17 de FRICA la opinión pública El día de noviembre de este año el señor Rafael Díaz, Auditor General de Entidades Financieras, presentó ante el Consejo de Gobierno un informe técnico sobre graves irregularidades ocurridas entre 1991 y 1992 en el Banco Nacional. Estas irregularidades ocurrieron en el manejo de créditos para el grupo empresarial La Gilda.
Ese informe cita irregularidades como pérdidas por más de mil trescientos millones de colones, mediante la concesión reiterada de créditos a pesar de la mala situación financiera de ese grupo económico, financiamiento con garantías débiles en muchos de sus créditos y un amplio historial negativo sobre disposición de garantías, aprobar créditos para cancelar otros en el marco de una situación económico financiera crítica en la cual se mostraba un endeudamiento de hasta treinta y tres veces su patrimonio y más de ochenta veces su capital social con garantías sobre eventuales cosechas y fianzas de personas que carecían de bienes inscritos.
Cita textual de ese informe es, 14. 25, La Junta Directiva, el Gerente General, y la Comisión Especial de Crédito adoptaron decisiones en clara contravención a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y a la propia normativa interna del Banco, utilizando como excusa para ello la difícil situación que presentaba el grupo, verbigracia, los porcentajes en que debían tomarse las garantías, entrega de giros contra inversiones realizadas en agricultura de arroz antes de la germinación y sin seguro de pregerminación, otorgamiento de líneas de crédito para cubrir faltantes de garantía. estas decisiones se adoptaron por las instancias dichas en clara contravención a los intereses del Banco.
Con base en ese informe el Auditor General pidió al Consejo iniciar el proceso administrativo con los directivos involucrados en la decisión.
Dada la gravedad de lo señalado por el informe y la presentación del señor auditor ante el Consejo, y y dentro del marco de lucha contra la corrupción en el ejercicio de la función pública, y de la modernización del sistema financiero, este Consejo decidió suspender temporalmente a los directores, y abrir el debido proceso. Se buscó con esta decisión, evitar la parálisis del Banco Nacional y lograr la transparencia del procedimiento.
El lunes 14 de noviembre el magistrado Eduardo Sancho acogió un recurso planteado por los directores suspendidos y ordenó al Consejo de Gobierno su restitución. Ante esta situación el Consejo de Gobierno del 16 de noviembre resolvió restituir a los directivos mencionados, no obstante que a su criterio sigue siendo inconveniente la presencia de estos cuatro directores en la Junta Directiva que tendrá que ejercer las sanciones disciplinarias a los funcionarios administrativos involucrados en los hechos, con lo que esas personas pasarían a ser juez y parte.
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