LA REPUBLICA, Jueves 14 de abril de 1977 Costa Rica: estado social de derecho (Ponencia del autor en el Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Político y Constitucional, celebrado en México, en 1976)
Lic. Eduardo Ortiz. IPara describir y analizar nuestro régimen de gobierno, conviene tomar en cuenta que se trata de una condensación de valores y preferencias en lo social y en lo histórico, sin los cuales nada adquiere sentido político.
En tanto que valores, son puntos de referencia de una elección individual del prócer o del gobernante, frecuentemente explicable por su personalidad más que por el medio ambiente. El genio individual juega casi tanto como la sicologia colectiva en nuestra historia politica y es especialmente determinante de las múltiples diferencias que esta última enseña frente a las de los otros pueblos centroamericanos. Expliquemos cuáles son esos valores.
Legalidad, paz e igualdad, y legalidad el primero y fundamental, aunque no el supremo. Se trata más bien de una urgencia de normalidad, como ingrediente de la buena disposición para el trabajo y para la convivencia diaria, sin el cual no habría para el costarricense cordialidad ni civilidad posibles. así como un ilustre autor ha hablado en general del sentimiento constitucional. bien podría hablarse, en cuanto a Costa Rica y a los costarricenses, de un sentimiento de la legalidad. modo de sentir y reaccionar con apego y familiaridad frente a la ley, incorporado a la sicología de un pueblo. No es que el costarricense crea siempre justa la ley, sino que cree siempre peor o más injusta la solución opuesta, consistente en la violencia o en la arbitrariedad personal.
Cuando nos llegó la nueva de nuestra independencia de España, en Octubre de 1821, apenas hubo tiempo para concertar el estatuto del nuevo régimen y escasamente dos meses después, empujados por la prisa de asegurar la normalidad, los costarricenses se habían dado ya. a través de la respectiva Constituyente. su primera Constitución, que simbólicamente llamaron el Pacto de Concordia, el de diciembre de 1821.
Detrás de ese amor por la legalidad late un deseo intenso de paz social, que frecuentemente toma el cariz de las abdicaciones, sin serlo.
El costarricense entiende que casi toda diferencia es transable y su capacidad para el compromiso parece inagotable. nuevamente no se trata de un impulso ciego. sino de una estrategia fundada en una clara jerarquía de valores: la guerra es la liquidación de todo y a ella sólo se puede y se debe llegar para salvar lo más sagrado, de la persona o de la República. El costarricense es capaz de muchas renuncias antes de la violencia, como también la historia lo demuestra de muchas violencias antes de la última renuncia, la que pone en juego su vida, su libertad o su propiedad, y esto último con tanto énfasis como lo primero. Cuando, en 1834. Cartago disputaba a San José la recuperación de la capitalidad de la República, que finalmente no logró, los dos bandos llegaron a un pacto extremo (aunque inoperante) para evitar la guerra, que fue circular la capital por cuatrienios en cada una de las cuatro mas importantes ciudades de entonces. esto se llamó la Ley de la Ambulancia, por lo ambulatorio del intento politico, más que de la capital. más recientemente, cuando ya había madurado nuestra nacionalidad y nuestra institucionalidad, se dio un pacto imposible fuera de Costa Rica, entre el Partido Comunista y la Iglesia Católica.
según el cual, para unirse ambos con el Gobierno del Dr.
Rafael Angel Calderón Guardia en la lucha por la consolidación de las Garantias Sociales y la creación de un Código de Trabajo, aquel Partido se disolvería, cambiaría su nombre por el de Vanguardia Popular y apoyaría los programas del Gobierno fundados en las Encíclicas Papales sobre la cuestión social. a cambio de la amistad de la Iglesia y del Clero, todo lo cual fue no sólo firmado sino también (religiosa o marxistamente)
cumplido. Esto ocurrió en 1943. Amor por las transacciones, que es también amigo de la tolerancia y de la persuasión, como únicos métodos correctos de lucha politica.
Todo lo cual es incompatible con las grandes distancias sociales y proclive a la igualdad en todos los órdenes. Más que una aspiración contra el mejor o más rico, nuestro deseo de igualdad es una pasión individual y generalizada por el mejoramiento económico de cada uno, casi diríase la codicia elevada a rasgo nacional del costarricense. quien, por otra parte, importan cada vez menos los valores morales y le es cada vez más grata la compañía del bienestar o de la riqueza materiales, quizás por el aguzado sentido del placer propio de todos los codiciosos. Al costarricense se le antoja más fácil la igualdad en el tener que en el ser y no es tan ambicioso en punto a virtudes, que más bien le son poco dilectas.
Amamos tanto la igualdad que todos queremos sur propietarios, aunque, por otro lado, odiemos la heroicidad y la excelencia, que sospechamos, sin reconocerlo, como las únicas formas legítimas de desigualdad, de imposible o muy difícil participación. queremos a tal punto ser iguales en el tener que la propiedad y el consumo son verdaderas e irracionales aficiones del costarricense, tanto como símbolos ambicionados de felicidad individual y de status social. Esta desmedida inclinación por el patrimonio y sus goces parece bien explicable como complejo de pobre, que se sabe no es propio de quien fue rico en su infancia, aunque llegue a no pudiente después. Veremos que la miseria fue la más tenaz y deprimente compañera de nuestra vida colonial toda y de gran parte de nuestra primera Independencia, y que la falta de riqueza natural sigue siendo uno de los mayores, si no el principal, problema de nuestra economía tanto como de nuestra politica. Para alcanzar esa igualdad en el tener, y más allá todavía, esa capacidad irracional de consumo, con tan poco que repartir, el costarricense y su Estado han sido siempre. como suele decirse ahora. desarrollistas. El costarricense sabe que la igualdad y la libertad, y, sobre todo, la propiedad, que empiezan de la mano, terminan de las grenas: la igualdad siempre ha sido en Costa Rica el enemigo común de las otras dos. Buen conocedor de ello, el costarricense ha aceptado siempre con facilidad la intervención conformadora del Estado y éste ha procurado al máximo el desarrollo de sus derechos y capacidades. Este desarrollismo estatal precoz ha tenido en Costa Rica tres típicas manifestaciones: fue político en la época del Estado gendarme, educacional en los albores del Estado árbitro (y no parte en los conflictos colectivos) y económico en las visperas del Estado empresario Las Constituciones de Costa Rica han tenido siempre una parte dogmática muy generosa con el individuo y sus libertades. y nuestro ordenamiento ha perfeccionado lenta, pero sostenidamente, una maquinaria electoral de excepcional eficiencia para asegurar una auténtica representación popular. Costa Rica ha emprendido temprana y masivamente sus campañas de alfabetización y de extensión en todos los niveles de la enseñanza y ello se refleja no sólo en su bajo índice comparativo de analfabetismo, sino igualmente en sus altos indices de población estudiantil en todos los otros niveles educativos y, hoy en día, en el propiamente universitario. Costa Rica ha fundado empresas públicas pioneras en Centro y Latinoamérica, que abrieron los ojos al Estado sobre la posibilidad de pasar al monopolio o a la competencia con el particular, en campos antes estrictamente comerciales o industriales, hasta entonces vedados a el. Dios mío! que alharaca se ha desatado en nombre de una autonomia universitaria que nunca fue puesta en duda y apoyamos como nadie. Los que vociferan, los que denigran a los profesionales honestos que respetan nuestras leyes, y que son la gran mayoría, han querido encontrar en la autonomia universitaria, un caballo de batalla, para escudarse y defender la causa perdida de unos pocos, ya que las leyes nacionales les valen un bledo.
El Colegio de Licenciados y Profesores ante la autonomía universitaria formas, de adecuar el caso de dichos profesores. los valiosos lógicamente con las disposiciones de nuestro Reglamento. Es bien sabido, que el profesor extranjero relevante, distinguido, en especialidades que no tenemos, no significan un peligro para el empleo de los profesores nacionales. Pero, las autoridades universitarias, amparadas en un concepto equivocado de autonomía, disponen, en un afán de perjudicar a los costarricenses que ahi se graduaron, aprobar un Reglamento, que busca en forma evidente y alarmante, legalizar la situación de todos los extranjeros, sin tomar en cuenta nuestras denuncias. Ha sido una maniobra desleal, que debe y será dilucidada ante los Tribunales de la República, porque es el único camino que nos queda al Colegio para defender a nuestros miembros ante tan insólita actitud. Ese Reglamento es la solución unilateral del problema, que favorece exclusivamente a los extranjeros, y atenta contra los nacionales. volvemos a ocuparnos de este tema, porque la ciudadanía en general necesita una explicación objetiva de nuestra posición así como los miles de Colegiados que confiaron en nosotros, cuando aceptamos defender la Ley y los reglamentos de nuestra Corporación, porque ello conlleva la protección del profesional nacional responsable.
Si la autonomía universitaria sig.
nificara, irrespeto a las leyes costarricenses, que norman la vida de los Colegios Prolesionales, entonces estariamos de acuerdo con nuestros detractores. LamenTablemente, para ellos, autonomía universitaria significa, un verdadero respeto por las Leyes del Pais.
Ya lo expresé antes, ningún Reglamento adicional era necesario, sólo era indispensable, analizar de comun acuerdo, caso por caso, según bases originadas en la excelencia académica, y la escasez de profesionales nacionales, en especialidades de terminadas. Después, para las futuras contrataciones, se tendrían normas generales similares a las anteriores.
Además. qué argumentarian, cuando la Contraloria General de la República no aprueba el presupuesto anual ordinario de una universidad, porque no está elaborado conforme a las leyes de la República?
También, que argumentarian si la misma Contraloria les llama la atención a las universidades y las censura por parácticas irregulares en la aplicación del presupuesto universitario? Nada, no dirian absolutamente nada. Pues las leyes de la República están por sobre las disposiciones internas de las Universidades. Las Universidades son autónomas en cuanto no violen las leyes del país. Si la Ley del Colegio de Licenciados y Profesores es inconstitucional, por qué en 1972 no fue El Colegio de Licenciados y Profesores está consciente del problema, y a pesar de que nuestra Ley no contempla el ejercicio profesional de los extranjeros, como si aparece en las leyes de otros colegios profesionales, nuestro Colegio aprobó un Reglamento que si lo permite, con algunas condiciones naturalmente. ante esta actitud abierta de nuestra Corporación ¿porqué hemos reaccionado en estos momentos, como lo debimos haberlo hecho mucho antes? Por qué muchos funcionarios universitarios con cargos de jefatura han abusado en el nombramiento de profesores extranjeros, debido a que ningún Consejo Universitario a regulado las condiciones académicas que debe reunir un profesor invitado, y no ha determinado también las necesidades reales en cuanto a especialidades, que justifican la contratación de un profesor extranjero.
Si las universidades, reconociendo que profesores extranjeros estaban violando las leyes de la República a consecuencia de sus propios errores al contratarlos, nosotros en amplio diálogo hubiésemos propuesto Guillermo Molina Guzmán Para finalizar, y velando por los intereses nacionales, que es el fin y motivo de existir de los Colegios Profesionales, exhorto a las autoridades universitarias a que reconsideren su actitud, a fin de evitar al deterioro del prestigio universitario ante los Tribunales de Justicia y la opinión pública, y como respuesta a mi llamado, deberian sacar a concurso público las plazas ocupadas por los extranjeros, y si verdaderamente no existen costarricenses para desempeñar esas cátedras, yo como Fiscal del Colegio apoyaría a las universidades ante nuestros miembros disconformes.
atacada y puesta en evidencia su ilegitimidad? No es, sino en 1977, que la Ley es in humana y atenta contra la autonomia universitaria porque algunos profesores universitarios quieren proteger a un grupo de extranjeros que están violando nuestras leyes. Esa es la realidad.
Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.