Si se cumplen las medidas propuestas por Costa Rica y pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del Acuerdo de Servicio Ampliado por unos $1.778 millones a lo largo de 36 meses, el desempleo bajaría al 9,0% en el 2026, según proyecciones de ese organismo internacional contenidas en el documento.Además, el Fondo espera que para el 2026 el país alcanzaría un superávit primario de 2,8%, un déficit global de -2,0% y una deuda de 71,9% del Producto Interno Bruto (PIB).En el caso del desempleo, el FMI estima que bajaría progresivamente del 19,9% en el 2020, al 16% en el 2021, al 14% en el 2022, al 12% en el 2023, al 10,5% en el 2024, al 9,5% en el 2025 y al 9,0% en el 2026.Esto ocurriría en escenarios en los que el PIB real (sin considerar la inflación) crecería -4,8% en el 2020, 2,6% en el 2021, 3,3% en el 2022, 3,1% en el 2023, 3,1% en el 2024, 3,2% en el 2025 y 3,3% en el 2026.Ante nuestra consulta, Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, aclaró que los datos sobre la progresiva disminución del desempleo hasta alcanzar el 9,0% en el 2026 son “una proyección independiente del FMI” y no un compromiso o meta específica pactada por el gobierno.Por su parte, una vocera del FMI confirmó a UNIVERSIDAD que “la proyección de la tasa de desempleo para 2026 incluida en el staff report (informe del equipo del FMI) es parte de las proyecciones macroeconómicas que ha realizado el equipo para Costa Rica y no es una meta del programa”.“Esta proyección también toma en cuenta el panorama externo, donde la economía global —y por ende la demanda externa de bienes y servicios de Costa Rica— continúa recuperándose junto con el despliegue de las vacunas”, dijo.Y aclaró que “las proyecciones macroeconómicas, incluida la previsión de la tasa de desempleo, son conservadoras en esta etapa, dada la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas y algunas de las medidas previstas en el programa, especialmente en el aspecto estructural, pueden generar un mayor rendimiento del crecimiento y empleo”.Antes de dar su voto favorable para el Acuerdo -el cual ahora espera la aprobación de la Asamblea Legislativa-, el Directorio Ejecutivo del FMI evaluó positivamente lo que el país ha realizado para afrontar la crisis fiscal, indica el documento.También elogió “la ambiciosa agenda macro-estructural de las autoridades para potenciar el crecimiento y abordar la desigualdad, incluyendo la promoción de la innovación y la digitalización”.En este sentido, dicen que “aumentar la formalización, notablemente por medio de una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, ayudará a producir mejoras de amplia base en la productividad y en la calidad de vida”.También “aplaudieron los esfuerzos pioneros para mejorar la resiliencia al cambio climático y la plena descarbonización de la economía, lo cual presenta tremendas oportunidades de nuevos empleos y desarrollo sostenible”.Entre los principales factores que han profundizado la desigualdad social en Costa Rica, según el FMI, se encuentra que las oportunidades en el mercado laboral están distribuidas desigualmente, especialmente para las mujeres y para quienes trabajan en la informalidad —en este caso, personas con baja escolaridad—.“Cerca del 40% del empleo continúa concentrado en el sector informal, con oportunidades limitadas para que las personas transiten hacia empleos más productivos que sean mejor pagados y con mejores condiciones laborales”, dice.Resalta que, a pesar de que las mujeres han alcanzado un mayor nivel de escolaridad, participación y sus oportunidades de trabajo, “son bajas en comparación con los países de la OCDE y de sus pares regionales”.Atribuye esa tasa “particularmente baja” de participación de las mujeres en el mercado de trabajo a la oferta limitada de servicios públicos de cuido infantil, “a pesar de que los esfuerzos para cerrar las brechas de género podrían impulsar significativamente el crecimiento económico”.La pérdida de riqueza por no cerrar las brechas por sexo en el mercado laboral es calculada por el organismo en un 20% del PIB.Afirma que también “una brecha salarial creciente entre el empleo formal y el informal ha resultado en una desigual distribución salarial”.“Las contribuciones mínimas a la seguridad social son desproporcionadamente altas para las personas que trabajan por salarios bajos y en trabajos de tiempo parcial y un complejo sistema de salarios mínimos desalientan la formalización y contribuyen a esta tendencia”, añade.Además, “un alto premio salarial para el funcionariado del sector público y las brechas en las dimensiones educativas terminan de exacerbar la desigualdad salarial”.El FMI resalta los esfuerzos del país “para reducir el desfase entre el desarrollo de destrezas y las demandas del mercado laboral” mediante la promoción “del entrenamiento dual —teórico y práctico— para atender la demanda de destrezas técnicas y apoyar las oportunidades de empleo”.“Las medidas para fortalecer la integración entre las universidades y las empresas también pueden potenciar la innovación y la transferencia de conocimiento al sector privado”, añade.Por otro lado, considera que la reforma del empleo público contribuirá a dar un curso sostenible a la planilla del Estado.“El ambicioso Proyecto de Empleo Público es un paso crítico para relanzar el sistema salarial altamente fragmentado del sector público y modernizar la administración estatal. La reforma también implicará una racionalización gradual de la planilla salarial entre el mediano y largo plazo, apoyando la implementación de la regla fiscal”, afirma.El Fondo menciona los esfuerzos que se realizan para mejorar la gobernanza e incrementar la transparencia en las empresas públicas.“Si bien las empresas costarricenses de energía no reciben transferencias del Gobierno Central, hay un amplio espacio para mejorar su eficiencia para apoyar la productividad del país, notablemente por medio de una reducción en los precios de la electricidad, los cuales se encuentran entre los más altos de la región”, afirma.Añade que los esfuerzos realizados “ya han llevado a importantes reducciones tarifarias en generación, distribución y transmisión, a enero del 2021”.El FMI prevé que la capacidad de Costa Rica de pagarle el préstamo “es adecuada”, pero que existen “riesgos elevados debido a la alta incertidumbre externa y doméstica” (ver el cuadro).El primero de esos riesgos, en el ámbito externo, catalogado como “altamente probable” y el cual tendría un “alto impacto”, es que se produzca un rebrote de la pandemia de COVID-19, que haya problemas con las vacunaciones y que esto produzca disturbios sociales.En contraste, si el panorama sanitario sigue mejorando, las inversiones y el crecimiento aumentarían en el mediano plazo.En lo doméstico, el riesgo es que las reformas buscadas no tengan el necesario apoyo político o que sean retardadas en su aplicación.Aunque el FMI espera que el acuerdo sea votado favorablemente sin mayores problemas, “los riesgos de su implementación permanecen significativos y finalmente dependen de la decisión de los legisladores para avanzar en el programa de reformas del país para asegurar la estabilidad macroeconómica, impulsar la confianza del mercado y apoyar una recuperación fuerte”, concluye. El documento del acuerdo con el FMI por $1.778 millones establece tres tipos de condiciones a cumplir por parte de Costa Rica: cuantitativas, de política monetaria y de naturaleza estructural.En lo cuantitativo, establece criterios de desempeño que deberán ser revisados a finales de julio y de diciembre del 2021 y metas que serán revisadas a finales de setiembre del 2021 y de marzo del 2022.Estas incluyen “pisos” para que las reservas netas del BCCR se mantengan sobre el 100% de la métrica elaborada para los países emergentes, a todo lo largo de los 36 meses del programa y para el balance primario del Gobierno Central. Ambas deben ser consistentes con la reforma fiscal del gobierno para dar sostenibilidad a la deuda.También da una flexibilidad adicional para aumentar el gasto relacionado a la pandemia de COVID-19 hasta en un 0,3% del PIB en el 2021 y prevé un objetivo indicativo para la deuda del Gobierno Central, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con las revisiones.En lo monetario, incluye una Cláusula de Consulta de la Política Monteria (CCPM) para alinear la condicionalidad con el marco de los objetivos de inflación del BCCR.Esto será monitoreado mediante una banda externa de consulta del rango meta de inflación del Programa Macroeconómico, que es de más o menos 3 puntos porcentuales (pp.) y de una banda interna de consulta de más o menos 1,5 pp.“Si la inflación desborda la banda externa, el BCCR consultará con el Directorio Ejecutivo del Fondo para discutir las razones de la desviación y la respuesta de política a seguir. Si la inflación pasa la banda interna, el BCCR consultará con el equipo del FMI”, explica.Por último, la condicionalidad estructural incluye medidas para mejorar la focalización y entrega del dinero de los programas de asistencia social, lo cual también abarca centralizar y digitalizar todos los sistemas de pagos de los programas sociales con el apoyo técnico del FMI; medidas para fortalecer la gobernanza y la transparencia de las empresas públicas, las cuales incluyen metas puntuales en la presentación de sus estados financieros, empezando con los ICE y otras dos empresas estatales, cuyos nombres no son mencionados.Además, reformas a la ley del BCCR para fortalecer su autonomía y gobernanza; la elaboración de una hoja de ruta para desarrollar infraestructura resiliente al cambio climático; y compromisos para resguardar la estabilidad financiera, así como para avanzar en la “ambiciosa agenda macro-estructural de las autoridades, en colaboración cercana con otros socios del desarrollo”.