En 1990, quienes vivían en Costa Rica, tenían frescas las imágenes de la invasión estadounidense a Panamá, los funerales de don “Pepe” Figueres y la participación de la “Sele” en el mundial de fútbol de Italia. El país era entonces uno de los ejemplos en Latinoamérica por su lucha contra la desigualdad social, con mejores indicadores que los de Venezuela, Argentina, Uruguay y México.
Desde 1990 hasta hoy, seis presidentes han gobernado el país: tres de ellos del Partido Liberación Nacional (PLN) y tres del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC). Desde entonces,  Costa Rica se ha vuelto uno de los países más desiguales de Latinoamérica, con niveles mayores que los de Venezuela, Argentina, Uruguay y México.
Así lo indica el XIX informe del Estado de la Nación, en los últimos 20 años la desigualdad se disparó en Costa Rica y hoy el ingreso del quintil más rico de la población es 24,8 veces mayor que el ingreso del quintil más pobre.
Según el Estado de la Nación, el coeficiente de Gini  –que se utiliza para medir el nivel de desigualdad en la distribución interna del ingreso de un país– revela que Costa Rica ingresó en una etapa de elevada desigualdad.

El estudio abordó además el estudio de la desigualdad mediante otro indicador: la relación o distancia que separa los ingresos de los sectores más pobres, de los ingresos que reciben los más ricos del país.
Así el ingreso total promedio de los hogares más ricos es 24,8 veces mayor que el de los más pobres.
Según los investigadores el problema de la desigualdad y la persistencia de la pobreza son favorecidos también por un mercado laboral que ofrece mejores oportunidades para la mano de obra calificada.
Es decir que las personas con menor calificación tienen mucho más dificultad para conseguir empleo y quienes lo logran obtienen salarios muy bajos, por lo se perpetúa el ciclo de la pobreza.
La investigación revela que, además, los hogares pobres tienen mayor porcentaje de jefaturas femeninas (38,9 % frente 33,5%), menos años de educación formal (6,3 años versus 9,1 años) y menor participación en el mercado laboral: 46% contra 63,6% de participación en los hogares con mayores ingresos.
22 MESES DE PROTESTAS
La administración de Laura Chinchilla lleva el récord de ser el gobierno con mayor cantidad de meses seguidos de conflictividad social. Según el estudio, desde el segundo año de esta administración han transcurrido al menos 22 meses en los que el país acumuló 425 protestas y acciones colectivas.
Los investigadores recopilaron información de los últimos 20 años y documentaron que en administraciones anteriores existieron picos de fuertes conflictos por temas muy específicos,  cuya duración se extendió por unos pocos meses.
El estudio detalla picos históricos, como la reforma al régimen de pensiones del magisterio, en 1995, que se prolongó durante ocho meses en la administración Figueres Olsen; las protestas en contra del “Combo ICE”, en el 2000, que se mantuvieron por dos meses durante el gobierno de Miguel A. Rodríguez; y la crisis de siete meses que produjo el proyecto de Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, en la administración Pacheco de la Espriella.
La recopilación que presenta el Estado de la Nación muestra que a diferencia de los grandes conflictos de administraciones pasadas, en el caso de Chinchilla no hubo un único tema que avivara las protestas, sino que se trata de un abanico de áreas como infraestructura, salud y agenda legislativa.
La oposición al proyecto de reforma fiscal, en 2011, fue el inicio de la ola de conflictos; le siguió la crisis de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la demanda por mejores servicios de salud;  luego los conflictos se concentraron sobre los temas de infraestructura la oposición a la concesión de la carretera a San Ramón que  generaron protestas importantes en la zona de occidente, principalmente en los cantones de Grecia y San Ramón.
Los analistas hacen una doble valoración de este periodo de 22 meses con alta movilización social: en positivo resaltan que refleja una ciudadanía con gran vitalidad y dinamismo social y en lo negativo señalan que se evidencia un fuerte descontento ciudadano que las instituciones democráticas no logran atender.
En el 2014, como en 1990, la “Sele” jugará en un mundial y los costarricenses estrenarán presidente, pero la confianza en la capacidad del sistema democrático para repartir la riqueza y resolver los conflictos tiene un pronóstico reservado.

Joven, mujer y pobre: la víctima favorita del desempleo
Si bien el aumento del desempleo en Costa Rica ha sido generalizado en los últimos años, las víctimas favoritas de la falta de trabajo parecen tener un perfil muy claro: son las personas pobres, jóvenes y mujeres quienes más lo padecen.
Así lo revela el XIX Informe del Estado de la Nación, que muestra cómo la falta de trabajo tiene una tendencia creciente en el país en los últimos años, y que al igual que en el caso de la desigualdad, es un indicador que ha sufrido un alto deterioro desde inicios de la década de 1990.

En 1990 el desempleo abierto en Costa Rica era de un 4,5%, una década después alcanzó el 5,1% y para el año anterior se ubicó en 7,8%.

Sin embargo, la falta de empleo es un indicador mucho menos favorecedor cuando se trata de las mujeres, pues para el año anterior alcanzó el 10,2%, mientras que entre los hombres la cifra es de 6,2%.

Las mujeres también tienen que ser más pacientes a la hora de buscar un trabajo, pues el promedio de tiempo que les tomó ser empleadas ronda entre los tres y seis meses, en contraste con los tres meses o menos que deben esperar los varones para volver a trabajar.

El rol de género impuesto a las mujeres también se convierte en una gran limitante, pues el embarazo o el matrimonio se convierten en razones para perder su trabajo en el 11,4% de los casos, además de que ellas destinan más tiempo a realizar trabajos no remunerados que los hombres, lo que les limita a la hora de destinar horas a la búsqueda del empleo propio.

La carga sobre las mujeres en este aspecto es clara: destinan 27,5 horas a la semana a las labores del hogar (11,6 más que los hombres), mientras que en el cuido de niños, ancianos o personas con discapacidad entregan 34,4 horas (los hombres hacen solo 18,2 horas), según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

En el caso de la población entre los 15 y 24 años, su desempleo ronda el 17%, mientras que las personas que viven en pobreza (y quienes urgen más de un trabajo) son las que muestran el promedio de desempleo más alto, por encima del 21% (casi tres veces el promedio nacional).

Otras condiciones que muestran la falta de trabajo por encima del promedio son el vivir en regiones como la Chorotega o la Pacífico Central, así como el tener algún tipo de discapacidad; aunque el Estado de la Nación señala que en el caso de esta población, la gran mayoría ni siquiera forma parte de la fuerza de trabajo (66%).

La combinación de algunas de estas condiciones solo empeora las posibilidades de las personas de encontrar trabajo: las mujeres con edad entre los 15 y 24 años tienen casi cinco veces más posibilidad de estar desempleadas que un hombre adulto, e inclusive las  mujeres con edad entre los 25 y 35 años pueden tener 3,1 veces más posibilidad de no tener un trabajo en comparación con un hombre adulto.

Otro elemento que parece ser determinante en la posibilidad o no de encontrar trabajo es el hecho de tener la secundaria completa, ya que el 70% de las personas desempleadas no tienen en sus manos el bachillerato.