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LA REPUBLICA, martes 16 de mayo de 1978 PENTAGRAMA EDITORIAL Una puñalada al proceso penal El Instituto Agropecuario de Siquirres no tiene laboratorio, ni porquerizas, ni viveros, ni granja avicola, ni forma alguna de hacer investigaciones botánicas o pecuarias, según lo dice un nutrido grupo de sus profesores.
En cambio, si hay alli intrigas, comadrazgos, persecuciones, o caprichos y dádivas que se reparten, según el caso, entre el grupo de los escogidos y el grupo de los indeseables.
Nombre para un Instituto Técnico: El serpentario.
El dia que se haga una evaluación en serio de la calidad de los centros de enseñanza que operan en el pais, nos vamos a llevar una sorpresa muy desagradable.
Titulo para un estudio de evaluación de enseñanza: La vaina vacia.
La escasez de agua en las poblaciones de la Meseta Central se agudiza cada dia más y, aparentemente, mientras no se regularicen las lluvias el problema no tiene solución.
Sugerencia para el Presidente Carazo: Nombrar a San Pedro como presidente ejecutivo de y Una ley, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en octubre del año pasado, pero que se mantuvo oculta en las sombras hasta ayer, fecha en la que circuló el Alcance a La Gaceta número 89, viene a asestar una puñalada al procedimiento penal recientemente iniciado, y cuyo resultado práctico es que los juicios que anteriormente duraban entre diez y doce años, ahora se tramitan en tan sólo ocho o diez meses.
La Ley 6122 desquicia total mente todo el sistema procesal penal al quitar de las manos del Estado el monopolio de las acciones penales en los delitos públicos, para volver a poner esa acción en las manos particulares de los ofendidos, con lo que se marca un retroceso centenario en el avance que el país había logrado en los procedimientos judiciales represivos.
El artículo 5º del nuevo Código de Procedimientos Penales, que ahora ha caído hecho añicos por una ley que tiene todos los visos de ser inconstitucional, establecía que La acción penal pública será ejercida exclusivamente por el Ministerio Público, el que deberá iniciarla de oficio. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, salvo expresa disposición legal en contrario.
Sobre ese principio fundamental, se montó todo el andamiaje del Ministerio Público, del Organismo de Investigación Judicial, de la Defensa Pública, del Juicio Oral, de los términos perentorios para el procedimiento, todo lo cual cae ahora derrumbado al embate de una reforma inconsulta e impremeditada.
La nueva disposición que publicó ayer, y que rige desde su publicación, modifica el citado artículo 5º en los siguientes términos: La acción penal pública será ejercida por el ofendido o causahabiente y por el Ministerio Público. Este último podrá iniciarla de oficio. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar, salvo disposición legal en contrario. Claro que la nueva norma no indica cómo deberá el particular requerir la instrucción de un proceso; ni cuáles recursos puede ejercer el ofendido; ni en qué consistirá su intervención en la instrucción o en el juicio. Además, la acción penal de oficio, la deja como facultad del Ministerio Público y no como obligación ineludible de ese Cuerpo que debe velar por la seguridad de los ciudadanos.
Lo grave es que la reforma al artículo 5º del Código de Procedimientos Penales, la tramitó la Asamblea Legislativa pasada a pesar de que había recibido una nota del Centro de Estudios Jurídicos Francis.
co Chaverri. que es un órgano oficial del Colegio de Abogados y en cuyo seno figuran representantes muy distinguidos del Poder Judicial, indicandole que sería puesta en sus manos una revisión completa del Código que norma el proceso penal, lo que efectivamente hizo esa Comisión.
No sólo ignoró la Asamblea Legislativa la indicación del Colegio de Abogados a través de su Centro de Estudios Jurídicos, sino que también, aparentemente, se brincó a la torera el artículo 167 de la Constitución Política, que ordena que Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea.
La Asamblea, según se nos informa, no consultó a la Corte y no aprobó el proyecto de ley por las dos terceras partes de sus integrantes, lo que puede hacer inconstitucional la reforma que rompe un sistema procesal penal del que el pais venia cosechando los mejores frutos.
Otra sugerencia para el Presidente Carazo: Nombrar ala Virgen de la Cueva como Gerente en la misma institución.
Tercera sugerencia para el Presidente Carazo: Impedir, a como haya lugar, que se siga deforestando La Hondura, en el caso de que no le acepten ni San Pedro ni la Virgen de la Cueva.
La Asamblea Legislativa anunció que entrar en la tercera semana de debate político, precisamente al iniciar la tercera semana de vida desde su instalación.
Ya va siendo hora de que la Cámara alterne y, de vez en cuando, tramite algún proyecto de ley, se Una de las consecuencias de que fueran levantados los policías dor midos, es que se pudo restablecer la costumbre, muy antigua, de la Misa de Tropa en la Catedral Metropolitana.
Se iniciaron en la Casa Amarilla, unos cursillos especiales para los nuevos representantes diplomáticos.
SITUACIÓN ACTUAL DEL UNO POR AQUÍ, OTRO POR ALLA.
BANCO OBRERO MEJOR VEMOS COMO ESTA TODO ESO POR DENTRO El programa de los estudios es altamente significativo: Derecho Internacional Público y Privado: El Convenio Mundial del Café: EL Convenio sobre el Azúcar; Régimen de Exportación de Carnes: El Mercado del Banano: Necesidades Mundiales sobre Algodón; El Tra tado Común Centroamericano, los futuros diplomáticos que asisten al cursillo, se les dará un titulo JUNTA DIRECTIVA Nombre para un titulo: Embajador con los pies en la tierra.
lal 78 Los comunistas perdieron sensiblemente fuerza en las elecciones que se celebraron en Italia. El asesinato de Moro tuvo indudable influencia en ese resultado electoral.
El repudio es la única respuesta mundial al terrorismo.
Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

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