4 LA REPUBLICA. Lunes 22 de agosto de 1988 Cuándo y por qué la Auditoría General podrá intervenir a las financieras. Fin a ola de estafas con reformas bancarias. Lo que le interesa saber de esta ley al gran público Por Walter Hernández Valle (Redactor de la República)
UIENES defienden la banca privada manifiestan que es un paso hacia la consolidación de la banca mixta en el país, pero quienes defienden, a ultranza, la banca estatal, consideran que vulnera los principios sobre los que se asienta la banca nacionalizada.
El la vorágine de argumentaciones en pro y en contra de todas estas razones, ha quedado relegado uno de los aspectos más importantes que contempla este proyecto y que es el que, en la práctica, más interesa al ciudadano común, porque aun están a la vista los resultados de un drama nacional. qué va a pasar con las entidades financieras privadas. Cómo se evitará la repetición de la cadena de quiebras y desastres financieros que estremeció al país no hace mucho?
bancos, incluyendo al Banco Central de Costa Rica, sociedades financieras de carácter no bancario y demás entidades públicas o privadas, independientemente de su naturaleza jurídica, que operen habitualmente, en forma directa o indirecta, en actividades de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros o en la prestación de otros servicios bancarios.
Mediante otras disposiciones, se faculta a la Auditoria General de Entidades Financieras, a fiscalizar a las bolsas de comercio, las que, a su vez, tendrán potestad reglamentaria sobre sus concesionarias.
Entre las atribuciones que se le dan a la Auditoría General, para cumplir con sus fines, figuran, en primer término, las de fiscalizar el funcionamiento de todas las entidades bajo su ámbito de acción y hacer respetar el ordenamiento jurídico aplicable al sector financiero.
Pero, sin duda, la facultad más novedosa, en materia de fiscalización, que se otorga a la Auditoría General de Entidades Financieras, mediante dicho proyecto de ley, es la de poder solicitar a la junta directiva del Banco Central de Costa Rica, la intervención de cualquiera de los bancos o entidades privadas bajo su fiscalización.
Sobre esta facultad, se emitieron varias opiniones encontradas, en el seno de la Comisión Especial legislativa que dictamino el proyecto, en vista de que algunos sectores consideraron que podría prestarse a abusos de autoridad por parte de la Auditoría General, pero, finalmente, las discrepancias se fueron diluyendo y se acordó darle tan importante potestad al nuevo ente fiscalizador.
CONTROL TOTAL SANCIONES Sin duda, el Proyecto de Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República, concita, en estos momentos, la atención general del país, por diversas razones.
Algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, por ejemplo, urgen su aprobación, aduciendo que es un requisito previo para que el Banco Mundial otorgue a nuestro país otro préstamo de ajuste estructural.
El Banco Central, por su parte, reclama su aprobación porque viene a poner orden en todo el sistema financiero nacional.
La respuesta a estas y a otras interrogantes que, con justa razón, se plantean miles de ciudadanos, se encuentra en el Artículo del mencionado proyecto, que establece la creación de la Auditoría General de Entidades Financieras, que viene a sustituir a la actual Contraloría General de Bancos, entidad que, por la limitación de sus facultades, no pudo intervenir para evitar que miles de costarricenses resultaran perjudicados por maniobras dolosas de entidades financieras particulares Precisamente, el clamor que esto levantó en la opinión pública, fue el que dio origen a la elaboración del Proyecto de Modernización de nuestro sistema financiero.
La nueva Auditoría General se crea como órgano de desconcentración máxima adscrito al Banco Central, encargado de fiscalizar el funcionamiento de todos los La Auditoría General podrá también imponer las sanciones que correspondan a las entidades que incumplan las disposiciones legales a que están obligadas y, en particular, a las que dicte el Banco Central en materia monetaria, crediticia y cambiaria, en uso de sus facultades exclusivas.
Para evitar sucesos tan graves como los ocurridos no hace mucho tiempo, la Auditoría General podrá ordenar la suspensión inmediata de la propaganda o información publicitaria de cualquiera de las entidades bajo su fiscalización, o su decomiso, si corresponde, que la Auditoría considere engañosa o que haga afirmaciones que no son verídicas, o que presente datos o cifras falsas.
La Auditoria General podrá, también, en caso de reincidencia, por parte de alguna entidad financiera, en tales violaciones a la ley, revocarle la licencia para operar, sin perjuicio de las responsabilidades conforme a la legislación vigente.
De conformidad con las facultades que este proyecto de ley confiere a la Auditoría General de Entidades Financieras, no podrán operar todas aquellas personas que individualmente o en asocio de otras, se dediquen a la compra y venta de monedas extranjeras, en la via pública o en locales.
Esta actividad, por supuesto, está actualmente prohibida por la ley, pero, en adelante, será más duramente castigada y perseguida.
Lic. Rafael Díaz Arias: Como Auditor General de Bancos fue el más preocupado en que se fortaleciera el poder de ese organismo, para frenar la ola de estafas a los inversionistas.
he DRASTICAS MEDIDAS Con base en la experiencia de los hechos irregulares ocurridos el año pasado, con varias entidades financieras que estafaron a numerosos inversionistas, se ha dispuesto, en el citado proyecto de ley, que la Auditoría General de Entidades Financieras, podrá intervenir a una entidad financiera privada previa decisión del Banco Central cuando ésta, requerida en debida forma, se negare a someterse a una inspección, ya sea parcial o general, de sus libros u operaciones y cuando sus auditores, gerentes, subgerentes o auditores internos rehusaren prestar declaración sobre el estado y operaciones del establecimiento.
La resolución que ordena la intervención, conlleva la facultad de ordenar una reorganización de la entidad financiera o solicitar judicialmente su liquidación forzosa.
Estas son las principales medidas que contempla el Proyecto de Modernización del Sistema Bancario, en el ámbito de protección al pequeño, mediano y gran inversionista, que acude a entidades financieras privadas.
Miles de angustiados costarricenses, estafados por financieras privadas, tocaron a las puertas de la Asamblea Legislativa en busca de protección legal.
Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.