Casi la mitad del electorado (47%) no respalda ningún partido político. Administración Chinchilla afronta la mayor conflictividad social en 20 años. Apoyo a los ciudadanos a la democracia es el más bajo desde 1979.
Unos partidos políticos que han perdido su vínculo con los ciudadanos y enfrentan graves cuestionamientos por irregularidades en su financiamiento; grandes regiones del país bajo una fuerte apatía electoral y una sociedad civil insatisfecha con la democracia, las instituciones y la gestión de gobierno.
Así se conforma la tormenta perfecta bajo la cual se  realizarán las elecciones nacionales el próximo 2 de febrero.
Esa es una de las conclusiones que expone el XIX Informe del Estado de la Nación, presentado ayer, donde se indica que las próximas elecciones en Costa Rica se efectuarán en el contexto político más desfavorable desde que se tienen registros.
El informe revela que existe un “desalineamiento partidario” que consiste en que grandes porciones del electorado están alejadas de los partidos o han perdido su identidad partidaria.
El fenómeno se evidencia en que, a junio de este año, casi la mitad del padrón electoral (47%) no se adhería a ningún partido político.
Este alejamiento de las estructuras partidarias ha sido un proceso en desarrollo durante los últimos 20 años. A inicios de la década de 1990, la enorme mayoría del electorado tenía una firme identidad con los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Socialcristiana (PUSC).
Según el informe, un año antes de las elecciones de 1994, más de nueve de cada diez electores (94%), decía simpatizar con el PLN o con el PUSC; un 4% no simpatizaba con ningún partido y solo un 2% optaba por una opción diferente a los dos partidos mayoritarios.
El divorcio con el PLN y el PUSC se hizo evidente durante el proceso previo a las elecciones de 1998, cuando el favor por el bipartidismo cayó al 67% y se terminó de consolidar, cuatro años más tarde, en la campaña hacía las elecciones del 2002, con la aparición del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Posteriormente, entre 2004 y 2005, el impacto de las investigaciones por corrupción a los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, culminaron con la debacle electoral del PUSC en 2006 y la aparición de un escenario multipartidista, pero con una amplia masa electoral sin identidad partidaria.

La era de la apatía
democrática
El fenómeno de un electorado que se siente ajeno o desvinculado de los partidos políticos, tiene su correlato en un alejamiento de las urnas de grandes masas ciudadanas que, además, manifiestan una creciente insatisfacción con la democracia y con las instituciones públicas.
Según el informe del Estado de la Nación esta apatía democrática se pone en evidencia cuando se comparan los niveles de participación electoral del último tercio del siglo XX con los actuales.
El nivel de participación cayó en los últimos 20 años, pasando de un 80% a los registros actuales que varían entre un 65% y un 70% de participación electoral.
Esta apatía se refleja en que amplias áreas del territorio costarricense registran muy bajos niveles de participación electoral, fundamentalmente las zonas periféricas, como las áreas costeras y limítrofes.
El capital de votantes activos que le queda al país se concentra en una franja ampliada del Área Metropolitana, que corre de oeste a este, entre las ciudades de San Ramón de Alajuela y Paraíso de Cartago.
Los cantones de Nandayure y Hojancha tienen las juntas receptoras en donde se registra mayor participación electoral y según el estudio se trata de un fenómeno asociado a la longevidad de los ciudadanos que viven allí.
El último eslabón en esta cadena de desencanto e insatisfacción con los partidos políticos es una fuerte caída en la satisfacción que los ciudadanos tienen con la democracia y sus instituciones.
Según el informe, todos los indicadores muestran un descenso en la satisfacción de los ciudadanos con la democracia. Uno de estos indicadores es el índice de estabilidad democrática, que mide la proporción de individuos que consideran como legítimo al sistema democrático de gobierno y mantienen altos niveles de tolerancia política.
En 1980 el índice de estabilidad democrática (medido en una escala de cero a 100) era 66 puntos; en el 2012 ese mismo índice había caído a solo 27 puntos, es decir al nivel de apoyo democrático más bajo desde que se comenzó a registrar en 1979.

En la mira de la justicia
Las investigaciones que realizó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el financiamiento político y las denuncias contra los principales partidos políticos que investiga el Ministerio Público, son otros de los factores que causan enojo y desconfianza entre los electores.
Según los investigadores del Estado de la Nación estos cuestionamientos judiciales refuerzan la mala imagen de los partidos ante los ciudadanos. En una escala de cero a 100, los partidos políticos obtuvieron apenas 31,5 puntos en la confianza de la gente.
Una investigación de UNIVERSIDAD, publicada en octubre pasado, reveló que los integrantes de los partidos −al reclamar la deuda política− habrían repetido conductas que calificarían como intento de estafa, estafa, falsificación de documento, uso de documento falso y falsedad ideológica.
En la pasada campaña, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) distribuyó entre ocho agrupaciones más de ¢14.918 millones y les objetó unos ¢4.769 millones, porque no tenían respaldo o incumplían los requisitos de pago.
Es decir en el 24,5%, casi tres de cada diez colones reclamados, los partidos intentaron meterle un gol a la deuda política.