ADIDAS SODI 16 LA REPUBLICA. Lunes 18 de Mayo de 1992 Editorial EDITORIAL APUNTES DE LALO La financiación pública de obras privadas COSTA RICA, HONDURAS PANAMA LANZAN SU OFENSIVA EN EUROPA NUEVAMENTE SE HA PUESTO EN EL TAPETE DE LA DISCUSION LA CONSTRUCCION DE PARTE DEL ESTADO, CON FONDOS PUBLICOS, DE OBRAS QUE BENEFICIARAN DIRECTAMENTE ACTIVIDADES EMPRESAS PRIVADAS. CONCRETAMENTE HA HABIDO, DURANTE EL ULTIMO AÑO, EL CUESTIONAMIENTO DE DOS PROYECTOS: EL CENTRO COMERCIAL DE ESCAZU EL DESARROLLO HOTELERO DE PLAYA TAMBOR.
lalo 92 e U m le e ge AL DIA Siempre entrabada di po E la si ai cu SAS Por más significativa que sea la mayoría que tenga el Gobierno en la Asamblea Legislativa, ésta siempre estará entrabada en sus labores de trámite expedito de los asuntos que le conciernen. de qu da es ti RODRIGO FOURNIER 461 sto ha sido una constante en nuestro Parlamento. El problema está, y lo reconocen los propios diputados, en ambos casos, varios ministros e instituciones estatales han estampado sus firmas en documentos, en los que expresamente se han comprometido a realizar obras de inversión pública, con el fin de que tales proyectos puedan llevarse a cabo.
Por su parte, es evidente que si el Estado no contribuye con la construcción de la infraestructura necesaria, zonas importantes del país no podrán desarrollarse, pues si la inversión tienen que hacerla los particulares, los respectivos proyectos dejarían de ser rentables.
Además, la construcción de infraestructura, tales como carreteras, tendido de líneas eléctricas, telefónicas, etc. son responsabilidades propias del Estado y que debe realizar en la medida de sus posibilidades fiscales.
Sin embargo, tampoco es posible utilizar al Estado y sus recurSOS con el fin de realizar proyectos particulares, de los que se beneficiarán apenas algunos pocos. Por esa vía se puede, fácilmente, entronizar la corrupción y que millonarios negocios privados se realicen con la utilización de fondos públicos.
En el caso concreto del Centro Comercial de Escazú existen aspectos que no han sido debidamente clarificados.
La correspondencia interna, emanada del propio MOPT, es clara en el sentido de que en la construcción de tales obras se utilizarán fondos de la Comisión Nacional de Emergencia. Este punto debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias, pues no es posible que se desvíen fondos públicos para beneficio de un pequeño puñado de particulares.
También se rumora que existen funcionarios públicos que se beneficiarán, directa o indirectamente, con la construcción de tales obras, lo cual también merece una investi a fondo, pues de ser ciertos tales rumores, estaríamos en las puertas de un auténtico caso de corrupción al más alto nivel.
La Contraloría General de la Re.
pública debería investigar este asunto sin dilaciones y, en caso de que encuentre anomalías, denunciarlas inmediatamente, además, paralizar, si fuere del caso, las obras que están en proceso de ejecución. Por otra parte, la Sala Constitucional de bería resolver, lo antes posible, un recurso de amparo planteado por el empresario Oscar Saborío, quien cuestionó la legalidad de lo actuado por los diferentes órganos del Gobierno en este caso. Solo de esa forma se podrá sa ber, a ciencia cierta, si las actuaciones del Gobierno fueron conformes La República Ana Cristina Dengo a derecho, como lo sostienen los funcionarios involucrados en el caso, o si, por el contrario, se dio una desviación de poder. En un Estado de Derecho, como el que vivimos, la legalidad de toda la actividad administrativa debe ser esclarecida, en última instancia, por los Tribunales de Justicia. Pero esa justicia debe ser pronta y no quedarse para las calendas griegas, pues si la resolución respectiva se posterga demasiado, una eventual sentencia estimatoria no cumpliría con el precepto constitucional de ser pronta y cumplida, pues ya la situación irregular se habría consolidado y la reparación del daño causado sería irreversible.
la SC vi er hi es ci 26 lo ese reglamento se le han hecho toda clase de reformas pues siempre, los legisladores han estado conscientes de sus defectos. Lo que pasa, es que a pesar de esas variantes que se le han introducido, no se ha podido desentrabar la Asamblea. Será entonces, un problema del reglamento. o. más bien de los propios diputados que buscan cualquier recurso para entorpecer su buena marcha. Qué es entonces, lo que se debe modificar para que lo que hemos dado en llamar primer poder de la República, funcione adecuadamente y conforme a los tiempos modernos?
Sabemos que los problemas que hoy vive nuestra Asamblea, también lo son de la mayoría de los parlamentos en el mundo. Serán entonces necesarias esas modificaciones, que pregonan muchos diputados, e incluso dirigentes políticos?
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