, según una reforma constitucional aprobada en el 2010, este monto debería elevarse al 8% para el año siguiente.

El documento objeta de entrada esa obligación: “Ejemplo de la creación de gasto sin financiamiento y sin un programa claro que garantice su efectividad, es el mandato constitucional de incrementar el gasto en educación”.
Además de argumentar que no existen los recursos necesarios para cubrir este monto sin agravar más la situación fiscal del país, el documento cuestiona otros aspectos de la inversión en educación pública, como su calidad. Al comparar presupuestos de otros países con respecto a los resultados en exámenes académico estandarizados, el texto afirma que el rendimiento de la educación en el país ha disminuido en los últimos años.
Del  7,2% dedicado a la educación, un 1,282% es para la educación superior; monto que se convertiría en un 1,50% con el aumento que corresponde para el 2014, según el Rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen.
A pesar de que es un porcentaje menor lo que se dedica a la educación superior, en el texto también se cuestiona el hecho de que, en proporción, los estudiantes universitarios reciban más dinero que los de primaria o secundaria.
Además, se plantea la inclusión de organismos de educación técnica entre los beneficiarios de ese presupuesto: “los servicios de capacitación brindados por entidades estatales como el Instituto Nacional de aprendizaje (INA), que son financiados con recursos del Presupuesto Nacional, deberían considerarse parte de la educación estatal”, afirma el diagnóstico.
El Plan de Consolidación Fiscal es un menú de opciones y deja claro en su introducción que no refleja las opiniones del Ministerio de Hacienda sino que pretende solamente dar pie a una discusión sobre la problemática fiscal del país. Sin embargo, según lo planteado, uno de los principales puntos de la discusión será  cómo debería reestructurarse el gasto en educación en aras de enfrentar la crisis fiscal.
¿SE DEBERÍA TOCAR LA EDUCACIÓN?
A pesar de ser uno de los pilares del documento presentado por el Ministerio de Hacienda, la reducción del gasto en educación ha encontrado ya algunos detractores para quienes este es uno los últimos rubros que el país debería modificar.
El economista Henry Mora fue uno de los sesenta profesionales consultados por el gobierno para elaborar este diagnóstico, sin embargo su posición con respecto al texto presentado es negativa: “Aunque reconozco la urgencia de resolver cuanto antes la situación de déficit fiscal, no puedo respaldar el documento hecho público”.
Camilo Saldarriaga, presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR (FECUR), tiene una posición similar y se opone aduciendo que  cualquier recorte al sistema educativo es un error: “Tendría un impacto a futuro, primero en la calidad de la educación de miles de personas, pero segundo también en la condición económica e incluso en última instancia en la condición fiscal”, afirmó.
La UCR se beneficia del 1, 282% que reciben las casas de enseñanza superior, compartiéndolo con la Universidad Nacional (UNA), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
El rector de la UCR, Henning Jensen, recordó que enla década de los 80 y 90 la educación costarricense sufrió un abandono importante para justificar lo esencial de no reducir el presupuesto. “No nos hemos recuperado de ese rezago, cuya superación tomará mucho tiempo y requiere una decidida inversión de recursos. El propósito de alcanzar el 1,50% del PIB para la educación superior pública y el 8% para la educación en general, expresa una meta razonable y legítima de la ciudadanía costarricense”, defendió.
Mora explica que, para él, resulta una decisión peligrosa y un retroceso para el país reducir o incluso proponer un ajuste progresivo del presupuesto a la educación y no entregar el monto establecido por la reforma constitucional del 2010, lo anterior puesto que implicaría poner el futuro de la educación en función de la economía.
Sin embargo, el Ministro de Hacienda, Édgar Ayales, defendió que, aunque su labor no era dictar políticas sobre la educación, si lo es el de vigilar que se de un “financiamiento sano” a los gastos del Gobierno Central. El jearca explicó que “un período de fuerte inestabilidad macroeconómica y desempleo puede, fácilmente, dar al traste con los esfuerzos hechos hasta ahora por mejorar la educación o los que se pretendan hacer con los recursos adicionales”, justificando de esta manera  la injerencia de las políticas fiscales en la educación.
Con respecto al cuestionamiento de cómo se aprovechan los recursos, si bien tanto Saldarriaga como Jensen mantienen que la universidad debe ser vigilante y cuestionarse constantemente al respecto, afirman que esto no justifica un eventual recorte.
“La educación superior es más cara para cualquier país pero también genera muchos más réditos en términos de la calidad de vida de la gente. Y ese argumento basta y sobra para eliminar la posibilidad de reducción en la educación” afirma Saldarriaga.
PLAN DE CONSOLIDACIÓN: REFLEJO DE UN MODELO
Mora afirma que el documento  publicado tiene una orientación sesgada de la reforma fiscal que necesita el país pues lo primero que propone es reducir el gasto público en cuatro áreas específicas: los salarios, el empleo público, los beneficios de las pensiones y la inversión en educación.
Con él coincide Saldarriaga –quién también es estudiante de economía- al afirmar que “la salida de la crisis fiscal, si bien pasa por una revisión de las inversiones y gastos que tiene el gobierno, pasa necesariamente por un replanteamiento de la estructura fiscal”.
Cada uno tiene su enfoque de específicamente hacia qué área tiene que estar dirigida la reforma, sin embargo ninguno coincide con la del ministerio.
Saldarriaga considera que la reforma debería ir enfocada a un sistema de con impuestos progresivos que  “permitan cobrarle a quienes más tienen y menos a quién menos tienen para que la política fiscal también nos ayude a combatir la desigualdad que se ha venido consolidando a lo largo de los últimos años en el país”.
Mora por su parte afirma que “el primer pilar de la reforma debe ser la lucha contra la evasión, la elusión, el contrabando y el fraude fiscal. Y aunque esto sí se menciona en el documento, no hay una sola meta al respecto, lo que denota el papel secundario que recibe”.
El ministro Ayales, insiste en que estas medidas no serían suficientes. “El ajuste fiscal necesario para estabilizar la razón de deuda pública a PIB es del 3,5% del PIB. Es muy poco probable que el país logre reducir la evasión, elusión y contrabando en este monto con solo mejoras administrativas en la recaudación de impuestos” afirmó.
Pero, ¿bastarían con las medidas en contra de la evasión para que el gobierno pudiera otorgar a la educación el presupuesto correspondiente?: “¡Ah sí, hasta sobraría!”, responde, enfáitco, Mora.