Albino Vargas (ANEP), Mauricio Castro (ANEP), Marvin Rodríguez (SEC) y Olman Chinchilla (CMTC) solicitaron en la Asamblea Legislativa que se vote la RPL.  (Foto: Javier Córdoba)
Cuatro confederaciones y dos federaciones sindicales piden al Partido Liberación Nacional (PLN) que libere el proyecto de Reforma Procesal Laboral (RPL) que está listo para ser votado nuevamente en la Asamblea Legislativa, luego de recibir el veto del Gobierno el año anterior.
Estos sindicatos acusan al candidato del PLN, Johnny Araya, de impedir la votación de la RPL −pese a que casi la totalidad de las demás fracciones legislativas está de acuerdo con el proyecto−, al condicionar los votos a la aprobación de reformas al reglamento legislativo y a la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Sin embargo, otras organizaciones sindicales de los sectores de salud y educación, junto a la Central General de Trabajadores (CGT), se oponen a que se apruebe dicha reforma, a la que se le eliminaron cuatro artículos y un inciso vetados por la presidenta Laura Chinchilla, en los que se regulaba el derecho a huelga.
Hoy el proyecto “duerme el sueño de los justos” en el lugar 155 del orden del día en la Asamblea Legislativa y ya no existe posibilidad de hacerle modificaciones, por lo que los grupos sindicales a favor piden que se permita la votación, ya sea para su aprobación o rechazo en el plenario, antes del cambio de gobierno.
“REFORMA SECUESTRADA”
Representantes de organizaciones sindicales como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Sindicato de la Educación Costarricense (SEC) y el  Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT), con sus respectivas confederaciones, denunciaron en la Asamblea Legislativa el bloqueo que sufre la RPL.
En conferencia de prensa el pasado 31 de octubre, los sindicalistas afirmaron que el candidato del PLN, Johnny Araya, es quien impide la votación de la reforma, ya que  condiciona los votos de su partido al trámite de otros proyectos que no tienen ninguna relación con este, pese a haberse comprometido previamente a promover su aprobación.
“El candidato presidencial del PLN firmó este documento en la pasada asamblea general del SEC, donde se comprometía a permitir la aprobación de este proyecto, junto a otros candidatos. Don Johnny Araya no está honrando este compromiso”, reprochó el representante del SEC, Marvin Rodríguez.
Albino Vargas, secretario general de la ANEP, aseguró que al impedir la aprobación de esta reforma, se le hace daño al trabajador humilde, que al ser despedido no tiene dinero para pagar un abogado ni un sindicato, pero la RPL le brinda la posibilidad de acceder a la defensa pública para reclamar sus derechos.
La reforma también sanciona todo tipo de discriminación para cualquier persona trabajadora y acorta los procesos judiciales en el plano laboral, al introducir la oralidad.
UNIVERSIDAD consultó al jefe de campaña del PLN, Antonio Álvarez Desanti, quien reconoció que su partido ha definido una lista con prioridades para definir la agenda legislativa, donde la reforma al Reglamento Legislativo y a la ley de Jurisdicción Constitucional ocupan los dos primeros lugares.
“Para el partido es fundamental atacar el problema más serio que tiene el Congreso, mediante una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa que tenga vigencia a partir de mayo del 2014; esta se debe dar antes de las elecciones nacionales, dado que a partir de febrero vendrá una nueva integración legislativa y será más difícil lograr un consenso legislativo”, respondió Álvarez.
“En segundo lugar de las prioridades está el reformar la ley de la Jurisdicción Constitucional, hoy abarrotada de trabajo (la Sala Constitucional), lo que ha venido reduciendo su eficiencia y rapidez para resolver los procesos que tiene bajo su conocimiento, tema fundamental para tutelar los derechos de los costarricenses”, añadió.
En tercer lugar de esta lista estaría la Reforma Procesal Laboral, que Álvarez reconoce como “necesaria para modernizar el proceso judicial laboral en el país”, y más atrás aparecen otros proyectos como el de Banca de Desarrollo y la ley de Investigaciones Biomédicas, así como la elección de magistrados de la Sala Constitucional.
El jefe de campaña y candidato a diputado, aseguró que la RPL necesita “terminar de lograr el consenso”, pues los candidatos presidenciales de otras agrupaciones han manifestado algunas reservas en los recientes debates.
Álvarez también remitió a este Semanario la copia de una carta dirigida a la jefatura de fracción del PLN el pasado mes de octubre, en la que sindicatos como la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) y la (CGT), piden audiencia a los diputados.
“NO SE DEBE APROBAR”
Luis Chavarría, secretario general de  la UNDECA y firmante de la nota citada −en representación de las demás organizaciones−, confirmó a UNIVERSIDAD que estos grupos sindicales se oponen a que se apruebe la RPL, a la cual se le cercenaron los artículos relacionados con el derecho a huelga.
“Cuestionamos que el proyecto tenían que mejorar el derecho a huelga y las violaciones a las negociaciones colectivas. Este proyecto fue manoseado, vetado por la Presidenta, a pesar de que se había comprometido ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a que sería aprobado como estaba”, criticó Chavarría.
El dirigente de Undeca censuró que los sindicatos que están promoviendo la aprobación de al RPL, lo hacen dejando de lado el criterio de organizaciones con mucho peso y que se ven directamente afectadas, como es el caso del sector salud.
En los artículos vetados por la presidenta Chinchilla en octubre del 2012, se pretendía regular el derecho a huelga en servicios públicos, para que se garantizara una prestación mínima, pero se permitiera la huelga en los sectores en que hoy es ilegal hacerlo.
Pese a que reconoce que la reforma contiene otros avances en materia laboral para los trabajadores, Chavarría considera que la RPL no debe aprobarse como está y alega que el proceso de negociación debería empezar nuevamente, para atender lo que solicitan estas organizaciones sindicales en lo que respecta al derecho a huelga.
“HAY AVANCES”
Por su parte, Mauricio Castro, asesor jurídico de la ANEP, explicó que el actual Código de Trabajo prohíbe la huelga en los servicios públicos esenciales, que puedan poner en riesgo la vida de las personas con la interrupción total de sus servicios, como es el caso del sector salud.
Castro reconoció que la actual legislación es muy limitante en lo que respecta al derecho a huelga, por lo que inicialmente la RPL planteaba una regulación en la que se garantizaba una prestación mínima del servicio; pero, esta fue rechazada y vetada por el Gobierno.
No obstante, el asesor de la ANEP asevera que hay avances en el tema de huelga, en vista de que la reforma hace que los requisitos sean más accesibles y esto posibilitará que más huelgas sean legales.
Castro también cuestionó que las organizaciones opuestas se nieguen a darles a los trabajadores los otros beneficios que la RPL contiene, solo porque el proyecto ya no contiene todo lo que esperaban de él.
Insistió en que el proyecto cuenta con el apoyo de cuatro de las cinco confederaciones sindicales que existen en el país, así como con el deseo expreso de todas las demás fracciones legislativas, para que el proyecto sea votado.
“Si estas organizaciones no quieren que se apruebe la reforma, tienen su derecho a pedirlo, pero estarán de acuerdo con nosotros al pedir que se vote, y entonces que cada fracción legislativa tome su decisión. Nosotros estamos convencidos de que existen los votos necesarios para aprobarla”, indicó Castro.