Jueves 12 de Mayo de 1994 LA REPUBLICA 17A Opinión Liberación Nacional y el nuevo gobierno y CHISPORROTEOS RODOLFO SOLANO ALBERTO CANAS En un reciente artículo, el Lic.
Fernando Soto Harrison nos ha enterado de un proyecto que tiene el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, que bien vale la pena apoyar.
Los medios indican que la cúpula del PLN acordó proponer al Dr. Manuel Aguilar Bonilla otorgándole la responsabilidad de presidir. el Partido. Magnífica decisión. Varias veces pensamos en él para candidato a la Presidencia de la República. Su clara inteligencia y su siempre buena disposición de servir al país y al partido lo califican ampliamente para el cargo. Resulta oportuno entonces meditar acerca del papel que debe jugar nuestro movimiento político en esta nueva etapa de la vida nacional.
Efectivamente y como lo manifestó José Ma. Figueres este será el primer gobierno post guerra fría, lo que significa enfrentar una diferente visión de las relaciones internacionales y en general del nuevo comportamiento de la sociedad universal que ya comienza a manifestarse.
Así lo indica la participación cada vez más frecuente de la fuerza militar internacional, los cascos azules, que si bien hasta ahora han mostrado una tímida acción frente al comportamiento bárbaro de instintos nacionalistas reprimidos bajo artificiosos diseños de países configurados a conveniencia de deleznables intereses imperiales permiten prever una recomposición no solamente de la geopolítica, ya seriamente alterada con la explosión de las URS, de Yugoslavia y de Checoslovaquia, sino de la lógica política misma, entendida esta como la distribución del poder, también en marcha con la superación de la segregación racial en Africa del Sur.
Por su parte, nuestros hermanos de Centroamérica se enrumban hacia estadios de paz, como ausencia de guerra. Solamente podrán consolidarse si sus élites se convencen de la imperiosa necesidad de proceder a realizar las reformas económicas sociales, que permitan a sus pueblos desenvolverse dentro de un marco mínimo de justicia. Sin duda que toda esta recomposición. surgida a la par del avance en los acuerdos comerciales que agotaron al GATT para dar paso al Acuerdo Mundial de Comercio, a la vez que denotan una preocupación más genuina por racionalizar el comportamiento humano, presenta en esta etapa de transición la necesidad de definir, con lineas más precisas y profundas, la naturaleza y esencia de los pueblos y naciones. No se trata de estandarizar o de robotizar a los seres humanos, sino de identificarlos en sus valores universales, pero destacando y respetando sus diferencias, surgidas estas del entorno y de la historia de cada pueblo. De tal manera que, de nuevo, el electorado nacional ha confiado el Gobierno de la República al ciudadano propuesto por un movimiento político, por un partido consolidado en la vigencia de sus fundadores y fundamentalmente por la expresión y sustento de ideas y comportamientos que nos ejemplifican, dentro de un esquema social demócrata, como nación civilizada y progresista. Partido el nuestro, que al confiar mejor el destino de la Patria a un pensamiento propio y respetuoso de nuestras particularidades que a generalizaciones surgidas de centros de poder hegemónico, debe enfrentar esta nueva realidad ofreciendo al Presidente de la República que lo será a partir del de mayo próximo, el apoyo necesario para gobernar, de nuevo con miras a seguir la permanente evolución de nuestra sociedad hacia metas de auténtica solidaridad humana, corrigiendo la tendencia actual de ofrecer vitrinas y no realidades.
De allí la gra. tarea que corresponde al Partido Liberación Nacional, que confiamos será presidido por un gran costarricense, un humanista como es el Dr. Manuel Aguilar a quien auguramos el mejor desempeño. Será un digno sucesor del Dr.
Carlos Manuel Castillo, quien con serenidad y sabiduría supo estabilizar y activar al Partido en su más azaroso periodo, afectado por la orfandad inmediata que padeció, al desaparecer los más connotados líderes que le habían dado vida, en particular su máximo inspirador don José Figueres. De nuevo el país se encuentra en manos de la visión social demócrata del acontecer nacional.
No se trata de cancelar el ridículo decreto que creó una condecoración para extranjeros (tontería de la que Costa Rica por seriedad, y modernidad se había salvado. con el único propósito de conseguir votos en la desesperada candidatura del más reciente Ministro, y que es una cancelación que muchos esperamos se produzca antes de que termine el mes de mayo, sino de otra cosa.
Se trata de sostener las relaciones diplomáticas con países que se nos perfilan como eventuales socios, clientes o proveedores de capital, pero con los cuales todavía esas relaciones no son muy activas, mediante Embajadores itinerantes en ellas acreditados, pero que no se establecen en ninguna de las sedes, con el consiguiente crecimiento burocrático sino que los visitan periódicamente estableciendo los nexos que esperamos fortalecer.
Flexibilizar y agilizar los procedimientos LIC. FERNANDO BERROCAL SOTO Estos embajadores, que ostentarían un alto nivel político, intelectual profesional o académico, podrían incluso residir en San José, y emprender desde aquí sus jiras, sirviendo además en distintos países.
La economía presupuestaria sería grande, y el mejoramiento que el plan permitiría en nuestros servicio diplomático, incalculable.
No son pocos los autores que, con toda franqueza, sostienen que el problema mayor de los sistemas judiciales, en América Latina, está en la sacralización de las formas y los procedimientos. Por esa vía, hemos creado verdaderas estructuras de hierro. Costa Rica no es una excepción.
Quienes actuamos profesionalmente en el sistema, sabemos que la instancia jurisdiccional civil, por ejemplo, está atascada, y que los jueces civiles, en un alto porcentaje, fundamentalmente están abocados a conocer y resolver sobre situaciones reguladas por el Código de Comercio y vinculadas y a la esfera de la actividad económica y financiera que, por su propia naturaleza, es extremadamente activa y dinámica.
Nuestros procedimientos en vía civil y la carga de trabajo de nuestras instancias jurisdiccionales no guardan en el presente relación con el nivel, la sofisticación y la dinámica del desarrollo nacional, ni con las exigencias empresariales y el criterio de eficiencia que es su norma distintiva. Qué hace, entonces, un empresario frente a un juicio que, por regla general, podría durar cinco o más años para resolverse? El problema no es de voluntad de los jueces. El problema está en el sistema.
Al respecto, en las últimas semanas, varios distinguidos colegas han escrito en la prensa nacional sobre la imperiosa necesidad de impulsar, como una alternativa de salida a la ineficiencia procesal del sistema judicial, esquemas de conciliación y arbitraje en materia comercial y laboral. La idea es realmente excelente. Urge flexibilizar y agilizar los procedimientos en Costa Rica. Sobre ello existe un pleno consenso en el Foro Nacional y la propia Corte Suprema de Justicia, en el presente, auspicia una solución de esta naturaleza. En esa misma línea de reflexión, a algunos abogados, estimulados por la importancia del tema y por lo sugestivo de las ideas que se están proponiendo, se nos ha ocurrido pensar que quizás esos nuevos esquemas alternativos, en el ámbito de la jurisdicción propiamente mercantil y también, incluso, en la materia laboral, antes que vincularse a centros particulares o comunitarios de arbitraje, podrían relacionarse directamente con una instancia de mayor rigor técnico jurídico y con el ejercicio privado de la abogacía. Me explico. Por qué no transformar a los profesionales en derecho en una especie de jueces auxiliares de la instancia jurisdiccional?
Con las regulaciones y los necesarios controles éticos y disciplinarios del Colegio de Abogados, incluyendo obviamente una adecuada póliza de garantía, quién mejor y más capacitado que un abogado con fe pública y cinco o más años de estuy dios universitarios, para dirimir, en una jurisdicción adecuada y vinculante, estos conflictos, reservando para la instancia jurisdiccional el recurso de apelación.
Esta sería una forma técnica y viable de privatizar un amplio segmento de los procedimientos, atacando de frente las inflexibilidades y rigideces del sistema y posibilitando, a la vez, la solución pronta y cumplida de las diferencias y conflictos en la actividad mercantil en general, acorde con la exigencia de los tiempos. También, hay que decirlo con toda franqueza, podría transformarse en una opción de trabajo especializado para muchos profesionales en derecho. la vez, si se remitiera a una esfera privada los juicios propios de la materia mercantil, como instancia primera y auxiliar del sistema judicial, la jurisdicción civil propiamente dicha se fortalecería en las áreas más esenciales de su competencia, como columna vertebral del régimen de derecho en Costa Rica.
La sociedad democrática no hubiera podido desarrollarse y consolidarse, como régimen de vida en libertad, sin el principio fundamental de que la administración de justicia debe ser un monopolio esencial del Estado. Ahora, a fines del siglo XX y obligados por el peso de la realidad social y económica, por una parte, así como de las limitaciones estructurales y de recursos del Poder Judicial, de lo que se trata es de encontrar formas imaginativas y esquemas efectivos para transformar el proceso arbitral que regula el Código Procesal Civil, en un sistema activo y un recurso realmente descongestionante del sistema judicial. El punto práctico a considerar, a mi juicio, es que si la normativa actual o las posibles nuevas disposiciones se mantienen como voluntarias y discrecionales, en nada hay bremos alcanzado ni uno ni otro objetivo. Así, al menos, nos lo señala la experiencia histórica. De ahí que privatizar un cierto ámbito de la actual jurisdicción procesal civil, e igual razonamiento cabe para la materia laboral, poniendo a actuar a los abogados como jueces auxiliares de conciliación y arbitraje, en una jurisdicción vinculante, a la vez que ofrecería parámetros aceptables de seguridad jurídica, tendría la ventaja adicional de ampliar, en forma sustancial, la base de la pirámide jurisdiccional en Costa Rica. Todo ello sin desconocer el principio esencial de control y monopolio de la administración de justicia que es y debe seguir siendo propio del Estado y en beneficio directo de la justicia, como principio fundamental de la sociedad democrática. Este es uno de los grandes retos que están planteados.
Los países que podrían ser atendidos en esa forma, serían por ejemplo, ciertos miembros o ex miembros de la Comunidad Británica de Naciones que por su lejanía geográfica no mantienen embajadas aquí, como Australia, Nueva Zelandia y la recientemente recuperada para la dignidad Unión Sudafricana.
Ciertos países árabes con potencial comercial para nosotros, como Marruecos, Túnez y Egipto los países europeos menores y los tigres económicos de Asia, aunque el más interesante. Hong Kong no podría ser atendido por un embajador dada su falta de soberanía, y requeriría un cónsul residente, fuera del plan.
Si este proyecto se pone en práctica con seriedad, y con sus caminos de acción bien definidos, podría ser una buena fuente de beneficios para Costa Rica.
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