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Ministro de Hacienda: Transnacionales y grandes empresas pueden pedir apoyo público del Fondo de Avales 

Exbanquero Gerardo Corrales confronta declaraciones de BCCR y Hacienda: “No se trata de compañías transnacionales, nacionales, pequeñas, medianas o grandes, como se ha discutido acá, se trata de defender el empleo”

Tras las dos últimas sesiones de la Comisión de Hacendarios, los diputados que tramitan el proyecto que crearía un Fondo de Avales (22.144) tienen nueva información sobre la propuesta de Gobierno para beneficiar, con apoyo de dinero público, a empresas afectadas por menos facturación durante el COVID-19. El martes, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, confirmó en audiencia que el proyecto no está diseñado solamente para empresas pequeñas sin patrimonio, sino también transnacionales y grandes empresas.“No se está limitando a pequeñas y medianas empresas; también se le podría dar a una empresa grande que requiere un crédito porque lo que se está planteando es un programa de avales mucho más amplio”, señaló Villegas.Un día después, este miércoles, el exbanquero, economista y recién retirado precandidato presidencial, Gerardo Corrales, defendió el proyecto de ley con sus propias interpretaciones. Corrales asistió como asesor y vocero adjunto de tres cámaras empresariales: la Cámara Nacional de Turismo; la Cámara Costarricense de Hoteles y la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans).“No se trata de compañías transnacionales, nacionales, pequeñas, medianas o grandes, como se ha discutido acá, se trata de defender el empleo”, afirmó Corrales a la Comisión de Hacendarios.Durante el martes, fue el diputado de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, quien reclamó que los recursos públicos del Fondo de Avales “debería estar enfocado a las pequeñas y mediana empresas” porque transnacionales sin problemas económicos en su operación internacional podrían tener derecho a los avales ticos “porque no hay ninguna limitación”.Este Fondo  es una figura que funciona como una especie de seguro; de manera que es el dinero público el que financia el pago de intereses de las empresas durante determinado tiempo.Sobre este tema, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, explicó a los diputados que la mayoría de transnacionales tienen créditos fuera del sistema bancario nacional pero que “si alguna tuviera como práctica financiarse en el mercado doméstico y tiene operaciones importantes en el país, permitirle acceder a crédito en mejores condiciones sería una forma de proteger el empleo que está creando”. Cubero dijo que, en razón de ese empleo, “es importante que no se les excluya” del plan.El martes, los jerarcas del Ministerio de Hacienda como el Banco Central afirmaron que es necesario corregir el proyecto para que se haga un aporte de cinco tractos de ¢36.000 millones al año, en vez de un único aporte de ¢180.000 millones en un inicio.En la discusión de este miércoles, no obstante, el economista Gerardo Corrales contrarió el criterio de Hacienda y Banco Central sobre entregar los avales en tractos porque “el sector transporte y turismo no se puede esperar a tractos de 20% por año; porque la necesidad es hoy y que reestructuren hoy” los créditos.Esta afirmación fue respaldada por la directora ejecutiva de Canatrans, Silvia Bolaños, quien dijo a los diputados que “anticipamos quiebres masivos y despidos de miles de colaboradores” porque sus empresas no califican como pequeñas empresas (mipymes) y no tienen acceso a préstamos productivos blandos. Habló de malas experiencias con las líneas blandas que propuso el Gobierno desde el año pasado.“Teníamos esperanzas en los créditos de los ¢700.000 millones, pero lamentablemente las readecuaciones que se han hecho han sido insuficientes ante el exceso de cantidad de requisitos y exceso de garantías que se están solicitando”, describió Bolaños.Rubén Acón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, pidió para el proyecto  “que el nivel de cobertura sea al menos del 80%  (del total del crédito), que representantes del sector privado en el  Consejo Rector tengan el mismo número y que sean escogidos por Uccaep; y que el mínimo del 50% de los avales sea para sectores más afectados por pandemia, especialmente turismo”.En un intercambio con la oficialista Laura Guido, la diputada manifestó preocupación por el hecho de que pidan garantías a las empresas que solicitan los avales y dijo que hay empresas que cuentan con patrimonio.Corrales sostuvo que el proyecto es para empresas que tienen capacidad de pago; pero que “temporalmente no pueden seguir pagando la cuota normal que traía el crédito” por la disminución de ingresos producto de los cierres y restricciones del COVID-19.“El proyecto no va a servir para nuevos créditos, porque la demanda no está creciendo, no hay necesidad de capital de trabajo y nadie está invirtiendo. Lo que es urgentísimo es que los créditos actuales sean reestructurados a un plazo que permita pasar este bache de liquidez, pero que las compañías que se van a beneficiar demuestren que son solventes porque son recursos públicos los que van a constituir este aval”, afirmó Corrales.El economista aseguró que en el caso de turismo y transporte “propiedades, buses, todo está dado en garantías reales y no es posible dar más que esta alternativa que se pensó desde el año pasado”. Los bancos no están dispuestos a reestructurar créditos sin un incentivo.“Pensando en los colegas bancarios, ningún gerente de un banco, ningún gerente de crédito, va a ir a pararse a junta directiva, pública o privada, a decirle a sus accionistas o directores que aprueben esta reestructuración con las mismas garantías (que tenían antes de la pandemia). De ahí la importancia del aval”, afirmó Corrales, quien fue exgerente del banco privado Bac San José.Por su parte, la diputada Guido sostuvo que “de no tenerlas (las garantías), el proyecto tiene que aceptarlas”. La oficialista también defendió que el proyecto mantenga los tractos para entregar el dinero, en lugar de darlo todo en un único tracto. Asimismo, discutió a Corrales que este proyecto no se trata de reestructuración de créditos.“Lo que se requiere es que me reestructuren ese crédito actual, vigente, para que en un nuevo plazo, a largo plazo, con un periodo de gracia, yo no tenga que dedicar mi flujo para pagarle al banco sino que me sostenga el empleo. Con esos dos o tres años de gracia, una vez que se cumpla la recuperación de transporte y turismo, regresar a la cuota normal que tenía antes del COVID-19”, defendió Corrales.El economista y asesor de estos  sectores empresariales, afirmó que hay “comentarios de que queremos rescatar muertos, rescatar zombies” de créditos empresariales; pero dijo que los beneficiarios deberán demostrar su capacidad de pago anterior a la pandemia.

  • Natalia Díaz Zeledón
  • País
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