Por ley, el Lanamme es el ente encargado de fiscalizar la calidad de la red vial como ente asesor del MOPT y del Conavi. (Foto: archivo)
Los criterios del diputado Walter Céspedes; del coordinador del Programa de Ingeniería de Transporte del Lanamme, Guillermo Loría; del director de calidad del Conavi, Benjamín Sandino; y del miembro fundador del Foro de Occidente (San Ramón de Alajuela), Paul Brenes, son coincidentes en la necesidad de que la supervisión del Lanamme sea vinculante, según un proyecto legislativo.
“El ministro Pedro Castro tiene miedo de ser supervisado, porque ahora, cuando el Lanamme emita un criterio este será vinculante y si no lo acata, él tendrá que responder con su bolsa si algo sale mal”, afirmó el diputado socialcristiano Walter Céspedes, al referirse al voto de la Sala Constitucional (IV) que el jueves descartó vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de ley que pretende hacer de acatamiento obligatorio para el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los informes técnicos  del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica.

El proyecto se discute en la Asamblea Legislativa con el nombre de “Reforma al artículo 6 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria. Ley 8114 y sus reformas” y fue aprobado en primer debate el 25 de setiembre en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera; sin embargo, su avance hacia el segundo debate corre el riesgo de tropezar con varios intentos de frenarlo, principalmente motivados por el jerarca del MOPT, Pedro Castro.

Diputados de la bancada oficialista del Partido Liberación Nacional (PLN) que integran la comisión, en atención a una solicitud del ministro Castro, elevaron  el proyecto a consulta ante la Sala Constitucional a inicios de octubre. La Sala IV consideró que no hay  ningún vicio ni de trámite ni de fondo.

EL FANTASMA DEL VETO
Según Céspedes, nada debería impedir que el proyecto 17.735 se apruebe en segundo debate; sin embargo, tanto la legisladora Alicia Fournier (PLN), como declaraciones del ministro Castro dadas días atrás a varios medios de comunicación, no despejan el fantasma de la duda de que sea obstaculizado.
El  ministro Castro no ha ocultado públicamente su oposición  al proyecto, aún después de conocer el criterio de la Sala Constitucional, aunque dijo “respetarlo”.
“Sí, él está totalmente en contra del proyecto y nosotros mismos tenemos varias dudas que hemos recibido de varios alcaldes; hay mucha preocupación sobre varios temas”, señaló Fournier.
Al ministro Castro se le trató de consultar, pero en su oficina de prensa indicaron que no respondería a las preguntas que se le enviaron por correo electrónico.
La legisladora del PLN y una de las que firmó el recurso, comentó que “todavía esperan sentarse para tomar una decisión” y no descartó que el proyecto sea sujeto de un eventual bloqueo, el cual puede darse en el segundo debate, mediante un veto presidencial de convertirse en ley, o bien, ser trasladado de la Comisión al plenario.
Para Céspedes, no aprobar el proyecto en segundo debate sería “una irresponsabilidad de los diputados”.
“Cuando un proyecto sale de la Sala, viene blindado”, por otro lado, vetarlo sería un error de la señora Presidenta, porque este proyecto no busca quitar ninguna competencia o atribución al MOPT, porque Lanamme va a hacer lo mismo que ha hecho hasta ahora”, comentó Céspedes.
“El ministro tiene miedo, no debería tenerlo el MOPT, porque este gobierno ya casi se termina. Pedro Castro no acepta los dictámenes del Lanamme y hace contrataciones con empresas que vienen amañadas, como Cacisa; es una argolla que tiene con un montón de empresas y ahora también ellas están preocupadas”, criticó el legislador.
“Tres días antes de que se colocaran los puentes en la Circunvalación, Lanamme recomendó no hacerlo, porque la tierra estaba suave y no iba a aguantar el peso de los puentes y vea lo que pasó. Pedro Castro echó ese informe al basurero. Toda esa millonada de ponerlos y quitarlos él no la paga de su bolsillo, la pagamos todos los costarricenses”, agregó Céspedes.
LOS PLANTEAMIENTOS
Los diputados que consultaron a la Sala IV señalaron varias “dudas” de inconstitucionalidad, por supuesta “violación al principio de división de poderes, en tanto se transfieren o delegan competencias administrativas y/o de control a la Universidad de Costa Rica”.
En criterio de ellos, estas potestades son “exclusivas del Poder Ejecutivo”, que es el encargado de velar por la calidad de las obras públicas en materia vial, mientras que dicho proyecto “busca que un órgano académico, sin personalidad jurídica, instruya directamente a la Administración activa”.
Al respecto, la Sala Constitucional aclaró que “no existe afectación del principio de división del poder o separación de poderes,  al no concretarse  ninguna transferencia o delegación inconstitucional de funciones y no existir amenaza a los objetivos y finalidades protectoras del ciudadano”.
Por su parte,  Guillermo Loría, coordinador del Programa de Ingeniería de Transporte del Lanamme, este argumento carece de sustento jurídico.
“No hay traslape de funciones, pues el Lanamme haría lo que de todas maneras ha venido haciendo hasta ahora; es un criterio técnico, con especialistas en red vial e ingeniería”, afirmó.
Según la Ley 8114, el Lanamme es el ente encargado de fiscalizar la calidad de la red vial como ente asesor del MOPT y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Otro de los argumentos esgrimidos en contra del proyecto,  es la posible infracción a las facultades constitucionales otorgadas a la Contraloría General de la República (CGR). Se aduce que las auditorías vinculantes del Lanamme podrían “soslayar” las competencias del órgano contralor.
Para la Sala, no existe infracción constitucional, dado que en el texto aprobado “no se observan limitaciones al ejercicio de las potestades” asignadas a la Contraloría.
LA VINCULANCIA ES OPORTUNA Y VALIOSA

“La vinculancia de los informes del Lanamme son oportunos y valiosos” y esto obligaría a la Administración a no guardar en la gaveta muchos criterios técnicos que podrían contribuir a mejorar los proyectos que se ejecutan, sostiene Benjamín Sandino, director de calidad del Conavi.
“La oportunidad de mejora que brinda una auditoría, sea del Lanamme, de la CGR o a nivel interno, es para atenderse”, destacó el funcionario.
“Es lamentable que se tenga que llegar a esos extremos, de tener que hacer un proyecto de Ley; se llega a eso precisamente por la falta de atención a este tipo de cosas”, reprochó Sandino.
Por su parte, Paul Brenes, del Foro de Occidente, coincidió en que no sería necesario recurrir a un proyecto de ley si el país tuviera las instituciones con la capacidad de responder a las necesidades en infraestructura.
“El problema en Costa Rica es que tenemos un MOPT desarmado, desmantelado y un Conavi lleno de vicios. Se está haciendo necesario crear un órgano interventor. El Lanamme es un laboratorio con toda la capacidad técnica, ética y profesional para llevar a cabo esta labor”, insistió.

Contrato MOPT-TEC costará casi ¢1.000 millones

Pedro Castro, jerarca del MOPT, dijo que respeta la decisión de la Sala IV; “valorará los alcances del proyecto” y no descarta una modificación del texto. (Foto: archivo)
A finales de octubre, el MOPT anunció la firma de un contrato con el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)  para la supervisión de los puentes del país, por un monto cercano a los ¢1.000 millones, según confirmó el despacho ministerial a un medio de comunicación.

En su momento, Pedro Castro rechazó que la contratación signifique “un gasto extra o duplicidad de funciones”.

Guillermo Loría, representante del Lanamme, dijo que si a ellos les hubieran dado ese dinero, habrían estado en capacidad de realizar la labor.

“Lo que nos irrita es que a nosotros se nos dijo que no podíamos usar el dinero a través de Fundevi (Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación) y el TEC lo va a hacer con recursos tramitados a través de la Fundación de ellos (Fundación Tecnológica de Costa Rica, Fundatec), reclamó Loría.

El Contrato tiene una cláusula de confidencialidad en la que solo el Conavi podrá ver los resultados.