omingo 87 de Agosto de 1967 LA REPUBLIOA El monopolio estatal de la Banca es un atentado atentado contra la libertad Así lo demuestra la Asamblea Legislativa Reiteradamente la ANFE ha anunciado el peligro que el crédito bancario en poder del Estado significa para la libertad y para el respeto a las garantías individuales que son su expresión jurídica.
Muchas veces hemos señalado la posibilidad de que algún gobierno sin escrúpulos hiciera un uso indebido del monopolio oficial de la banca y pusiera en grave peligro la libertad de los ciudadanos y la propiedad privada de las empresas y negocios.
Si al poder político. dijimos con harta frecuencia, se suma el control y dirección del crédito y de los negocios bancarios, existe la amenaza permanente de que las garantías individuales queden cualquier día en situación precaria.
Pero nos quedamos cortos. La Asamblea Legislativa ha cometido un atropello moral que traerá muy serias consecuencias para las personas y para las empresas y que demuestra la razón que siempre hemos tenido al señalar el peligro que ahora pasó a la categoría de hecho muy grave.
En la sesión del viernes 18 de agosto la Asamblea aprobó la siguiente moción. Para que la Asamblea Legislativa integre una Comisión Especial que determine en el Sistema Bancario Nacional una lista completa de las personas jurídicas y físicas que tengan a su cargo créditos congelados, o acogidas a la Ley de Adecuaciones, o que aparezcan como fiadores de los mismos en los bancos del Sistema Bancario Nacional. Asimismo, estudiará esa Comisión el monto y el número de las llamadas operaciones en cadena por un monto superior a 30. 000. 00, entendiendo por tales las que hayan sido constituidas en un banco para arreglar, cancelar o adecuar operaciones hechas en otro banco. Los bancos del Sistema Bancario Nacional deberán dar a la comisión la lista correspondiente señalando los nombres de las personas jurídicas y físicas deudoras o fiadoras e indicando el estado en que se encuentra cada obligación. La Comisión la integrará el Directorio de la Asamblea.
En adelante, la investigación serviría para discutir públicamente lo que en todas partes del mundo, con excepción de Costa Rica, pertenece a la vida privada de las personas.
Contra todos los deudores caería el rigor de la crítica maliciosa y sus negocios y patrimonios serían puestos en la picota pública.
Se nos dirá que esto ya ha ocurrido en algunos casos y que por eso se considera justo generalizarlo. lo cual contestamos que es condenable que haya ocurrido y que lo condenable no debe generalizarse. Antes bien, debe evitarse.
Lo grave es que, eso condenable que no debió de haber ocurrido nunca, está como un peligro permanente en la esencia misma del sistema. Es una consecuencia lógica porque, como los bancos son del Estado y los depósitos son de todo el público según se ha dicho todos se sienten autorizados para investigar y hacer escándalo sobre las operaciones de una persona, con cualquier fin, político o personal. Si los bancos fueran privados, a nadie le importarían los negocios que puedan existir entre esos bancos y los individuos. ahora la Asamblea Legislativa, al aprobar la moción para generalizar el mal, interpretó que la Constitución Política la faculta para hacerlo, de acuerdo con el inciso 23 del Artículo 121, que permite a una Comisión especial investigar todo lo que desee en las dependencias públicas. Como en Costa Rica los bancos son dependencias públicas, lo que es un atropello moral pareciera que no es un atropello legal. Este es el quid del asunto. Esto es lo que demuestra, repetimos, que el sistema es malo en esencia porque da lugar a que se pretenda irrespetar las garantías individuales.
Por eso consideramos que ésta es la prueba más contundente del atentado contra la libertad que es el monopolio estatal de la banca, Sin embargo, creemos que los directores de los bancos habrán de agotar todos los recursos a su alcance para proteger la confidencialidad de los asuntos privados de sus clientes. Con ello podrán contribuir a que sea la Corte Suprema de Justicia la que defina si un atropello de esta naturaleza es constitucionalmente posible en Costa Rica.
El propio fanatismo ciego que han mostrado quienes han hecho del monopolio estatal un dogma, ha sido el sostén de esta sinrazón. Pero ese mismo fanatismo contra el cual las razones no han sido oídas será es hoy ya, el medio más eficaz de la liquidación del sistema.
Aunque este resultado final será bueno, protestamos enérgicamente por el precio que habrá de pagarse por él.
Esta es, sin duda, una situación que ha venido a servir, mejor que todo cuanto se ha dicho, para demostrar por qué la cuestión de la banca privada es una cuestión de libertad y de principio de mocrático, y por qué la banca estatal es un principio totalitario.
Así, pues, los negocios privados de todos los que hayan hecho uso del crédito bancario y estén atrasados en estos momentos serán sometidos a la investigación pública de un cuerpo eminentemente político e interpretados al calor de los sentimientos o devociones de cada diputado. Ni siquiera los fiadores quedarán en reserva. La confidencialidad de las operaciones bancarias se da como letra muerta, lo mismo que el secreto de los negocios particulares de todo aquel que hubiera tocado las puertas de un banco y no haya podido cumplir religiosamente con sus compromisos. La situación de todos los deudores quedará expuesta, necesariamente, al recelo de los acreedores particulares, a las suspicacias del público y a los ataques políticos Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.